n Controversias en los peritajes y el monto de inversión, principales obstáculos
Pendiente, proyectar el rescate de 660 edificios históricos de Puebla
n Teresa Franco y Rafael Tovar insisten en minimizar los daños causados por el sismo del 15 de junio
Lesly Mellado, La Jornada de Oriente, Puebla, Pue., 7 de julio n A casi tres semanas de que 660 edificios históricos de la entidad sufrieran daños por el sismo, ningún proyecto de rescate se ha iniciado, pues surgieron controversias sobre los peritajes y el monto de la inversión entre autoridades federales y estatales.
El primer escollo para comenzar la restauración ha sido la intención de minimizar los daños por parte de Teresa Franco, directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y Rafael Tovar, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA).
Durante las visitas al estado, esos funcionarios reiteran a la prensa que ''todo es reparable" y que ningún edificio tiene daños estructurales, por lo que sólo aluden a restauraciones sencillas.
Cohesionar más que polemizar
La inversión para reconstruir los inmuebles también genera polémica. El Consejo del Centro Histórico de Puebla, dos días después del temblor, señaló de manera preliminar que se necesitarían mil millones de pesos para reparar los daños, cifra considerada excesiva por los representantes del gobierno federal.
El pasado martes Miguel Limón, secretario de Educación Pública, reiteró la posición del gobierno de la República, cuando llegó a la capital de Puebla y anunció una inversión federal de 200 millones de pesos para restaurar los edificios históricos y aseguró que en dos meses Puebla ''tendrá una fisonomía reparada y renovada".
Esta situación causó indignación entre los sectores locales involucrados en la defensa del patrimonio y de las instituciones públicas, cuyo edificios resultaron dañados. Sólo para reparar el museo y el edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla, se requieren casi 90 millones de pesos, de acuerdo con autoridades de la UAP.
A esa cantidad habría que sumar los casos de las iglesias con deterioro estructural, como los templos de La Compañía de Jesús, San Jerónimo y la Capilla Real de Cholula; la iglesia de los Remedios, y la parroquia de San Andrés Cholula, por mencionar los más dañados.
Otra de las imposiciones de la Federación fue el nombramiento de Efraín Castro Morales, por parte del CNCA, como coordinador general de las tareas de rescate. Tal noticia no fue bien recibida por las autoridades locales, pues su gestión en los años setenta, como delegado del INAH en Puebla, fue muy cuestionada.
Calificado como personaje polémico, Castro Morales reconoció que durante su encomienda hubo destrucción del patrimonio edificado, pero que no fue su culpa ''pues carecía de una ley para protegerlo y la última palabra para la autorización de obras recaía en el gobierno del estado".
Incluso el secretario de Cultura, Pedro Angel Palou García, señaló que el éxito del trabajo de Efraín Castro, en Puebla, ''dependerá de que pueda cohesionar a todos los actores involucrados en la reconstrucción, en vez de polemizar".
Fue hasta el jueves de la semana pasada, cuando pareciera que los dos niveles de gobierno acordaron formar una comisión técnica y un consejo consultivo en el que se incluyó a las instituciones de educación superior, organismos interesados en la protección del patrimonio y la sociedad civil.
El objetivo es que las decisiones sobre la intervención en los monumentos se tomen por consenso.
"La reconstrucción de los inmuebles debe darse en consenso, porque se trata de decisiones históricas", apuntó Palou García.
De esta forma, será el comité técnico el que decida el tipo de intervención que se hará luego de escuchar las opiniones del consejo consultivo, en el que se encuentran el arzobispo de Puebla, el representante de Icomos e investigadores de las principales universidades del estado, entre otros.
Fue en esta reunión en la que el delegado del INAH en Puebla, José Francisco Ortiz Pedraza, reconoció que luego de la contingencia no pudieron organizarse bien, por lo que hubo duplicidad de funciones en los templos de la capital y los cercanos a ésta, y se desatendieron los edificios del interior del estado.
