La actitud mostrada por el PRI, sus grupos parlamentarios y sus voceros en relación con las reformas en materia electoral, en materia municipal y en lo tocante a la reforma de la Ley Orgánica del Congreso, sencillamente, es una vergüenza. No podría decirse que los priístas no han hecho honor a sus intereses. De eso es de lo que se trata. Ellos actuaron en su legítima defensa. Eso está claro. A nadie se le puede exigir que ceda en demérito de sus intereses. Pero esa actitud mostró, muy a las claras, lo que siempre se ha denunciado: el PRI y su gobierno no luchan por una reforma política democrática, sino, únicamente, por sus intereses facciosos.
Cuando tuvieron que explicar su rechazo a las reformas en materia electoral, por ejemplo, siempre adujeron que la propuesta de la oposición aprobada en la Cámara de Diputados no buscaba otra cosa que poner al priísmo contra la pared y favorecer a los partidos de oposición. En una verdadera democracia, controlar los dispendios de dinero, coaligarse o presentar candidaturas comunes es algo normal. Los priístas lo ven como un agravio, como una medida ventajista que sólo los puede perjudicar. Está claro para ellos que el avance democrático no puede por más de perjudicarlos. Deberían ser tan valientes como para decir, abiertamente, que no están de acuerdo con la democracia.
¿Por qué no aceptan el control y la supervisión por parte de la autoridad electoral de los gastos de campaña? ¿Por qué no aceptan que la ley permita que haya coaliciones e, incluso, candidaturas comunes, cuando eso a ellos mismos les podría beneficiar? ¿Por qué se oponen a que los mexicanos radicados en el extranjero expresen su voluntad soberana y puedan votar? No se trata, desde luego, de un misterio. Estos tópicos significan asignaturas pendientes en nuestro desarrollo democrático y los priístas y su gobierno entienden que todo ello los perjudica. Claro, todo eso favorece a las oposiciones; pero es de lo que se trata. ¿Cómo podemos avanzar democráticamente si se mantienen privilegios o ventajas a favor del partido del gobierno? ¿Cuál es la causa justa: avanzar en nuestra democratización o preservar los privilegios del PRI?
La verdad es que la actitud del PRI y del gobierno priísta siempre ha sido la misma y no hace falta mucha memoria para recordarlo. A veces se atreven a ofender la inteligencia de los ciudadanos mexicanos, diciendo que ellos son los verdaderos autores de la reforma política y que han dado todo lo que han querido y sólo lo que las oposiciones se merecen. Pero los hechos demuestran que ellos no han hecho otra cosa, desde 1977, año de la reforma, que obstaculizarla y concederla a cuentagotas, siempre defendiendo su cínico y desvergonzado monopolio del poder. Ha sido la lucha cívica la que ha hecho avanzar esa reforma y el voto popular el que la ha consolidado. Los priístas no han hecho otra cosa que obstaculizarla y, muchas veces, hacerla retroceder.
Su oposición a las coaliciones y a las candidaturas comunes los delata por entero: ellos están contra todos, encerrados en la fortaleza del poder y no quieren que los opositores tomen ventajas contra ellos, negando un derecho elemental, incluso consagrado por la Constitución. No quieren que los dineros en la política sea sindicados y controlados. ¿Por qué será? Se oponen al voto de nuestros compatriotas en el extranjero. Ya se ha demostrado que es perfectamente viable, incluso para las elecciones del 2000. ¿Por qué el gobierno y sus priístas no quieren que los mexicanos residentes allende las fronteras voten?
Los panistas presentaron una tímida reforma municipal que da a las comunas algunos derechos para encauzar mejor su desarrollo económico. Los priístas respondieron, dando un soberano sopapo a sus aliados panistas en tantas materias en las que coinciden, diciendo que la propuesta era puramente ``administrativa'' y que ni siquiera valía la pena tomarla en consideración, amén de que restaba poder a los gobiernos estatales. ¿No han sido ellos los que siempre han considerado que la problemática de los municipios radica esencialmente en los medios materiales de que pueden disponer? ¿No han sido ellos los que siempre han dicho que los Municipios son simples demarcaciones administrativas de los Estados? ¿Cuándo han siquiera propuesto que los Municipios sean comunidades populares fundadoras de la Federación, dotadas de soberanía? Claro, el problema municipal de Chiapas no es cuestión de que las comunidades expresen su voluntad, es sólo un problema administrativo. Ahora los panistas tienen lo que se merecen.