nes para simpatizantes del PRD, lo que implica conseguir y gastar ''miles de pesos''.
n Al comparecer ante la CNGV, Martí Batres pasó de acusado a acusador
Legisladores implicados en el caso Betty usan recursos de la ALDF para defenderse
n Recurren a prácticas dilatorias, presiones y chantajes, afirman
Bolívar y Armendáriz; confían en probar que no hay impunidad
Gabriela Romero Sánchez n Guillermo Armendáriz y Ariel Bolívar, quienes interpusieron el recurso de queja por el caso de la leche Betty ante la Comisión nacional de Garantías y Vigilancia, afirmaron que los diputados involucrados recurren a tácticas dilatorias y chantajes y que para su defensa utilizan abogados y asesores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Entrevistados en las escaleras de acceso a la CNGV, rechazaron que la recién constituida Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia del PRD atraiga este asunto, pues la citada instancia, argumentaron, no es suficientemente imparcial. ''Está integrada por elementos de diferentes grupos, entre ellos Corriente de Izquierda Democrática (CID), al que pertenecen los diez diputados involucrados'', acotaron.
Arméndariz Ramírez, militante del PRD en el estado de México, dijo que los legisladores acusados han recurrido a las presiones y el chantaje contra la CNGV, al advertir que si les suspenden sus derechos se pondrá en riesgo a la mayoría perredista en la ALDF.
Tras recordar las declaraciones del presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Martí Batres Guadarrama, los acusadores aseguraron que un grupo de siete u ocho abogados del órgano legislativo ha acompañado a los diputados lecheros en sus comparecencias. ''ƑDe dónde salen los recursos? ƑPor qué el despliegue de personas que los asesoran?'', preguntaron.
''Buscan crear una cortina de humo mientras sus abogados encuentran los mecanismos para alargar la investigación y, por ende, el fallo'', acotó Bolívar de los Santos, militante del PRD con registro en la delegación Benito Juárez.
Los quejosos reclaman los siguientes actos: hubo afiliados que condicionaron la obtención o disfrute de bienes o servicios a cambio de una actividad partidaria; no cumplieron con su obligación de desempeñar con diligencia, honradez, imparcialidad, lealtad y eficacia sus responsabilidades; participaron en una actividad que les reportó un lucro personal en virtud de su cargo; hicieron uso de su cargo para sobornar, presionar o pretender que se pasaran por alto faltas; utilizaron recursos para influir en la elección de los órganos de dirección del PRD y de candidatos a puestos de elección popular; hicieron uso indebido, como representantes populares y perredistas, del lema, emblema y colores del PRD.
Recordaron que el 9 de febrero se presentó un primer recurso de queja ante la CNGV y otro el 15 del mismo mes, los cuales se integraron al que interpuso Raúl Vázquez Vázquez, secretario particular del presidente del PRD capitalino, Carlos Imaz.
Ariel Bolívar y Guillermo Armendáriz afirmaron que hay pruebas contundentes contra siete de los diez diputados involucrados: Eliab Mendoza, Francisco Chiguil, Hipólito Bravo, Ignacio Ruiz, Juan González, Martí Batres, Miguel Bortolini, Miguel Angel Peláez, Ricardo Martínez Atala y Virginia Jaramillo.
Agregaron que algunos testigos de descargo incurrieron en falsedades. Por ejemplo, José Valderrama Toriz, empleado de Miguel Bortolini en su módulo, declaró que no tenía relación con el diputado local a pesar de trabajar para él, y negó que tuvieran un registro de la gente que se afilió a cambio de recibir el producto lácteo, cuando al anverso de algunas credenciales que recogió la brigada Girasol de Coyoacán aparecen su nombre y firma.
Mientras, Araceli Ruiz, encargada de uno de los lugares donde se distribuía el producto, reconoció que ''a veces'' las bolsas de plástico que contenían la leche tenían impresos los colores del PRD y que había cinco nombres, pero cuando se le pidió decirlos, asesorada por los abogados, dijo que no los recordaba.
