LETRA S

Julio 1 de 1999

Un tema reciente en las discusiones sobre una sociedad justa y democrática es el de la violencia ejercida al interior de las familias y en general hacia las mujeres. La creciente gravedad de este problema ha requerido la intervención estatal ante una crisis que ha dejado atrás la ilusión del ámbito familiar como espacio de seguridad y armonía. Entre más se discute el problema, las cifras crecen: tan sólo el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), de la Procuraduría general de Justicia del DF (PGJDF), atendió de 1990 a 1997 un promedio de 709 casos diarios, la gran mayoría mujeres (en el primer semestre de 1997, 9 de cada 10 eran mujeres). Por otro lado, en una encuesta de la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres (COVAC) en 1995, una de cada cinco personas encuestadas declaró tener conocimiento de alguna persona maltratada en los últimos seis meses. Amenazas, golpes, insultos, violaciones, acoso sexual son las facetas de un fenómeno ante el cual ya no es posible voltear la cara y fingir que es un asunto de la vida íntima de las personas. La violencia doméstica tarde o temprano se reproduce y desborda el ámbito de lo privado para afectar a la sociedad en su conjunto.

Si bien las mujeres no son las únicas víctimas de la violencia doméstica (los menores y los ancianos representan otra parte importante de este problema), sí constituyen la mayoría de los casos. Por su parte, los varones suelen ser, mayoritariamente, los agresores.

"Cuando papá llegaba dejábamos de jugar, apagábamos el radio, mi mamá se ponía a planchar y nosotros fingíamos que estábamos haciendo la tarea. Le teníamos muchísimo miedo, gritaba y nos golpeaba por cualquier motivo." (Margarita, 25 años.)

Ser hombre equivale en la mente (y los actos) de muchos varones al ejercicio de la violencia contra las mujeres, contra otros hombres o contra sí mismos. Un hombre no violento es visto como incompleto o, de plano, como no hombre, Ahora bien, la violencia como tal es una situación de poder y sometimiento, pero sobre todo es un esquema de conducta aprendido.

"Una vez nos asaltaron a mí y a mi hermano otros chiquillos como de diez años. El respondió rápidamente de manera agresiva, pero yo me negué a pelear. Cuando llegamos a casa y le relatamos lo sucedido a mi padre, me dijo 'A ver cabrón súbete a la bicicleta, los vamos a buscar y tú les vas a poner en la madre.' Afortunadamente no los encontramos. Otro día llegó con unos guantes de box y nos puso a pelear como gallitos, preparándonos para la calle, para la defensa y el ataque sin un momento para la reflexión, la meditación, la observación. Así te lleva la inercia hasta hacerte culturalmente agresivo, violento." (Daniel, 23 años.)

Pero no sólo los hombres colaboran en la construcción de la masculinidad violenta:

"Fui más dura con el tercero de mis hijos porque como era el varón quería que fuera más responsable e independiente, que hiciera las cosas bien hechas, hice uso de las groserías y los golpes." (Teresa, 49 años.)

A la construcción social del hombre violento corresponde paralelamente la victimización social de las mujeres. La conculcación de los derechos humanos de las mujeres está generalizada e "incluye la trata de mujeres y niñas, la violación, el maltrato a esposas y menores, el abuso sexual y una serie de tradiciones perjudiciales que lesionan irreparablemente la salud reproductiva y la salud sexual de niñas y mujeres" (Fondo de Población de las Naciones Unidas --FNUAP, 1998). A pesar de ello, el hecho de que la cultura misma fomente los actos violentos hacia las mujeres hace que éstos sean vistos como parte de la cotidianidad "normal", por lo que rara vez son perseguidos: "Claro que le pegué, pues no me obedecía", declaró un hombre detenido por haber lesionado a su esposa, sin explicarse por qué el Estado se inmiscuía en lo que él consideraba su vida privada. De hecho son raras las denuncias, pues la mayoría de las mujeres no conoce sus derechos jurídicos o bien, las autoridades judiciales (que suelen ser hombres) muestran poca sensibilidad hacia sus casos e incluso los obstaculizan, además de que a menudo ni los servicios de salud ni la policía acostumbran registrar datos sobre violencia contra las mujeres, el sexo del atacante o su relación con la víctima.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define al ejercicio de este dominio masculino como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción y la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada".

