Hoy nos preocupamos por el problema del agua y los estragos causados en campos y ciudades por una grave sequía, anunciada por la ciencia, pero no atendida a tiempo ni adecuadamente por la sociedad y el PRI- Gobierno federal. Pero el problema no es coyuntural ni afecta sólo a los estados del norte; la viabilidad futura de la Zona Metropolitana del Valle de México y la calidad de vida de los 22.4 millones de habitantes previstos para el 2010, depende de cómo enfrentemos hoy, y en los años venideros, técnica y socialmente, el abastecimiento, consumo, reutilización y desalojo del agua en la cuenca del Valle de México.

El agua es un recurso irreproductible que sólo podemos cambiar de lugar en el territorio ųafectando su disponibilidad en áreas determinadasų o inutilizar para el uso humano mediante su contaminación. La metrópolis en expansión agotó los limitados recursos de agua de la cuenca del Valle de México donde se asienta, a más de 2 mil metros de altura; urbanizó las reservas forestales, pavimentó las áreas de absorción del subsuelo, cambió los cauces naturales de escurrimiento, sobreexplotó los mantos acuíferos y los contaminó, abrió cauces para el desalojo de las aguas pluviales y negras contaminadas hacia las cuencas bajas del país; y el proceso continúa inexorablemente.

Una parte muy importante del agua que consumimos proviene de cuencas más bajas (Lerma y Cutzamala), situadas a 130 kilómetros de distancia; requiere costosas obras hidráulicas y se gasta una enorme cantidad de energéticos y recursos monetarios para subirla y conducirla a la ciudad. Otra parte se extrae, con alto costo energético, de pozos profundos, cuya sobreexplotación causa hundimientos graves del suelo.

Desde 1995 no se reciben cantidades adicionales de agua, a pesar de que el crecimiento urbano continúa; el déficit actual en el DF equivale a 3 mil litros por segundo. El 35 por ciento del caudal se pierde por fugas en la tubería. Gastamos más agua por habitante que otras grandes ciudades del mundo desarrollado, aunque el consumo es muy desigual: hay colonias populares que carecen totalmente de ella (en Iztapalapa, por ejemplo), y viviendas, comercios y sitios recreativos de lujo donde se despilfarra en muchas formas. La disponibilidad de agua no aumentará en los próximos años, pues las nuevas obras en el Cutzamala y el Temascaltepec aún no se inician y enfrentan la oposición de sus habitantes y abanderados políticos. Las obras de tratamiento de aguas negras son insuficientes y el uso de agua tratada es aún limitado. Los usuarios, sobre todo los mercantiles, pagan sólo una parte mínima del costo real del agua que usan.

Paradójicamente, viene luego el titánico y costoso desalojo de las aguas negras y de lluvia no absorbidas por el subsuelo ųsimbolizado por el megaproyecto del drenaje profundoų, mientras el subsuelo se hunde por la sobreexplotación del acuífero y destruye el drenaje. Vaciamos millones de metros cúbicos de agua altamente contaminada a los ríos y al mar, afectando la salud y economía de los ribereños. Pagamos un alto costo social, económico y ambiental por traer y subir el agua al valle y luego por sacarla y bajarla de aquí. Este panorama fue agravado seriamente por el recorte presupuestal y la negativa a autorizar el endeudamiento solicitado por el gobierno del DF para 1999, irresponsablemente votados por el PRI-Gobierno-PAN en la Cámara de Diputados.

Esta contradicción del crecimiento y operación urbana no es sólo un problema técnico o financiero. Involucra al patrón de crecimiento urbano aplicado y/o aceptado por los gobiernos priístas durante más de cuatro décadas; a las formas de consumo impuestas por la producción y el comercio y asumidas por la población; a las acciones de los grandes propietarios del capital, a las empresas constructoras, fraccionadoras e inmobiliarias; a los urbanizadores populares y las condiciones de pobreza que los obligan a ocupar terrenos inadecuados; a los organismos públicos federales y locales que son parte activa en estos procesos; a los técnicos que tomaron opciones unilaterales y equivocadas; y a la falta de un consenso social democrático que construya, aplique y respete una regulación eficaz y socialmente equitativa para el crecimiento urbano y el manejo hidráulico.