La Jornada domingo 27 de junio de 1999
INTOLERABLE AGRESION A PERIODISTAS
Ayer, una reportera de este diario, María Es-ther Ibarra, fue agredida físicamente mientras realizaba la cobertura informativa de las actividades y deliberaciones de los estudiantes universitarios que integran el Consejo General de Huelga. Según los propios alumnos en paro, los responsables de este intolerable ataque -aún no plenamente identificados- serían provocadores, infiltrados o, incluso, policías. En días pasados, estos individuos ya habían realizado actos de intimidación en contra de periodistas.
Durante todo el movimiento estudiantil en la UNAM, como en los diversos asuntos de interés público que son objeto del trabajo periodístico de La Jornada, quienes laboran en este diario han ejercido su derecho a la libre expresión y han informado con profesionalismo e imparcialidad sobre las diferentes acciones, posturas y determinaciones tomadas tanto por el CGH y otras organizaciones estudiantiles, como por las autoridades universitarias y gubernamentales.
La violencia contra periodistas, en cualquiera de sus formas, es un acto condenable que atenta contra los principios de libre expresión, contra la necesaria y legítima práctica del periodismo y, a fin de cuentas, contra los derechos de toda la sociedad. Por ello, esta casa editorial rechaza y deplora la agresión sufrida por nuestra reportera y exige, tanto a las autoridades universitarias como a los estudiantes en paro, el establecimiento de las garantías de seguridad necesarias para que los periodistas que cubren la huelga en la UNAM, cualquiera que sea el medio en el que se desempeñan, puedan ejercer libremente su profesión.
De igual manera, cabe esperar que los responsables de estas agresiones sean prontamente identificados y sancionados conforme a la ley, a fin de que éstos no interfieran en un diferendo cuya solución compete a la universidad y a los universitarios.
CHILE: LA PUNTA DEL VELO
Por mucho tiempo, las únicas fuentes de información sobre las atrocidades cometidas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet fueron las denuncias de los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes de la represión a las cuales, por el lado oficial y de las fuerzas armadas chilenas, se les oponía sistemáticamente el desmentido o un sólido muro de silencio.
Ahora, más de un cuarto de siglo después del golpe en Chile, un militar retirado acaba de revelar, luego de años de silencio, que participó en la comisión de asesinatos de opositores al régimen golpista y que supo que el piloto preferido de Pinochet arrojó al mar desde helicópteros a los presos políticos. Este teniente coronel del ejército chileno, hoy retirado, asume la misma posición que en Argentina mantuvo un oficial de marina vinculado con crímenes similares. Es posible y deseable que sus revelaciones arrojen en Chile resultados semejantes a los que las declaraciones de aquél tuvieron del otro lado de los Andes: el enjuiciamiento de los responsables de estos intolerables atentados.
Entre los militares del Cono Sur durante mucho tiempo subsistió una suerte de pacto de silencio, y las fuerzas armadas funcionaron como corporaciones que no respetaban ni la legalidad constitucional ni los derechos humanos más elementales.
La ruptura de ese velo, sin embargo, resultó de la lenta y laboriosa recuperación de las reivindicaciones democráticas en los países que fueron víctimas de las dictaduras militares y, al mismo tiempo, de la necesidad de algunos sectores castrenses (particularmente de los que en la época de esos crímenes eran jóvenes oficiales) de deslindarse de sus superiores de entonces alegando la obediencia que se les imponía para intentar recuperar, así, la credibilidad de la institución a la que pertenecen.
Por otra parte, el crecimiento de los sectores democráticos hace que una parte importante de las oligarquías sociales y económicas -que colaboraron y apoyaron a las dictaduras sudamericanas- busque dejar atrás un pasado comprometedor para tener cabida en la nueva realidad política de sus países. A muchas organizaciones de derecha y a numerosos ex partidarios de las dictaduras no les disgustan hoy los procesos que se siguen a militares argentinos o al mismo Pinochet -cuyas figuras recuerdan constantemente las complicidades y apoyos que tratan de borrar-, pues al concentrar la responsabilidad en unas cuantas figuras emblemáticas se aligera la carga político-moral que pesa sobre ellos por su participación o su complacencia en la represión, la tortura y los asesinatos cometidos durante las dictaduras.
Finalmente, al margen de las motivaciones de los militares o de los grupos cercanos a los regímenes golpistas que hoy comienzan a descubrir la verdad, es de desear que los chilenos, una vez levantada la punta del velo que ocultaba oficialmente las lacras del pinochetismo, puedan desnudar totalmente ese pasado sombrío y abrir, mediante la aplicación de la ley a los responsables de estos crímenes, el camino a la legalidad y la reconciliación.