Según datos de ese organismo, 65 por ciento de las mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia. "En muchos casos, la primera relación sexual de una muchacha es forzada", revela un documento de esa organización, el cual añade: "Las niñas y las empleadas en el servicio doméstico, que a menudo están explotadas en su trabajo, son especialmente vulnerables al abuso sexual por los varones de la familia empleadora."

La violencia es uno de los actos que mayores consecuencias puede tener en el desarrollo de una mujer, ya que involucra cuestiones físicas y emocionales.

"No puedo evitarlo, cada vez que lo veo encuentro reflejado el rostro de mi agresor, es como si viviera con él, con una amenaza constante a mi integridad." (Reina, 21 años.)

Tanto las víctimas de abuso sexual infantil como las de maltrato físico y psicológico presentan daños psicológicos severos, como depresión aguda. Además, las mujeres violadas pueden sufrir (aparte de las lesiones físicas), embarazos no deseados, abortos, problemas ginecológicos y conductas autodestructivas. La licenciada Bárbara Yllán, directora de Atención a Víctimas de Delito de la PGJDF, comenta: "Sigue siendo un estigma social el que se haya sufrido una agresión sexual, la gente se siente culpable de haberlo vivido. El principal rasgo psicoemocional que se presenta es la culpa interiorizada, que provoca una pérdida de la autoestima, mientras paradójicamente los agresores pasan por una desculpabilización."

El ejercicio de la violencia y las relaciones sexuales forzadas al interior de las familias son factores que incrementan el riesgo de las mujeres al contagio de enfermedades de transmisión sexual y a la transmisión del VIH. Amenazada, temerosa y desvalorizada, la mujer maltratada no tiene capacidad alguna para negociar el uso del condón con su pareja o siquiera de negarse al contacto sexual. Como afirma Patricia Duarte, presidenta de COVAC: "La violencia contra las mujeres y las enfermedades de transmisión sexual van de la mano."

"Pedirle que se pusiera condón era tanto como insinuar que me era infiel, aunque sabía que se acostaba con otras porque a menudo no llegaba a dormir, pero decirlo abiertamente hubiera provocado otra golpiza." (Yanet, 27 años.)

"Pedir condón a una pareja donde ya hay violencia es tanto como llamar a mayor violencia", agrega Patricia Duarte. Sin embargo los casos de violencia intrafamiliar que se denuncian son escasos. Según el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), una de cada diez mujeres es víctima de maltrato doméstico, pero sólo 27 por ciento de ellas lo denuncia ante las autoridades correspondientes. Por otra parte, según la licenciada Yllán, 84 por ciento de las denuncias por maltrato son presentadas por mujeres, mientras que el resto corresponde a niños o personas añosas, muchas veces hombres. "Se maltrata más a los ancianos varones porque la estructuración social hace que una anciana siga siendo productiva, ya sea aconsejando, en la cocina o en el cuidado de los niños, en cambio a quien perdió el poder y desea conservar su estatus de jefe de familia se le cobran las facturas pendientes con agresiones físicas y psicológicas."

La violencia contra las mujeres no se traduce únicamente en sufrimiento y privaciones, también es posible cuantificarla económicamente. En 1993, el Banco Mundial (BM) estimó que "las mujeres entre 15 y 44 años de edad pierden más años saludables de vida debido a la violación y la violencia doméstica que debido al cáncer de útero, el parto obstruido, las enfermedades cardiovasculares, el sida, la infección de las vías respiratorias, los accidentes automovilísticos, o la guerra". Por otra parte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que la violencia doméstica es la tercera causa de pérdida de años de vida saludable para las mujeres de la Ciudad de México, después de la diabetes y las infecciones prenatales. Además existen los costos ocasionados por la transmisión intergeneracional de la violencia(de padres y madres a su descendencia), ya que quienes han sido testigos o víctimas de violencia durante su infancia tienen mayores probabilidades de incurrir en ella durante su vida adulta. Patricia Duarte agrega: "Faltan más estudios sobre los costos económicos de la violencia, días laborables perdidos, ausencias escolares, costos de hospitalización por lesiones, procesos judiciales."

