n Soslaya los intereses de los pueblos indígenas: trabajadores del INAH

El proyecto de ley busca concentrar el patrimonio cultural en pocas manos

n Más que obstaculizar a los inversionistas privados, se debe ordenar su participación, sugieren

Arturo Jiménez n El patrimonio cultural no ha sido visto como algo equivalente para toda la sociedad, sino como una riqueza que quiere concentrarse en pocas manos, considera la dirigencia sindical de los trabajadores del INAH, la cual advierte que en ese sentido apunta la iniciativa de ley sobre el tema que se encuentra en el Senado.

Este proyecto, consideran dirigentes, no recoge los intereses de los pueblos indígenas. ''Los desarrollos turísticos que se han dado a partir de la riqueza patrimonial no han llegado a las comunidades y grupos sociales mayoritarios, pues han sido modificados para concentrar esa riqueza en pocas manos".

Un ejemplo, dicen, es el proyecto de la ruta maya, que se remonta a 1991 y se planteó para un turismo ''ecológico" y consideraba el beneficio de las comunidades por donde pasará este corredor mediante el desarrollo económico que se generara.

En Quintana Roo, señalan, el corredor Cancún-Tulum es muestra clara de cómo todo se prepara para el turismo internacional a costa de que los pobladores salgan de sus comunidades, y otro fenómeno en ese caso es la privatización de las playas, aunque haya vestigios arqueológicos.

Reflexión y acciones colectivas

A nombre de las diversas representaciones sindicales que aglutinan a los trabajadores técnicos, manuales, administrativos, docentes e investigadores, Enrique Roura, secretario general de la delegación D-III-24 planteó algunos resultados de la ''reflexión y acciones colectivas" de ellos.

Uno de los primeros logros es la creación el pasado sábado del Frente Nacional de Defensa del Patrimonio Cultural (FNDPC), el cual realizará una marcha el miércoles 16 en rechazo a la iniciativa y en reivindicación de la herencia histórico-cultural.

-Teresa Franco dice que es un mito que el INAH pueda evitar la destrucción del patrimonio cultural del país.

-Quizá ningún recurso presupuestal daría para protegerlo desde un punto de vista serio. La tarea es monumental y los trabajadores no pensamos que esto fuera por decreto. Debe existir una corresponsabilidad con la sociedad, los gobiernos estatales, los municipales, pero bien definida.

''La diferencia no estriba en si el INAH puede o no, sino en cómo hacerlo. Lo primero es mantener una rectoría federal. No hay contraposición entre la Federación, los estados y los municipios, pues son lo mismo. No creemos que eso sea motivo para poner en litigio esa relación".

-ƑQué pasaría si eso se aprobara?

-Habría una descoordinación. Si los gobiernos estatales pudieran impulsar medidas propias, hablaríamos de consideraciones políticas acerca de lo que son los rasgos culturales, cuando estos nos vinculan por encima de los intereses políticos.

''La institución dejó de ejercer funciones que están en la normatividad vigente. Por ejemplo, el INAH está facultado para tratar de manera directa con la SEP los asuntos presupuestales. Nosotros señalamos que, si bien puede ser cierto que ningún presupuesto alcance, la situación es cómo maximizar su utilización.

''Por otro lado, hay ingresos que se generan por terceros a partir de actos que han sido cuestionados, no sólo por nosotros sino por servidores públicos y la ciudadanía, como fue el alquiler de la fortaleza de San Juan de Ulúa o de Chichén Itza. Otro aspecto son las donaciones al instituto, que no se reflejan en su labor. No se han rendido cuentas".

Absurdo, que no participe la IP

Acerca de la participación de la iniciativa privada, la dirigencia señala que se debe crear un contexto legal adecuado. ''No nos oponemos a la participación de los empresarios, lo que sería anacrónico y absurdo, pues en Europa hay esquemas de financiamiento particular".

