Enrique V. Iglesias*
Privatización: herramienta para el crecimiento y la estabilidad

Ahora que América Latina se recupera de la crisis que durante los dos últimos años sacudió mercados globales y economías nacionales, debemos buscar no sólo mecanismos que eviten su repetición a corto lazo, sino que contribuyan a evitar tormentas futuras y faciliten el desarrollo sustentable. En ese sentido, la privatización es un probado instrumento cuyos beneficios podrían extenderse, en mucho mayor medida que hasta ahora, a provincias, estados, departamentos y municipios.

Uno de los talones de Aquiles de las economías de América Latina y el Caribe es la débil situación fiscal de los gobiernos subnacionales y sus frecuentes déficit. Esta fragilidad les impide extender la cobertura y calidad de sus servicios, en particular de infraestructura social y física, y constituye un obstáculo al desarrollo económico y social.

En América Latina, las privatizaciones, principalmente de empresas nacionales, han contribuido ya a mejorar la calidad de la vida y a facilitar el crecimiento y la estabilidad de las economías.

La calidad de vida se ha elevado al extenderse servicios tales como telecomunicaciones, agua corriente y electricidad a sectores cada vez más amplios de la población; a la mayor cobertura se suma mayor variedad y mejor calidad. Todo ello, a la vez, facilita la actividad económica en general.

Las privatizaciones han mejorado la situación fiscal y económica al cortar subsidios, expandir ingresos mediante impuestos a las empresas privatizadas, y reducir los onerosos empréstitos estatales. También han estimulado la inversión nacional y extranjera, fortaleciendo la balanza de pagos. Esa inversión primero directa y a largo plazo, en particular en infraestructura, atrajo luego grandes inversiones en cartera. Estos recursos han aumentado la competitividad y eficiencia de las empresas y de las economías en general y fomentado el desarrollo de los mercados de capital. Asimismo, las privatizaciones han demandado al tiempo que han impulsado reformas en políticas económicas y marcos legales y regulatorios.

Esos beneficios han comenzado a extenderse a los gobiernos subnacionales. Estos generalmente no cuentan con fondos suficientes para realizar sus tareas básicas, en gran medida porque tienen ingentes recursos atados en ineficientes empresas de energía, transporte, comunicaciones, agua y alcantarillado, limpieza urbana, mercados, instalaciones deportivas y servicios varios. Los problemas que han obligado a privatizar empresas nacionales se repiten a nivel subnacional, situación que se agrava porque, en verdadero círculo vicioso, la fragilidad de las finanzas y de la estructura institucional de los gobiernos locales impide su acceso a los mercados de capital. En los países industriales, en contraste, los gobiernos subnacionales financian gastos e inversiones con créditos bancarios y emisiones de bonos a largo plazo.

Intereses comunes

La experiencia del BID, que ha venido apoyando la privatización mediante préstamos y asistencia técnica, muestra que más allá de discrepancias ocasionales, gobiernos, inversionistas y usuarios comparten las metas de la privatización. En ese sentido, vale la pena destacar que:

La privatización es en particular exitosa cuando es emprendida por gobiernos comprometidos con ella y goza de apoyo político. Por ello debe ser transparente y el público debe ser informado bien y con antelación.

A fin de maximizar beneficios para todas las partes, su objetivo debe ser mejorar la eficiencia económica, no simplemente aumentar el ingreso fiscal.

Debe ser realizada de forma de fomentar la competencia y evitar monopolios. Una estrategia antimonopólica, digna de considerar, es la fragmentación de la industria, que tiene la ventaja adicional de crear múltiples actores interesados en preservar una conducta gubernamental adecuada.

La privatización también debe enfatizar la participación nacional y local a fin de crear numerosas partes interesadas en conservar el marco privatizador.

Los costos sociales deben ser minimizados mediante indemnizaciones por despido, seguro de desempleo, información sobre empleo y capacitación.

Los marcos legal y regulatorio y los organismos de supervisión deben ser modernizados y fortalecidos, y deben crearse, cuando sea necesario, consejos de fijación de precios para evitar cambios en la política gubernamental.

Las reglas del juego deben ser claras en cuanto al ``riesgo moral'' y a la primacía del mercado: fuera de casos excepcionales, los gobiernos no rescatarán proyectos o inversionistas fracasados. Los subsidios serán suprimidos, excepto que la provisión de servicios no sea posible para los pobres o en áreas remotas, o por motivos ambientales. En ese caso, la aprobación y distribución de partidas presupuestarias deben ser transparentes y seguir políticas bien definidas.

Tal como ha ocurrido a nivel nacional, a escala subnacional la privatización puede apoyar y complementar la reforma administrativa, institucional y financiera. Gobiernos eficientes y dotados de nuevos recursos podrían lograr la autonomía fiscal y concentrarse en necesidades básicas tales como salud y educación.

La privatización liberaría más energías del sector privado y atraería recursos, tecnología y técnicas modernas de gestión a la provisión de bienes y servicios. Asimismo, contribuiría a crear una relación más equilibrada entre instituciones públicas y sociedad civil.

Al fortalecer a las economías y finanzas nacionales subnacionales, la privatización podrá convertirse en herramienta de estabilización macroeconómica y de desarrollo a largo plazo. Estas son las condiciones básicas para reducir la vulnerabilidad ante los vaivenes de un mercado internacional que ha mostrado ser menos previsible, y menos racional, de lo que pensamos en un principio.

* Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo