Con motivo del asesinato inexplicable aún de Paco Stanley, se produjeron dos efectos inmediatos, que fueron, uno de indignación de un gran público sencillo y emocionado, que rechaza lo absurdo de un crimen injustificado como todos, pero otra vez inexplicable, como en los casos del cardenal Posadas, de Colosio, de Ruiz Massieu o de Polo Uscanga, para mencionar los más notorios.

El otro efecto es la actitud vil e indignada, de quienes desde la comodidad de un micrófono y sin afrontar responsabilidad alguna, piden la renuncia del jefe de Gobierno de la ciudad de México, como si él o sus equipos de trabajo fueran quienes apretaron el gatillo contra el conductor de televisión o como si la inseguridad que prevalece en todo el país fuera de su responsabilidad personal.

Lo cierto es que los crímenes violentos son el resultado de un largo proceso de degradación social, de injusticias y de desigualdades que vienen de muy atrás y de la irresponsabilidad de muchos gobiernos, tanto federales como locales.

La corrupción generalizada en ciertos medios políticos y administrativos, que sostienen que hay que enriquecerse a toda costa, que un político pobre es un pobre político y que la medida de todo es la riqueza sin medida, contribuyen al clima de inseguridad generalizada. Los violentos están dispuestos a jugársela con cierta ventaja sobre los demás, a cambio de ganancias y privilegios. No hay freno moral en muchos sectores de la sociedad y la televisión que pide a gritos desaforados la renuncia del ingeniero Cárdenas es la misma que ha contribuido con su amarillismo y su exaltación de la violencia a la falta de seguridad.

Se achaca toda la culpa a la policía capitalina, que hace lo que puede con armas y vehículos convencionales, enfrentándose con delincuentes que tripulan los mejores autos y que cuentan con las armas más potentes y mortíferas que hay en el mercado y nadie se pregunta a que policía, a la federal o a la urbana, le corresponde controlar el comercio de pistolas de grueso calibre, armas de repetición y balas de alto poder, de que disponen quienes tienen a la sociedad amenazada permanentemente.

El gobierno actual de la ciudad ha hecho sin duda alguna un gran esfuerzo por detener la violencia y la inseguridad, pero no ha contado ni con el apoyo de los medios de comunicación, que lo critican sin razón y sin medida y que omiten destacar lo que se va logrando contra viento y marea y lo que hay de positivo en la gestión.

Hay un abismo de distancia entre un jefe policiaco como Arturo Durazo y el actual Alejandro Gertz Manero; hay una diferencia radical entre gobiernos anteriores que apoyaron y promovieron giros negros, prostitución y corrupción generalizada y el actual que se ocupa de difundir cultura, promover la vida comunitaria y la participación ciudadana, con éxito local, pero nunca presentados con objetividad.

Otra diferencia que no se destaca por los medios es el combate real contra la impunidad oficial, que se refleja en cifras contundentes de consignaciones de servidores públicos, que se ha incrementado en 1.936 por ciento respecto a periodos de gobierno equivalentes en el pasado: 61 consignaciones contra mil 242 en periodos equivalentes indican que se acabó la lenidad de las autoridades y se combate realmente la impunidad de quienes delinquen. ƑQué sucedía antes? ƑPor qué tanta impunidad? La respuesta es que las mismas autoridades citadinas anteriores protegían o al menos solapaban a los delincuentes y con frecuencia los pastoreaban y explotaban, y los actuales no lo hacen.

Los medios electrónicos, tan penetrantes e influyentes, podrían ser colaboradores valiosos para combatir al crimen, para crear una cultura de la solidaridad y el apoyo mutuo, dejando a un lado su actitud escandalosa y su afán de aprovechar todo, sea lo que sea, para en un primer lugar aumentar su raiting y en segundo quedar bien con el sistema al que sirven.