ƑCuál es el origen de las reformas constitucionales?

El origen fue una negociación ilegal entre funcionarios públicos y guerrilleros.

ƑCuál es el propósito de las reformas?

Convertir a Guatemala en un Estado indígena, del cual quedarían marginados los no indígenas.

ƑCuál es la parte más importante?

Es la que divide a los ciudadanos en indígenas y no indígenas, y le otorga a los indígenas más derechos que a los otros ciudadanos.

Vote No.

Liga Pro-Patria. Guatemala, 14 de mayo 1999.

Con un abstencionismo cercano al 80 por ciento, pero con una proporción de 2 a 1 se impuso en Guatemala el pasado domingo 16 de mayo el rechazo al paquete de reformas constitucionales que buscaban darle piso jurídico a los acuerdos de paz firmados entre la URNG y el Estado en diciembre de 1996. Sin embargo, fue la reforma en materia indígena la que polarizó al país y provocó la conversión del racismo cotidiano de la sociedad guatemalteca en un proyecto político explícito de la oligarquía.

En materia indígena las reformas propuestas eran de un alcance meramente simbólico: se encuentran por debajo de lo que establece el actual artículo 4Ɔ de la Constitución mexicana. Contenían la declaración de que Guatemala es una nación pluricultural, multiétnica y multilingüe, se reconocía a las autoridades tradicionales; pero no se les reconocían competencias, se elevaba a rango constitucional el derecho al uso del traje indígena, se abría la puerta para la oficialización de los idiomas indígenas y se permitía el acceso a los lugares sagrados siempre y cuando se respetara la propiedad existente. Asimismo se reconocía el derecho consuetudinario con dos limitaciones de fondo para impedir la conformación de una jurisdicción: voluntariedad entre las partes y no afectación a terceros.

No se trataba de reformas que incluyeran derechos políticos ni jurisdiccionales. No tocaban el asunto de tierras ni de recursos naturales. Casi se limitaban a reconocer la naturaleza pluricultural de un país que cuenta con 22 pueblos indígenas, la mitad al menos de la población nacional. Las reformas no reconocían derechos significativos, tan sólo testimoniaban la existencia de los pueblos indígenas. Pero la oligarquía dijo no.

Para ello recurrió, como diría Carlos Figueroa, al recurso del miedo y la mentira. Al tremendismo. A la conversión del racismo de siglos en un programa político y al uso de su control monopólico de los medios de información como correa de transmisión, sistema nervioso de la rabiosa oposición al reconocimiento de que la nación guatemalteca es diversa y que los pueblos indígenas deben tener derechos. Después de una guerra interna en la que los pueblos mayas durante las campañas de tierra arrasada cargaron con el dolor de haber sufrido, según el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 600 masacres documentadas, ahora se les acusa de querer privilegios y de buscar más derechos que los demás.

Esta oposición al reconocimiento de derechos y al vaciamiento de los acuerdos de paz ya había tenido tres antecedentes peligrosos: la campaña contra la ratificación del Convenio 169, el cual finalmente se aprobó con la conocida enmienda "salvo que no contradiga a la Constitución"; las jornadas inducidas por la derecha contra la aprobación del Impuesto Unico sobre Inmuebles (IUSI), destinado a financiar los acuerdos de paz y que no fue ratificado, y el asesinato de monseñor Gerardi, que sigue en la impunidad.

Pero ahora los poderes fácticos que gobiernan Guatemala: las cámaras empresariales, sectores del ejército y la mayoría de los medios de comunicación cerraron filas contra la reforma constitucional, polarizaron al país en torno al tema indígena como en 1954 en relación con la reforma agraria, y colocaron al proceso de paz, al gobierno, al sistema de partidos (todos ellos se manifestaron por el sí) y al movimiento ascendente de los pueblos indígenas en una encrucijada peligrosísima.

Aún es prematuro determinar cómo influirá el no guatemalteco en el debate mexicano sobre los derechos indígenas. Seguramente será empleado por los sectores más duros para confirmar su oposición y reiterar que es una demanda que carece del respaldo social. Por el contrario, la sombra de incertidumbre y temor que el no proyecta sobre la sociedad guatemalteca demuestra que o los países buscan fórmulas de convivencia en la pluri e interculturalidad o se empantanan en conflictos sin fin y espirales de violencia que terminan cuestionando la viabilidad misma de la nación.

El no guatemalteco ha desatado, en ese país, el rostro más duro del racismo y le ha otorgado una legitimidad política largamente buscada. Con su intransigente defensa de privilegios y exclusiones, la oligarquía ha dejado servida de nueva cuenta la mesa para un conflicto de gran envergadura en esa entrañable tierra de belleza compulsiva.