Se juntaron el hambre con las ganas de comer en la Iniciativa de Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, presentada en la Cámara de Senadores el pasado 28 de abril. Los sueños de coleccionista del senador Mauricio González Garza convergieron con la encomienda descentralizadora de la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) María Teresa Franco para modificar el artículo 73, fracción XXV de la Constitución, y abrogar la Ley Federal sobre Monumentos Artísticos e Históricos y Zonas Arqueológicas.

Mauricio González Garza es un polémico parlamentario panista por Nuevo León que, en contra de algunos de sus correligionarios, defiende el uso de la minifalda. Integrante del Grupo Monterrey, ganó en 1989 la presidencia municipal de San Pedro Garza García y perdió la nominación de su partido a la gubernatura de su estado. Poseedor de una de las principales colecciones de arte en el país, ha insistido en la necesidad de legislar en materia cultural para descentralizar la responsabilidad de su custodia y fomentar el coleccionismo privado.

A diferencia de la mayoría de sus antecesores que llegaron al puesto precedidos de una significativa obra académica, María Teresa Franco fue nom- brada directora del INAH en 1992 con una trayectoria profesional de logros modestos. Pero ha hecho de la modificación de la Ley Federal de Monumentos una cruzada personal. Recientemente exhumó la teoría de los mitos geniales para evadir su responsabilidad y culpar a la comunidad institucional de los tropiezos sufridos. En una inusitada declaración, que puede ser leída como una muestra de su incompetencia, la funcionaria afirmó que el INAH no puede impedir la destrucción del patrimonio cultural del país, y que es falso que la aplicación de la legislación vigente pueda detenerla.

Las coincidencias entre el senador panista y la directora del INAH son amplias. En la elaboración de la iniciativa participó la dirección general de la institución. Hasta el momento, la directora sólo ha objetado la redacción del artículo 29 porque "puede abrir la puerta para actos ilegítimos de apropiación de un patrimonio nacional".

En el debate sobre la iniciativa de ley propuesta se cruzan dos problemas de naturaleza distinta, aunque estrechamente relacionados entre sí. El primero es si la actual legislación para defender el patrimonio cultural es o no obsoleta. El segundo es si la iniciativa de ley permite salvar los retos que plantea la defensa de patrimonio cultural.

Nadie puede negar que el INAH tiene dificultades crecientes para defender el patrimonio cultural. Pero estos problemas no son atribuibles a la ley vigente, sino a otras causas. El instituto sufre restricciones presupuestales que limitan sus posibilidades de acción. Los conflictos con el Ministerio Público son constantes, al punto de que, con frecuencia, desconoce la existencia de la ley.

Más que por limitaciones de la legislación se pierden juicios por dictámenes mal elaborados. El peso económico y la influencia en la administración pública del capital inmobiliario y de las empresas constructoras asociadas con funcionarios municipales y estatales provoca conflictos permanentes. El choque entre el uso político de los museos y los monumentos históricos y su función cultural obligó a que el 31 de octubre de 1977 se publicara en el Diario Oficial un acuerdo prohibiendo que éstos no fueran empleados con fines ajenos a su objeto o naturaleza.

Detrás de la iniciativa de ley se encuentran una idea central: abrir el camino para la desamortización del patrimonio cultural. Aunque formalmente reconoce que los monumentos y bienes arqueológicos son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, autoriza su concesión a particulares para su utilización, aprovechamiento, disposición, custodia y resguardo. Busca hacer del patrimonio cultural un negocio de particulares. Considera al coleccionismo privado como un factor de beneficio social, con lo que encubre que su principal fuente de abastecimiento es el saqueo. Pretende establecer, en abierta violación al artículo 13 de la Constitución, leyes privativas para defender a individuos en particular, señalando, en su artículo 68, que están exentos de sanción quienes tengan en su poder monumentos muebles arqueológicos "tomando en cuenta la educación, las costumbres y la conducta del sujeto".

Como sucedió con los mitos geniales de Pedro Aspe, los mitos geniales de Teresa Franco y de Mauricio González Garza buscan, tan sólo, ocultar lo obvio: el despojo de los bienes de la nación a favor de intereses particulares.