Los pasados días 16, 17 y 18 de junio se celebró en la ciudad de México el foro Desafíos al Derecho de Asociación en México y América Latina. Convocado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Antonio de Montesinos, la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, el encuentro agrupó a representantes de más de 40 organizaciones de la sociedad civil del país y de otros países del continente.

El foro se basó en el reconocimiento de que tanto en aspectos normativos y de políticas públicas, como en el ejercicio del gobierno, el derecho a la asociación no es cabalmente respetado en nuestros países, y subrayó la urgencia de garantizar las condiciones y los espacios públicos necesarios para que sea ejercido con plena libertad, como requisito indispensable para la verdadera construcción de sociedades democráticas. El derecho de asociación es un derecho fundamental, cuyo ejercicio es requisito indispensable para el goce y ejercicio de otros derechos humanos.

Los participantes intercambiaron experiencias y puntos de vista sobre las limitaciones que los gobiernos de México, Cuba, Colombia y Perú, en particular, y el resto de los gobiernos de la región en general, han puesto a su ejercicio. Entre ellas destacaremos que prevalece en la región una constante y grave discrepancia entre los principios consagrados en las constituciones de nuestros países, que lo reconocen, y las prácticas políticas y leyes secundarias. Esto deriva en su anulación práctica, puesto que los gobiernos suelen utilizar mecanismos legales o administrativos para restringirlo.

Los gobiernos suelen también hacer un uso arbitrario de conceptos como la soberanía y la seguridad nacionales, el orden y la moral públicas, para constituir de jure o de facto estados de excepción que restringen el derecho de asociación. Apelan igualmente a la lucha contra el narcotráfico y el crimen para limitarlo permanentemente. Todo esto afecta gravemente a las organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, el marco legal que regula este derecho se caracteriza por ser excluyente, discrecional, no promotor, intervencionista y sobrevigilante de las asociaciones, lo que representa un incumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados ante la comunidad internacional, especialmente aquellos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales universalmente reconocidos, recientemente aprobada por Naciones Unidas, así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Las prácticas de certificación negativa y de afiliación obligatoria, los intentos gubernamentales por controlar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a fondos nacionales e internacionales, el no reconocimiento jurídico, así como el acoso y la intimidación sistemáticos, las campañas de descrédito y desinformación sobre la naturaleza y funciones de las organizaciones, las agresiones físicas y el uso discrecional de la ley para inhibir la acción de éstas, son constantes en nuestros países, a pesar de la expresión discursiva de los gobiernos de respetar irrestrictamente el derecho de asociación.

En la declaración obtenida a partir de los trabajos del foro, se abordó también la creciente tendencia a restringir el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a foros multilaterales. "Sintomáticamente ųdeclara el documentoų muchos de aquellos gobiernos que aplican políticas restrictivas en sus propios países, han iniciado acciones que pretenden impedir u obstaculizar el acceso y la participación de las organizaciones de la sociedad civil a foros multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de Estados Americanos".

El Foro culminó con una exhortación a los gobierno, a la sociedad civil, a los organismos multilaterales y pactos de cooperación económica, para que presten inmediata atención al estado que guarda el derecho de asociación en la región.