REVELACIONES

Los primeros resultados de la investigación del asesinato de Francisco Stanley, perpetrado el lunes en esta capital, han dejado a la vista la manipulación de masas, el manoseo de los afectos de la gente, la impunidad desinformadora y linchadora con que actuaron las principales cadenas de televisión. Asimismo, tales resultados ponen sobre la mesa preguntas ineludibles acerca de la integridad moral de ambos consorcios y sobre los criterios con que la Secretaría de Gobernación otorga permisos para portar armas de fuego y extiende documentos que acreditan a particulares como ''servidores públicos federales''.

El Servicio Médico Forense encontró cocaína dentro y fuera del organismo del locutor asesinado, así como un tabique nasal perforado, y no precisamente por los proyectiles de los asesinos. Uno de sus acompañantes en el momento del crimen, su amigo, socio y compañero de trabajo, Mario Bezares, dio resultado positivo en la prueba de drogas que se le practicó. Adicionalmente, en las ropas de Paco Stanley las autoridades hallaron una credencial que lo acreditaba como empleado de la Dirección General de Normatividad y Supervisión en Seguridad de la Secretaría de Gobernación, expedida el 11 de mayo de este año.

Las evidencias del uso de drogas en el fallecido y en su acompañante indican que entre éstos y el narcotráfico existía, por lo menos, el vínculo del consumo. Ello pone en severo entredicho los alegatos televisivos, en el sentido de que Stanley fue sólo una víctima más de la inseguridad urbana, y descubre la vasta inmoralidad del uso que se ha hecho de este crimen para acosar al gobierno de la ciudad, el cual, dicho sea de paso, no tiene bajo su control el combate a las drogas.

Adicionalmente, la revelación pone en entredicho la integridad de los consorcios televisivos que, al menos en el caso de Stanley y Bezares, colocan como custodios de los valores familiares de sus audiencias a consumidores de cocaína. En este contexto, campañas publicitarias del tipo Dí No a las Drogas se presentan como operativos de imagen profundamente hipócritas.

Es vox populi la extensión y la gravedad de las adicciones a sustancias ilícitas que recorre el llamado mundo de la farándula, especialmente la televisiva. También es secreto a voces el doble rasero social, policiaco y judicial que se hace de la vista gorda ante el consumo de drogas duras por las estrellas y que, en cambio, aplica todo el peso de la ley ųo másų contra los fumadores de mariguana y los inhaladores de solventes que carecen de fortuna, imagen, nombre e influencias y que no tienen más hogar ni horizonte social que las calles de la metrópoli. Inopinadamente, el homicidio ųexecrable e indignante, sin dudaų del animador de televisión coloca a la opinión pública ante lo que puede ser la punta del iceberg de una masiva simulación y de una cadena de complicidades que deben ser investigadas a fondo y sin contemplaciones, no sólo por un elemental principio de equidad ante la justicia, sino también porque por esa vía puede obtenerse información fundamental para atacar a las mafias del tráfico de drogas.

En otro sentido, a la luz de estos hallazgos, resulta obligado preguntarse si los empeños televisivos por convertir a Paco Stanley en prócer de algo ųno se sabe bien de quéų no tienen, como uno de sus propósitos, encubrir redes de alto nivel socioeconómico de consumidores de estupefacientes.

Por otra parte, el hallazgo de la credencial emitida por la Secretaría de Gobernación, que acredita al asesinado como servidor público federal, plantea dudas que los comunicados explicativos de esa dependencia contribuyen a aumentar. Por principio de cuentas, se dice en uno de esos boletines que Stanley solicitó en la oficina mencionada ''un permiso para la portación de arma de fuego''; en respuesta a la solicitud, se le otorgó un documento que no sólo lo facultaba para tal propósito, sino que lo convertía en servidor público.

La dependencia cometió, así, una irregularidad que debe ser investigada y, en su caso, sancionada. Para colmo, Gobernación argumenta que, al expedir la identificación referida, se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: que el peticionario ''había sido víctima de cuatro asaltos'', que ''desempeñaba labores en horarios nocturnos'', que ''le apremiaba contar con un documento que le amparara portar un arma para su defensa'', y que se trataba de ''una figura pública y conocida''.

Cabe preguntarse, entonces, si la Secretaría de Gobernación tiene por norma acreditar como funcionarios públicos ųen falsoų y autorizar el uso de armas a todos aquellos que cumplan con los requisitos mencionados.