Un gobierno dominado por economistas con deficiente formación política, atentos a los detalles financieros y abrumados por asuntos de corto plazo, toleró una real asonada difusiva contra el gobierno del Distrito Federal. No castigó, de inmediato, el mal trato que le infligían al estado de derecho las dos cadenas televisivas y, con ello, permitió que se alterara la convivencia organizada de la sociedad. El presidente Zedillo tardó días en reaccionar y, cuando finalmente lo hizo, su enojo fue dirigido a condenar el acento histérico de los informadores al lidiar con el crimen. Un similar tratamiento que las televisoras usan en sus programas para darle relevancia a la nota roja. La Secretaría de Gobernación, encargada de hacer cumplir la ley en materia de comunicación, y la misma PGR, diseñada para atender la conducta delictiva en asuntos manipuladamente disolventes de la sociedad, nada han promovido para salvaguardar al Estado.

Se sospecha, con firmes bases ya manifestadas con amplitud y profusión por la prensa y la ciudadanía, que las autoridades esperan momentos propicios para el cobro de facturas que quedaron pendientes a raíz de los trágicos sucesos del 7 de junio. Trágicos no sólo por la ejecución a mansalva de Stanley y la muerte casual de Núñez, un transeúnte común que llegó con rigurosa puntualidad a su tragedia, sino porque se negó, con flagrancia, la mera existencia de la autoridad, el valor del voto y la división de poderes. ƑPara qué pagamos impuestos, dónde está la autoridad? Exclamaciones balbuceadas con indiferente gesto por el accionista principal de Tv Azteca que apenas reprimía su desencanto, la rabia ante el cuerpo desarticulado del cómico.

La asonada comunicativa fue llevada a la pantalla casera durante todo un día por ambas empresas televisivas. Pero la que comanda Ricardo Salinas Pliego (RSP) reincidió en su cometido con un ardor tal que dio pábulo a un fenómeno de seria importancia política por sus repercusiones en el cuerpo y la conciencia colectiva. Pasarlo inadvertido además de una corta visión de Estado, es causa propiciatoria de violaciones adicionales que bien pueden encauzarse en contra de otros funcionarios, de los críticos o de cualquier ciudadano ajeno y corriente.

A lo que parece, la asonada perpetrada quedó impune a pesar de las sólidas evidencias de que su ejecución causó profundo malestar y sobresaltos a la audiencia que estuvo atenta a los pormenores de la violenta ejecución en la vía pública. Se han dejado pasar los días con la esperanza de que los daños y el resquemor se diluyan. Pero el clamor por sanciones enérgicas por parte de la autoridad, la misma que fue puesta en entredicho en hora estelar, es audible, variado, basado en sólidas razones y lanzado desde diversas esferas de actividades, posturas y creencias. Mal hará el gobierno federal, que es a quien compete establecer los correctivos, hacerse a un lado porque Azteca, al fin y al cabo, descargó toda su colérica e irreflexiva reacción contra Cárdenas a quien exigieron su renuncia. No hay que olvidar que el del DF es un gobernante electo y, a la vez, contendiente de peso a la presidencia de esta república. Gobierno que hoy es de oposición, cierto, pero también uno que es visualizado por cierta clase de empresarios como el enemigo a desterrar, como la amenaza a sus privilegios, a sus modos de operación y ambiciones. Empresarios del corte y la confección mostrada por RSP. De aquí en adelante, todo lo que difunda Azteca y bastante de lo que afirme televisa pasará por el tamiz de las referencias bajo sospecha.

Para mejor entender lo sucedido y la colérica enjundia de locutores, conductores, funcionarios o reporteros de Azteca habría que fijar la atención en su mando superior. RSP es hoy un hombre acosado por muchos inversionistas que no ven con gusto los apoyos cruzados entre sus empresas. Por la audiencia televisiva que se aleja de su programación y le desploma el rating. Por la bolsa de valores que castiga con dureza las acciones de Azteca. Por la urgencia de liquidez que lo hace retirarse de previas aventuras. Por la sociedad que le ha retirado credibilidad como informador fiable. Por los analistas del mercado que lo clasifican como un directivo poco creíble por los repetidos quiebres en sus promesas de no utilizar recursos de una compañía para fondear a otra. Por sus antiguos socios y nuevos competidores que lo han demandado ante los tribunales. Por las autoridades que le han extendido prórrogas injustas para con los demás concesionarios que sí han cumplido las reglas de competencia. En fin, por los banqueros que ven con recelo las cuantiosas inversiones que Unefon requerirá para iniciar su funcionamiento.

Bien se sabe que no es suficiente con exigir el apego a códigos de conducta difusiva que, con dramáticos resultados, pueden verse ignorados. Tampoco lo es el repudio generalizado que le ha dispensado la crítica y grandes segmentos de la ciudadanía. Hace falta una autoridad responsable y severa ante el abuso que se hace de ciertas concesiones públicas con gran influencia sobre la población. Una autoridad que no pretenda cobrar favores indebidos ni tema perder la onerosa simpatía de comunicadores interesados aún en tiempos electorales.