"A mi hermano y mi hermana mayores mi papá trató de enseñarles a hablar introduciéndoles un palo por la boca. El resultado fue que les lesionó el tímpano y otros órganos por lo que hasta la fecha son sordomudos, aunque mi hermano sí puede hablar un poco, pero le da pena porque piensa que la gente se va a reír de él." (Margarita, 25 años.)

Proteger y atender a las víctimas

Como resultado de la presión de los grupos en pro de los derechos de las mujeres, se han llevado a cabo dos reformas legales muy importantes en el país, la primera, en 1991, incluyó desde el título del apartado ("Delitos contra el desarrollo psicosexual de las personas" en lugar de "Delitos sexuales"), el reconocimiento de que este tipo de violencia no sólo afecta a los órganos sexuales sino a la integridad de las personas. Asímismo se logró ampliar la reparación del daño, de manera que en la actualidad el agresor se ve obligado a pagar el apoyo psicoemocional. La Ley también contempla la reeducación psicológica de los agresores, con el fin de evitar la reincidencia. Como resultado de la reforma del 91 en el D.F., en la actualidad las tres cuartas partes de los estados han implementado modificaciones similares a sus códigos penales.

La segunda reforma al Código Penal del D.F. se llevó a cabo en 1997 y se refiere a la violencia intrafamiliar. Hasta esa fecha las mujeres podían denunciar las lesiones sin diferenciar si el agresor formaba parte de la familia o no. Fue necesario fundamentar la diferencia entre sufrir maltrato ocasional por un desconocido y sufrir la cotidiana agresión de quien se espera brinde amor y confianza. "Así se tipificó el delito de violencia intrafamiliar, incorporando nuevos elementos como la reiteración (es necesario que el evento se repita por lo menos una vez, para ser considerado violencia intrafamiliar). La primera vez puede tratarse de un suceso circunstancial que puede ser denunciado como lesiones", según explicó la fundadora de COVAC, asociación que ha sido determinante para lograr dichas reformas, así como las que se incluyeron en el Código Civil, donde se considera a este tipo de violencia como causal de divorcio y de pérdida de la patria potestad, además del pago de la atención psicoemocional por parte del agresor.

En 1996, la entonces Asamblea de Representantes del DF aprobó la Ley de Prevención y Asistencia a la Violencia Intrafamiliar, que posibilita el arreglo de los conflictos familiares provocados por la violencia o el maltrato por medio de una "amigable composición", donde las autoridades juegan el papel de mediadoras para que cese la violencia por parte del marido o cualquier otro miembro de la familia. Esta es la solución que tiene más demanda.

