Cada semana los periódicos nos "revelan" cosas que ya sabíamos. La última se nos ha confirmado que se debió a la irresponsabilidad del gobierno el colapso bancario que nos costará 81 mil millones de dólares. Trescientos millones de dólares de dinero negro fueron trasladados en 1994 para apoyar la campaña del PRI. En los desfalcos del Fobaproa hay numerosos personajes de la nomenclatura aliados firmemente al gobierno. Ninguna novedad. La corrupción en México. Resulta proverbial. A nadie le puede sorprender que el gobierno intente rescatar al sistema bancario, ese es su deber. A nadie le asombra la corrupción en México. Es autoevidente. Lo que irrita es la impunidad.

Los funcionarios que han ocasionado daños tan graves a México (como aumentar la deuda externa hasta que llegue a la fantástica suma de 200 mil millones de dólares) no sólo no han sido investigados. Están en sus puestos y muy probablemente van a seguir en puestos claves si el PRI gana las elecciones en el año 2000.

Causas de la impunidad: Voy a concentrarme en sólo dos. 1) La ausencia de un sistema efectivo para la exigibilidad y rendición de cuentas. 2) Un rasgo cultural: el poder se ejerce en México en forma rapaz.

La Secretaría de Contraloría está equipada técnica y administrativamente para vigilar el ejercicio del gasto y la gestión gubernamental, pero depende directamente del Presidente, lo cual la incapacita políticamente en su función.

La Contaduría Mayor de Hacienda, que es la dependencia del Poder Legislativo controlada por una comisión en el seno de la Cámara de Diputados, ha resultado hasta hoy incapaz, ya no de perseguir, sino ni siquiera de moderar los abusos. Su titular es designado por la Cámara, controlada hoy por la oposición. La Contaduría carece de autonomía política. Está sujeta al rejuego de los partidos y de sus intereses.

Nada garantiza la transparencia de los procesos de toma de decisiones gubernamentales, pues son secretos, no pueden ser escrutados libremente por la opinión pública y por los ciudadanos. Los documentos en los que constan no están al alcance del público.

Algunos asuntos deberían de ser considerados como confidenciales, pero éstos deberían ser la excepción y no la regla. La confidencialidad debería tener límites precisos del tiempo y vencidos éstos se haría pública la información. No está reglamentada todavía la función de Estado que garantice el derecho de los ciudadanos para exigir cuentas y la obligación de los servidores públicos para rendirlas. Para que esto pudiera operar tendría que existir un organismo de Estado autónomo, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos imparciales, no por representantes de los partidos. Este órgano sería el encargado de revisar la cuenta pública y de ejercer respecto de ella todas las funciones de verificación y las acciones correspondientes cuando ocurrieran desviaciones, fraudes o cualquier tipo de ilícitos.

Pero el control no debe estar orientado sólo a la fiscalización, sino a alcanzar el mayor grado de transparencia, eficacia y eficiencia de los órganos de gobierno. Debe interesarse en que el gobierno funcione bien. No sólo, o no tanto, en corregir sus desviaciones. Un sistema prospectivo es capaz de analizar las causas, de analizar los procesos de tomas de decisiones, evaluarlos, identificar recurrencias y recomendar mejoras.

Se ha avanzado en la discusión para la creación de un órgano superior de auditoría de la Federación, pero no se ha concluido. Este es un punto fundamental de la reforma del Estado, por ahora frustrada.

Y el problema cultural: la corrupción, el patrimonialismo y la impunidad forman una larga cadena histórica entre nosotros. En "La Colonia", los burócratas que venían de España como administradores padecían la mística del enriquecimiento rápido. Prosperó el contrabando, el tráfico de oficios y favores, los negocios, "el cochupo", "la transa". No tenían que temer a un sistema eficaz de control. La población aceptó como mandato divino que los poderosos no rindieran cuentas sino a Dios y, en rarísimos casos, al lejanísimo Rey. Nuestra vida independiente está casi totalmente manchada por estos vicios (la excepción es la breve "era liberal"). Hoy corroen el sistema político, desarticulan el aparato financiero y la economía nacional.