En tanto, las declaraciones de los diputados Mendoza, Chiguil, Bravo, Ruiz, González y Batres se contradicen con las presentadas por escrito al comienzo de este proceso.
La resolución de la CNGV, concluyeron Bolívar y Armendáriz, será un mensaje para todos los perredistas: el PRD no avala la impunidad y se sanciona a quienes violan los estatutos.
Rechazan sobreseer la queja
La CNGV rechazó la solicitud de sobreseer la queja interpuesta por Armendáriz Ramírez y Ariel Bolívar, y dispuso continuar con el desahogo de pruebas por ambas partes.
Admitió las pruebas confesionales ofrecidas por los quejosos, y para ello citó a Martí Batres Guadarrama, Miguel Bortolini, Hipólito Bravo, Eliab Mendoza, Miguel Angel Peláez, Ignacio Ruiz, Virginia Jaramillo, Francisco Chiguil, Ricardo Martínez y Juan González a comparecer personalmente ''a fin de que contesten las posiciones y preguntas que en el momento se les formularán, con el apercibimiento de que si no comparecen sin justa causa se les tendrá por confesos de los hechos que en la presente controversia se les imputan''.
La comisión pidió a los demandantes presentar originales de los siguientes documentos: volantes de promoción del programa de abasto del producto Betty, a cargo de Miguel Bortolini, Eliab Mendoza, Hipólito Bravo y Miguel Angel Peláez; formato de promoción del programa y envase que contenga el nombre de los demandados, así como el logotipo de la ALDF o del PRD, así como las copias fotostáticas de los beneficiarios de la venta de la formula láctea Betty, en las que se imprime el nombre del diputado local Miguel Bortolini.
n Hace gestión social 95% de
los líderes perredistas, arguye
Enrique Méndez n Citado a comparecer por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática para explicar su participación en el escándalo de la leche Betty, el coordinador de los diputados perredistas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, pasó de acusado a acusador.
''Yo vine a cuestionar al PRD si va a castigar a quien hace gestión social'', declaró luego de casi dos horas de comparecencia ante dicha instancia, que preside el diputado Alvaro Arceo, quien no estuvo en dicha diligencia.
El legislador perredista dijo que si la Comisión de Vigilancia decide castigar a los perredistas involucrados en este caso, también tendría que sancionar a 95 por ciento de los funcionarios que dirigen al PRD, ya que casi todos realizan labores de gestión social.
Aceptó que él mismo ha realizado gestio
nes para simpatizantes del PRD, lo que implica conseguir y gastar ''miles de pesos''.
Batres Guadarrama estuvo en las oficinas de la comisión casi dos horas, y debió responder en tres ocasiones el cuestionario de 35 preguntas que se tenía preparado para su comparecencia, pues en las dos primeras oportunidades el sistema de cómputo se averió y esta minicaída del sistema lo obligó a responder aun cuando tenía el tiempo limitado.
El coordinador de la mayoría perredista en la ALDF llegó acompañado de un equipo de cuando menos ocho abogados que, según los perredistas Ariel Bolívar y Guillermo Armendáriz, quienes presentaron la denuncia por el uso político de la leche Betty, trabajan en ese órgano legislativo.
Al salir, Martí Batres evadió algunas preguntas de los reporteros que aguardaban fuera del edificio, y cuando se le interrogó si estaría de acuerdo en que se reanudara el programa de distribución de leche Betty, sólo dijo: ''No tengo nada que contestar''.
Sin embargo, señaló que en ningún momento se condicionó la entrega del producto lácteo a cambio de apoyo a los legisladores de su partido y señaló que por primera vez en la historia de la ciudad de México hay ''un gobierno honrado''.
Asimismo, se confirmó que el lunes 7 se presentará a comparecer ante la misma comisión el diputado local Miguel Bortolini, quien también está involucrado en el caso de la leche Betty.