n No se nos hizo a un lado en el caso del EMP: Del Villar

Enorme incertidumbre social por los crímenes, acepta Madrazo

José Gil Olmos n Enorme incertidumbre social y deterioro en la imagen de las instituciones de seguridad pública son el resultado del asalto a miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) y el asesinato de Francisco Stanley, advirtió el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar.

Por su parte, el procurador capitalino, Samuel del Villar, rechazó que se le haya hecho a un lado en la investigación del ataque a los militares y reconoció que las autoridades están superadas por la delincuencia organizada en algunos aspectos como uso de armas y tecnología. Además, consideró que las leyes existentes protegen más a los delincuentes que a las víctimas.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) explicó: ''Actualmente no tenemos acceso a ningún efecto práctico para investigar las comunicaciones de la delincuencia organizada, que es base para su organización. No podemos ir ante un juez para que nos dé autorización de interceptar las comunicaciones de los delincuentes organizados. Sin embargo, éstos sí usan estos medios de intercepción para victimar a la sociedad''.

Dijo que no sentía que se fuera de las manos la seguridad en la ciudad de México; empero, insistió en señalar que el marco jurídico no tipifica ni reconoce al crimen organizado como el principal fenómeno delictivo, y que los procedimientos judiciales dejan frecuentemente en indefensión a los propios testigos.

''El orden público no está tutelado por el Código Penal, en consecuencia, las infracciones o las conductas antisociales que suceden en el orden público no le permiten a la Procuraduría tener competencia para detener en flagrancia a los propios criminales'', argumentó Del Villar al recordar que desde hace un año se planteó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal actualizar las leyes penales y tipificar como delito al crimen organizado.

Ambos procuradores fueron entrevistados después de haber asistido a un desayuno con el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, y con otros seis procuradores estatales, donde se evaluaron los avances del Programa Nacional de Seguridad Pública. A la salida del palacio Covián, Madrazo Cuéllar aclaró que la PGR atrajo el caso de los militares porque se trata de un hecho en el cual están involucrados servidores públicos federales en activo y no por una mala actuación de la Procuraduría capitalina.

El titular de la PGR advirtió que el asalto a los militares y el asesinato de Francisco Stanley no significan que las autoridades estén rebasadas por el crimen, pues se trata de ''hechos lamentables'' que golpean de manera muy seria a nivel de la opinión pública los esfuerzos de las autoridades por abatir los índices de criminalidad. Insistió en que se trató de un asalto lo ocurrido a los miembros del Estado Mayor Presidencial, y que por el momento se trabaja en ''un delito muy común, desafortunadamente producto de la información que surgió del banco''.

A pregunta expresa, el funcionario rechazó la hipótesis de que este asunto esté relacionado con lo recientemente publicado en el libro de Julio Scherer y Carlos Monsiváis, Parte de guerra, que ubica a miembros del Estado Mayor Presidencial como responsables de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. ''Sin embargo, yo creo que en este momento no sería adecuado descartar ninguna línea de investigación, tenemos que trabajar sobre todas'', precisó.

El procurador aceptó que cada día la delincuencia se ha venido sofisticando, utiliza armas de mucho poder, está bien organizada y por todo ello se ha convertido en la principal preocupación gubernamental en el país, y no solamente en el Distrito Federal.

Del Villar, a su vez, explicó que por decisión del Ministerio Público se dejó el caso a la PGR y a la Procuraduría de Justicia Militar, pero dijo que la dependencia a su cargo había dejado un desglose por delitos del fuero común y manifestado la decisión de colaborar como auxiliares ministeriales en la pesquisa.

Señaló que no se tiene ningún elemento para pensar que la agresión fue organizada por otros miembros del Estado Mayor Presidencial, y aclaró que las numerosas declaraciones de militares son parte de las indagatorias.

Indicó que las armas que se usaron no fueron encontradas, pero que de acuerdo a los casquillos 9 milímetros de pistolas 45 y 38 súper, no coinciden con las armas calibre 40 que en días pasados fueron robadas de las instalaciones de la policía capitalina.