Una mujer o un niño o niña víctima de agresión violenta por parte de un familiar puede acudir a una de las diez Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVIS) instaladas en diferentes delegaciones del gobierno del DF o al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas que han sufrido Agresiones Sexuales de la PGJDF, el cual funciona desde 1991 y brinda apoyo psicoemocional, asesoría jurídica y servicios médicos, y donde se efectúa revisión ginecológica para saber si hay embarazo producto de la violación, o enfermedades de transmisión sexual o contusiones. Por otra parte el centro (que atiende de 4 a 5 mil casos anualmente), no sólo se ocupa de las víctimas directas del abuso sexual, sino también de las llamadas "víctimas indirectas", como pueden ser los padres o familiares de algún niño o niña víctima de violación sexual. Como señala la licenciada Liliana Trujillo Piedraíta, directora de dicho centro, "sabemos que la ayuda emocional es muy importante pues una agresión sexual acaba con la persona, tanto en su intimidad como en su autoestima y su sociabilidad con otras personas. La víctima se siente señalada, tachada, rechazada, además de vivir el temor que inculca el agresor con sus amenazas." A las personas que llegan al centro solicitando ayuda se les canaliza, dependiendo de su estado, al área médico ginecológica para una revisión, que incluye pruebas de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual, o al área psicológica y posteriormente a la asesoría jurídica, donde reciben orientación acerca de las opciones que la ley provee. El tratamiento psicológico incluye varias sesiones y está siempre abierto, incluso para casos de recaída emocional. En el caso de los menores el mayor porcentaje de las agresiones se da en la familia, por lo que no sólo afecta al agredido, sino que se provoca una desorganización general del entorno familiar cuando alguien se da cuenta de lo que está sucediendo. El menor puede entonces cargar con la culpa de guardar el secreto de lo que le ha sucedido o bien con la culpa de las consecuencias que esto acarree. La licenciada Trujillo comenta: "No podemos permitir que el agresor esté dentro de la familia mientras el niño permanezca ahí, pues puede ser blanco de otra agresión, por ello nos apoyamos en la Dirección General de Menores Incapaces de la Procuraduría para que hagan la investigación correspondiente." El centro también ha atendido casos de varones adultos violados. Sin embargo a los hombres les cuesta mucho más trabajo abrirse a la terapia, por toda la carga simbólica que implica para los hombres la violación. La mitología popular hace que algunos de ellos teman volverse homosexuales como resultado de la violación.

Además del citado Centro, la Procuraduría del DF, puso en marcha desde 1990 un Centro de apoyo a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar (CAVI), donde por medio de un equipo interdisciplinario de trabajadoras sociales, médicos, psicólogos y abogados se brinda una atención integral a quien lo requiera, aunque 88 por ciento de sus usuarios son mujeres y según su directora, la doctora María Helena Alegría, el año pasado atendió alrededor de 29,500 personas, "la mayoría de ellas de estratos socioeconómicos medios-bajos y bajos. A pesar de que la violencia se da a todo nivel, las personas de clase media o alta no recurren a los servicios gratuitos sino a abogados, psicólogos y médicos particulares, por lo que esas personas generalmente no ingresan a nuestras estadísticas; hemos tenido, sin embargo, casos en todos los niveles socioeconómicos. Por otra parte, las personas con mayores probabilidades de ser agredidas son justamente aquellas con un historial de abuso anterior en sus familias de origen".

Recientemente, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó un Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar en el que participan varias secretarías de estado. En opinión de Patricia Duarte, el destino de este programa dependerá de los recursos que se le asignen y de que cada secretaría comprenda y asuma sus funciones respectivas. El programa es preventivo y normativo. Un ejemplo de sus alcances se encuentra en la Norma Oficial Mexicana sobre violencia Intrafamiliar que actualmente está siendo consensada entre la Secretaría de Salud (Ssa) y las organizaciones no gubernamentales (ONG) preocupadas por el tema y que podría conducir a la obligatoriedad de los médicos de reportar los casos de violencia, incluso ante el Ministerio Público.

Sin embargo, el problema de la violencia intrafamiliar no es remediable por decreto, particularmente en una sociedad abrumada por todo tipo de violencia (económica, política, criminal, mediática, racial, de género, por citar algunos ejemplos). Se requiere de un acuerdo civil para transformar los valores de la sociedad en que vivimos; después de todo, la violencia no es sino un síntoma de la necesidad de unos seres humanos por controlar o ejercer su dominio sobre los demás. Por eso la equidad entre los géneros constituye una aspiración irrenunciable no sólo del movimiento feminista, sino de toda sociedad que se pretenda democrática.

En el mundo:

65 por ciento de las mujeres sufren algún tipo de violencia.

En México:

Una de cada diez mujeres es víctima de maltrato doméstico.

Sólo 27 por ciento presenta denuncia.

La violencia que se ejerce al interior de la familia puede ser castigada de la siguiente manera:

Multa hasta de 180 días de salario mínimo.

Arresto hasta por 36 horas.

Causal de divorcio.

Pérdida de la patria potestad.

Cárcel (hasta 14 años de prisión en caso de abuso sexual o violación aún cuando la víctima sea la esposa o concubina).