* La ley contra el crimen organizado posibilitó la medida
Copia de Colombia, el modelo que otorga al Ejército tareas policiacas
Juan Manuel Venegas * La incursión de elementos del Ejército Mexicano en tareas policiacas a nivel federal y estatal coincidió con la creación en México de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aprobada en 1997 por el Congreso de la Unión para "enfrentar con mejores herramientas" la creciente penetra- ción del narcotráfico en las distintas esferas del país, y su ramificación hacía otros ilícitos. El actual modelo contra el crimen organizado y la participación de los militares en su aplicación resulta semejante a la experiencia de Colombia.
En la confección de la nueva ley ųbajo la responsabilidad del ex procurador de la República, Antonio Lozano Graciaų, se tomaron en cuenta las experiencias y "recomendaciones" de gobiernos de otros países que ya contaban con ese tipo de ordenamientos legales, que autorizan la intervención y el espionaje telefónicos, el pago y protección de testigos y la infiltración oficial en las organizaciones criminales, entre otras medidas
Funcionarios de la PGR y asesores de Lozano viajaron con ese fin a Francia, España, Colombia y Estados Unidos. De todos, pero sobre todo de Colombia (se informó entonces), se recogieron experiencias que se aplicarían a la realidad mexicana. Y así ocurrió al paso del tiempo. Aprobada la ley en México, y con la llegada de Jorge Madrazo Cuéllar (Lozano fue destituido el 2 de diciembre de 1996) a la PGR, el diseño de estrategias y acciones contra el crimen organizado quedó bajo la responsabilidad de tres generales del Ejército Mexicano.
En el país sudamericano la tarea policiaca contra la delincuencia está, de igual forma, dentro de la tutela militar.
Resulta así que los intentos del gobierno mexicano por ceder a las fuerzas castrenses facultades y atribuciones en tareas policiales no son nuevos, comenzaron desde que surgió la iniciativa de crear la ley contra la delincuencia organizada, a principios de 1995.
La mayor experiencia al respecto ocurrió a principios de 1997 cuando, recién llegado a la PGR, Madrazo Cuéllar cedió el mando del combate al narcotráfico y las áreas de inteligencia a tres generales de las Fuerzas Armadas. Esta decisión terminó en escándalo, con la aprehensión del general Jesús Gutiérrez Rebollo por sus nexos con el crimen organizado.
Antes, en el estado de Chihuahua, los soldados fueron encargados de las tareas policiacas mediante un convenio entre el gobierno de la entidad (del panista Francisco Barrio Terrazas), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la PGR, cuando todavía era dirigida por Lozano Gracia, también de Acción Nacional.
Aquel ensayo se prolongó durante nueve meses (entre finales de 1995 y principios de 1996), tiempo en el cual los militares coordinaron todas las acciones de investigación y lucha contra las organizaciones criminales locales y los cárteles de la droga con influencia en esa entidad. Al terminar la vigencia del convenio, las tres instancias determinaron no renovarlo, ante el fracaso de la medida. Lozano y Barrio Terrazas calificaron de "inoportuna" y de "pocos resultados" la incursión de las fuerzas castrenses en tareas policiacas.
Otra participación del Ejército, fallida y criticada por los organismos de derechos humanos, se dio entre 1996 y 1997 en el Distrito Federal, cuando el entonces regente Oscar Espinosa Villarreal decidió sustituir a policías de la Secretaría de Protección y Vialidad por soldados. El mando de la Secretaría de Seguridad Pública quedó a cargo del general Enrique Salgado Cordero, en tanto que de la Policía Judicial capitalina se hizo cargo otro general: Luis Roberto Gutiérrez Flores.
A nivel federal, apenas fue nombrado procurador de la República, Madrazo Cuéllar dejó la responsabilidad absoluta de la lucha contra el narcotráfico a los militares. Los generales Guillermo Alvarez Nara y Tito Valencia Ortiz asumieron la titularidad de la Policía Judicial Federal (PJF) y del Centro Nacional para el Control de Drogas (Cendro), respectivamente. Gutiérrez Rebollo fue designado comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).
Este último tomó posesión del cargo el 5 de diciembre de 1996, y tres meses después fue enviado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, acusado de fomento al narcotráfico, al brindar protección al jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes.
Alvarez Nara y Valencia Ortiz se mantienen en sus puestos. El primero, con el control de la PJF en las tareas operativas y el segundo, dirigiendo el Cendro, que representa las áreas de investigación e inteligencia de la policía federal mexicana.
Madrazo no sólo dejó los cargos de primer nivel a los militares. En mayo de 1997, tras determinar la desaparición del INCD ("bajo una deplorable injerencia del crimen organizado", acusó), informó de la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS).
Un civil, Mariano Herrán Salvatti, asumió la titularidad de la nueva fiscalía. Sin embargo, al paso de los meses que siguieron a su creación, fue dominada por militares quienes llegaron a sustituir a los agentes federales que fueron despedidos, unos por su presunta responsabilidad en actos de corrupción, la mayoría por no aprobar los exámenes que, por ley, ahora se aplican a quienes desean ingresar a la FEADS.
La influencia castrense en la procuraduría llegó al extremo de designar el 9 de mayo de 1997 al general brigadier Martín Ramírez Costales director del periódico Momento, de circulación en San Luis Potosí y Zacatecas, que había sido decomisado en 1988, luego de que el propietario, Ramón Cervantes Varastegui, fuera detenido acusado de presuntos nexos con el narco.