-De manera más concreta, Ƒbajo qué condiciones verían esa participación?

-No son condiciones que pusiéramos. Hay una normatividad que tendría que instrumentarse. Se habló de estímulos fiscales hace tiempo, lo que tendríamos que hacer es regular ese ámbito: qué beneficios obtendría la iniciativa privada al participar o al aportar donaciones. Eso es una cosa y otra que dejemos de lado aspectos fundamentales como el que la iniciativa privada no debe lucrar con el patrimonio cultural.

''Lo que tenemos que hacer es regular el contexto en el que participen, sostener los principios que nos rigen de utilidad pública del patrimonio."

-ƑUstedes no ven una fórmula en que pudiera invertir la iniciativa privada y obtener ganancias, sin afectar el patrimonio?

-Hay muchas formas de participar. Por ejemplo, se genera un gran comercio alrededor de las zonas arqueológicas. Lo que no vemos es la necesidad de que la iniciativa privada las tenga en sus manos.

Sobre la participación de otros sectores sociales, comentan que se tenían comités estatales de defensa del patrimonio cultural, como el de Hidalgo, pero quienes dejaron de estimar la pertinencia de esta participación fueron autoridades del INAH.

''Entonces, Ƒel INAH puede? Sí puede ser una institución que, de una manera fortalecida, establezca los principios de conservación nacional. Ahí estaría la diferencia con lo que Franco plantea."

Los foros prometidos

-ƑParticiparán en los foros sobre la iniciativa que organizará el Senado?

-No tenemos conocimiento de ello.

-Pero fue un compromiso de miembros del Senado de realizar foros de discusión

-Bueno, eso dijo en principio el senador Mauricio Fernández Garza, pero eso no está en ningún lado.

-ƑY de darse ustedes participarían?

-Vamos a participar en todos los espacios en en los que tengamos que hacerlo y ya veríamos cómo dependiendo de la modalidad. No existe una convocatoria del Senado para la realización de foros de consulta y hasta donde los representantes de las comisiones de esa cámara nos han informado, priístas, panistas y perredistas, no se trabaja en torno de esta iniciativa.

''Si estas consultas tienen el objetivo de avalar la propuesta, nuestra participación tendrá un matiz, pero si plantean el fortalecimiento de la ley del 72, estamos dispuestos a contribuir. Reconocemos que hay esfuerzos que tienen que darse. Podríamos coincidir en la necesidad de regular la participación de la sociedad civil, de la IP, de los estados, de los municipios. Además, el hecho de que Franco pretendió imponernos a los sindicatos la discusión de este proyecto es lo que ahondó todavía más las diferencias.''

Ante lo que consideran descalificaciones de Franco (como catalogar algunas posiciones como fantasiosas), señalan: ''Quien descalifica, se descalifica. Nosotros tratamos de verter opiniones sustentadas y éstas son compartidas por una amplia capa social, el FNDPC así lo demuestra. Nunca ha habido por parte de la dirección general el interés de debatir correctamente las políticas de conservación, de difusión, que son grandes ausencias''.

Las autoridades, dicen, desconocen lo convenido en las condiciones generales de trabajo; a los trabajadores que participan se les amenaza, se les hostiga, se les vigila y se les hacen descuentos cuando se movilizan contra la iniciativa.

''Lo que nos da un elemento fundamental de lucha es el desistimiento de la iniciativa". Y con la integración del frente, ''del que sólo formamos parte", se dio un paso en la generación de información para los ciudadanos.

''Esta es nuestra prioridad. Nuestra opinión puede estar sujeta a verdad o error, pero trata de estimar las voces de múltiples sectores y movimientos. Si cumplimos con este compromiso, fortaleceremos al instituto, la defensa de nuestro patrimonio cultural y su normatividad vigente. Esperamos que las autoridades así lo asuman.

''Buscamos abrir una consulta en los estados mediante foros. La ciudadanía debe tener elementos para responder."