A estas alturas no queda duda ya que las reformas promovidas por el gobierno para privatizar las industrias eléctrica y petrolera, provienen de una presión ejercida por los grandes grupos y corporaciones financieros internacionales, ideológicamente alentada por esa teoría de los mercados que se ha promovido por el denominado "Consenso de Washington", en torno al cual se agrupan no sólo el FMI y el Banco Mundial (BM), sino directores de bancos centrales, administradores y técnicos de ministerios y departamentos de finanzas o hacienda de Europa Occidental, Estados Unidos, y gran parte de los países en desarrollo, junto con importantes grupos y compañías de asesoría; comunidades académicas y redes de economistas profesionales, empresas trasnacionales, bancos y corporaciones privadas de inversión.

Por ello hay un ánimo permanente de impulsar, presionar y evaluar el nivel de avance de esas reformas, como lo muestra un especialista del BM, quien recientemente analizó una encuesta realizada por ese organismo, en la que se descubre que en la mayoría de un total de 115 países en desarrollo no han prosperado las reformas y la privatización de esas industrias, como se esperaba. Sin embargo, en América Latina, merced a las presiones, se ha logrado un avance de 71 por ciento en la industria eléctrica; 50 por ciento en producción primaria de hidrocarburos; 63 por ciento en industrialización y comercialización del gas natural; 24 por ciento en refinación y 33 por ciento en comercialización del petróleo; para tener un promedio global de 53 por ciento en la privatización de estas industrias.

Para construir este indicador, el estudio del BM abarca seis aspectos centrales de las industrias petrolera y eléctrica: 1) nivel de la estructuración corporativa de la industria por fases o ámbitos de actividad; 2) grado de avance en las transformaciones y cambios legales que permitan la privatización y la venta de activos nacionales; 3) desarrollo de estructuras de regulación independientes de las empresas y de los ministerios de energía; 4) nivel de restructuración de la empresa estatal para permitir su manejo privado; 5) nivel de participación de la inversión privada, y 6) desarrollo de la venta de activos públicos o nacionales. Así, siguiendo el esquema planteado por el BM, México estaría con un avance no mayor a 30 por ciento.

Desde hace varios años ha existido una fuerte presión para que se hagan las reformas necesarias para lograr el manejo privado de estas industrias estratégicas. Será difícil sacudirse ese ánimo de dominación por parte de lo que autores como Larry S. Carney, editor del International Human Politics Society Culture de la Human Press de Nueva York, llaman la mano que se ha hecho visible, aludiendo a la vieja metáfora de Adam Smith respecto al funcionamiento del mercado. Esta mano visible es, según Carney, el "Consenso de Washington".

Es entonces que, incluso en ocasiones con orgullo, a este "Consenso de Washington" se vinculen grupos gubernamentales de muchos países en desarrollo como el nuestro. Por eso, también parece cada vez más claro que sólo un gobierno con una renovada orientación nacionalista y soberana podrá enfrentar esas presiones externas, aunque debe quedar claro que también son internas. Al frenar y modificar el sentido de la reforma eléctrica y petrolera, se da un primer paso para impulsar una reforma alternativa, cuya resultante no será trivial, porque los ánimos privatizadores ya se han internalizado, extendido e intensificado, y no se frenarán.