El arte de la intervención estatal llamó Kindleberger a la necesidad que existe de actuar para frenar las crisis financieras. Después de casi cinco años el sistema bancario mexicano sigue siendo muy vulnerable y requiere de enormes sumas de dinero para mantenerlo a flote. Persiste por eso el cuestionamiento acerca de si las autoridades responsables han ejercido eficazmente su poder de intervención. El enorme monto de los recursos que se han destinado y los que aún falta por usar para sostener la operación de los bancos indican, cuando menos, que la respuesta no es clara. La estabilidad del sistema financiero es, sin duda, un bien público y, por ello, se acepta la utilización de los recursos sociales para conseguirla. Pero la cuestión tiene un límite. Y éste se aprecia en uno de los principios básicos que guían la gestión económica, que dice que existen usos alternativos para los recursos escasos y, en este caso, son realmente escasos y su asignación enfrenta los dilemas de una estructura social y económica que es crecientemente desigual.

Uno de los más firmes principios de la administración bancaria señala que sólo los bancos solventes deben ser salvados. Ese principio fue planteado por Walter Bagehot en Inglaterra en 1873 cuando publicó su influyente libro titulado Lombard Street. En él estableció las reglas que habrían de convertirse en la base de las funciones de lo que después serían los bancos centrales. Uno de esos principios clave de lo que hace la banca central, es actuar como prestamista de última instancia, precisamente para evitar la quiebra de las instituciones bancarias y con ello el estallido de una crisis financiera. Pierpont Morgan, el influyente financiero y figura clave de la formación del capitalismo estadunidense, quien a fines de siglo pasado actuaba como banquero del gobierno de Estados Unidos cuando la Reserva Federal aún no existía y, por lo tanto, como respaldo de última instancia, aplicó fielmente ese principio cuando en 1907 organizó el rescate del Trust Company of America. Para lograrlo, reunió fondos privados para constituir garantías colaterales y otros más para respaldar los posibles retiros de los depósitos de ese banco, es decir, para evitar una corrida que habría puesto en riesgo a todo el sistema. Eso mismo hizo hace unos meses Allan Greenspan para salvar la compañía Asset Management cuya inminente quiebra ponía en riesgo los circuitos de crédito en ese mismo país. Hoy no sabemos a ciencia cierta si la situación financiera de Serfin, por ejemplo, es de insolvencia y por eso no debieran asignarse más recursos para salvarlo. Lo que sabemos es que el banco fundado por el mismo J.P. Morgan en 1895 dictaminó que era más barato seguir poniendo dinero en Serfin, pero una parte importante de ese dinero es ahora dinero público.

Buena parte de los recursos que se siguen inyectando en el sistema bancario mexicano son recursos públicos que se convierten en deuda interna y, por ende, a cargo de esta generación y las que siguen. Las cuentas siguen creciendo y Standard and Poor's, la compañía que califica la calidad de las inversiones financieras, estima que el total del rescate bancario llegará hasta 20 por ciento de producto interno bruto del país. Esto equivale a 80 mil millones de dólares o 760 mil millones de pesos al tipo de cambio actual. Una quinta parte de lo que se produce en México tiene, entonces, que destinarse por un periodo que no está aún determinado para pagar la crisis bancaria provocada por la gestión financiera del gobierno. Ese es el tamaño del asunto. La cifra de Standard and Poor's contrasta fuertemente con los cálculos de la Secretaría de Hacienda que se ubican en 14 por ciento del producto, esa diferencia equivale a alrededor de 24 mil millones de dólares o aproximadamente 228 mil millones de pesos.

No sólo siguen destinándose fondos públicos a los bancos, sino que también es claro que habrá que provocar una consolidación en este sector de la economía. En este caso consolidación significa una reestructuración de la actividad que creará bancos más grandes, con una estructura de propiedad muy distinta a la que existe actualmente y con mayor control de los recursos financieros del país. Esa concentración se suma a la que existe en términos del ingreso y de la riqueza, y evidencia que uno de los principales objetivos de la reforma económica, que consiste en acrecentar las condiciones de la competencia en el mercado, tiende, en cambio, a un mayor control de unas cuantas empresas y personas. Este no es un juicio de valor, sino una cuestión de estricta eficiencia, que es uno de los objetivos centrales de la política económica.