De igual manera, dijo que las apreciaciones fueron contradictorias y algunas precipitadas, pues la institución carece de especialistas en estructuras, por lo que los dictámenes fueron hechos por arquitectos y restauradores. ''El problema era más grave de lo que considerábamos".
Palou García, vocero del comité técnico, indicó que las primeras tareas de reconstrucción serán en 44 templos del interior del estado y 22 que se ubican en el primer cuadro de la ciudad de Puebla.
Luego de instalar el comité técnico y el consejo consultivo parecía que por fin las autoridades federales y estatales unificaban criterios. Sin embargo Agustín Salgado, director de Sitios y Monumentos del CNCA, volvió a desestimar los daños.
Señaló que el edificio Carolino no necesita recimentación ni cambios en su estructura, pues será reparado con técnicas y materiales de la época en que fue construido, lo que provocó molestia entre la comunidad universitaria.
Rigoberto Benítez, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura de la UAP, externó que una vez más el CNCA minimizaba los daños: ''Sus opiniones no tiene fundamento, las universidades están acostumbradas a hacer estudios científicos, no basta sólo con darse una vuelta por los edificios para sacar conclusiones".
De los inmuebles históricos de Puebla, hasta el momento no existen peritajes sobre la situación real de los daños sufridos. El INAH asume su ''papel normativo", por lo que sólo posee dictámenes hechos por arquitectos que hacen efímeros recorridos.
Dictámenes en entredicho
Respecto de los daños en las estructuras aún no existe un peritaje completo y sí muchas irregularidades, como lo sucedido con el templo de la Compañía de Jesús, cuyo dictamen emitió Colinas de Buen, SA. La firma estampada en el diagnóstico es la de un ingeniero de apellido Sánchez Martínez al que, de acuerdo con testigos, le fue negada la entrada por el sacristán del templo.
Y la respuesta de Teresa Franco es que los daños en dicha iglesia no son graves. De hecho, la semana pasada el director de Monumentos del instituto en Puebla, Ignacio Ibarra, informó que iniciarían el apuntalamiento de las torres con acero, sin que existiera un examen serio sobre las afectaciones en la estructura. El tipo de intervención que se haría provocó descontento entre los especialistas de la ciudad, por lo que se frenó.
Miembros del grupo encargado del Proyecto de Corrección Geométrica de la Catedral de la ciudad de México visitaron el templo y opinaron que se debe hacer un estudio de suelos y de la estructura del edificio y con base en ello formular un proyecto integral de reconstrucción.
Sergio Zaldívar, Ricardo Zenteno, Enrique Santoyo, Hilario Prieto, Enrique Tamez, Efraín Ovando, Roberto Sánchez y Mario Trigo, quienes integran el grupo de trabajo, insistieron en que la reconstrucción en La Compañía no es tarea fácil y se mostraron preocupados por el retraso.
Otro caso es la parroquia de San Andrés Cholula, donde las torres sufrieron una fractura considerable, y carece de medidas preventivas.
El mayor problema de la Biblioteca Palafoxiana es que no se tiene un catálogo real del acervo, por lo que retirarlo del inmueble implicaría un riesgo. La opción más viable es que las estanterías -que son de los siglos XVII a XIX- sean cubiertas en tanto se restauran las fracturas de las cúpulas.
La estantería en malas condiciones -de acuerdo con un dictamen del INAH, previo al temblor- tendrá que esperar para su restauración.
Ortiz Pedraza, delegado del INAH en Puebla, informó el pasado martes que de los 100 dictámenes entregados por el instituto la mayoría reportaban daños leves y sólo 5 por ciento aludían a problemas severos. Sin embargo, estos diagnósticos fueron realizados por arquitectos y restauradores, sin la intervención de especialistas en ingeniería.
Así, mientras se carezca de peritajes y estudios completos sobre los edificios más afectados, investigadores y organismos de defensa del patrimonio sugieren que se inicie en la capital de Puebla un proceso para regular el uso del suelo y modificar el decreto de la zona de monumentos históricos de 1977.