México carece de una política de desarrollo para sus regiones. El gobierno federal la sustituye con políticas particulares de dimensión regional, como las de combate a la pobreza y otras más que distan mucho de ser el equivalente de una estrategia de desarrollo territorial. Además, debido al doble fenómeno de la concentración económica y de la centralización de las grandes decisiones estratégicas, los agentes locales desempeñan un papel menor y en ocasiones francamente nulo en la determinación de las condiciones generales que propician o entorpecen el crecimiento económico. Las medidas de política pública que afectan el desenvolvimiento de largo plazo de las regiones fueron y, en gran medida, siguen siendo diseñadas, adoptadas y ejecutadas a escala federal.

En vista de lo anterior, las políticas centrales que afectan el desarrollo regional y territorial de la economía operan y adquieren significados muy diferentes en función del régimen de política económica imperante. En este sentido, la reforma estructural iniciada desde la década pasada marcó una importante transformación en el modo en que aquellas políticas influyen en la dinámica económica de las regiones. En el régimen de políticas públicas anterior a dicha reforma, las medidas decididas en el centro influían en las elecciones de localización regional de los agentes económicos clave a través de instrumentos legislativos y de regulación. Dichas medidas (incentivos fiscales, por ejemplo) eran producto del proceso político y administrativo federal. Las prioridades estratégicas, programáticas y políticas de quienes las diseñaban terminaban por ejercer un peso decisivo en el ámbito regional.

En el modelo de desarrollo promovido por la reforma económica, en el que se supone que las fuerzas del mercado operan con mayor libertad, la política pública que se decide a escala federal desempeña teóricamente una mera función de "acompañamiento" de los comportamientos microeconómicos de los agentes. En otras palabras, la política pública es concebida en este caso como un instrumento que facilita la realización de iniciativas privadas, sin pretender sustituirlas. En principio, su misión es asegurar la estabilidad de los grandes agregados económicos y financieros, reducir los costos de transacción, garantizar los flujos de información y crear certidumbre jurídica. Idealmente, este enfoque general se complementa a escala regional con medidas compensatorias que aligeren o disminuyan en las primeras etapas de la liberalización económica los costos sociales del ajuste y la reconversión que suponen la transición del "viejo" régimen de política económica al "nuevo".

Sabemos que este complemento ideal no estuvo presente en México. Pero lo que sí produjo la reforma estructural es la profundización de un conjunto de tendencias, aparecidas desde el inicio de la década pasada, hacia la redistribución regional del crecimiento económico. El despliegue de estas tendencias ahonda la fractura entre las regiones meridionales y norteñas de la nación. El examen de los diversos indicadores de producción, formación de capital, empleo, bienestar, educación e infraestructuras muestra claramente que la brecha entre el conjunto de los estados meridionales y el resto del país se ensanchó en los últimos tres o cuatro lustros. Al mismo tiempo muestra que el conjunto de los estados fronterizos del norte y los que forman su entorno geográfico más inmediato hacia la costa del Pacífico y centro norte de la república, son la sede territorial de las ramas productivas y las empresas que tienden a concentrar la mayor parte del dinamismo agropecuario e industrial de la nación desde la segunda mitad de la década pasada.

El crecimiento de esta fractura territorial del crecimiento y el desarrollo económicos tiene obvias implicaciones para las políticas públicas y suscita múltiples interrogantes. ƑQué papel deben desempeñar los gobiernos federal y estatales para frenar el crecimiento de esta brecha indeseable? ƑCuáles son los márgenes presupuestales y financieros de actuación que tienen disponibles para ello? ƑQué políticas y líneas de acción son más apropiadas, eficientes y sostenibles? ƑCómo garantizar la participación efectiva de los agentes económicos y sociales de las regiones? ƑQué mecanismos institucionales de coordinación y evaluación de programas se tienen a la mano o deben diseñarse? Será difícil encontrar respuestas adecuadas en ausencia de una verdadera política de desarrollo regional.