n Su fallo atenta contra la certidumbre política, afirma el tricolor

Apelan PRI y PRD de la resolución del IFE sobre gastos de campaña

n Evadió su responsabilidad de conocer el fondo de la denuncia, señala el partido del sol azteca

Alonso Urrutia n Los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática presentaron sendos recursos de apelación ante el Tribunal Federal Electoral en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), relacionada con la denuncia perredista en contra de los excesivos gastos de la campaña presidencial priísta de 1994.

La representación del PRD acusa a la Comisión de Fiscalización del IFE de haber violado en dicha resolución ''los principios de legalidad, objetividad y exhaustividad'', con lo cual evadió su responsabilidad de conocer el fondo de la denuncia al declararla parcialmente improcedente.

A su vez, el Revolucionario Institucional interpuso un recurso de apelación en contra de la decisión del Consejo General del instituto, por considerar que su fallo atenta contra la certidumbre jurídica, pues abre la puerta para que se juzgue dos veces los mismos hechos, se aplique la ley de manera retroactiva y se rompa el ''principio de preclusión''.

Doble impugnación

En sendos documentos, entregados la medianoche del pasado lunes, se impugna por diversas causas el fallo del Consejo General del IFE. En el extenso documento perredista se acusa a esta instancia de violar los principios de objetividad y legalidad, al interpretar de forma aislada el artículo 270 del Código Electoral.

De acuerdo con el Partido de la Revolución Democrática, otros preceptos incluidos en el mismo código señalan procedimientos especiales cuando un partido denuncia la violación sistemática de otro instituto político de sus obligaciones comiciales. También afirma que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) otorga a la autoridad en la materia facultades más amplias para investigar presuntas irregularidades.

Precisa que para cumplir un procedimiento administrativo basta cubrir dos requisitos fundamentales: aportar elementos de prueba y que éstos permitan presumir un incumplimiento grave y sistemático de obligaciones de un partido político.

De las disposiciones se desprende que el IFE está obligado a estudiar de manera integral y exhaustiva los puntos que le son denunciados, y no sólo uno en concreto. ''Si no se procediera así, pudiera haber retraso en la solución de las controversias, lo que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica sino que podría conducir a la privación irreparable de los derechos''.

El PRD acusa al Consejo General del IFE de no fundar su declaración de improcedencia, e imputa a la Comisión de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos el incumplimiento de sus facultades, toda vez que el PRD acopió nuevos elementos de prueba que reabren el expediente del gasto de campaña priísta, y señala que era obligación del instituto perfeccionar las pruebas.

La comisión puede solicitar a las autoridades competentes la documentación necesaria para corroborar la veracidad de los elementos de prueba.

A su vez, las autoridades están obligadas a proporcionar los informes para que el Instituto Federal Electoral cumpla con sus funciones fiscalizadoras.

''La Comisión de Fiscalización ųafirma el PRDų, al emitir el dictamen de la resolución que se impugna, omitió sin causa legal realizar las investigaciones que le fueron solicitadas, para lo cual tiene facultad expresa en la materia; en consecuencia, hay violaciones a la ley, pues al valorar las probanzas ofrecidas derivó en una resolución incongruente''.

La visión del PRI coincide en violaciones legales en que incurrió el IFE, pero en detrimento de la certidumbre jurídica que requieren los partidos políticos y la autoridad.

Al mismo tiempo, acusa al PRD de pretender ''imponer de forma retroactiva y sin ningún fundamento sanciones previstas en el Cofipe''.

Con ello, se busca darle un efecto retroactivo a una denuncia sobre hechos que ya ''precluyeron'' y que, en su momento, valoró el propio IFE.

El tricolor señala que la denuncia perredista adolece de una ''notoria ambigüedad, imprecisión y oscuridad, porque se presentó cuando ya había operado la preclusión, la autoridad de la cosa juzgada''.

Afirma además que a la queja perredista le falta sustento constitucional y jurídico, al pretender que se impusieran sanciones al PRI con base en supuestas irregularidades que jamás fueron demostradas de manera fehaciente, pretendiendo que se aplique una normatividad emitida con posterioridad a los hechos que son materia de la queja.

De igual forma, el Revolucionario Institucional impugna que las pretendidas pruebas que aporta como novedad el PRD, en su ''temeraria'' denuncia, son solamente copias fotostáticas que carecen de valor jurídico alguno.

Finalmente, en su impugnación a la resolución del IFE de no desechar absolutamente la denuncia perredista, el tricolor argumenta que existe una caducidad, toda vez que los partidos están obligados a conservar por espacio de un año los documentos que acreditan los gastos de campaña.

Además, en dado caso, no podía aplicarse infracción alguna, pues las sanciones previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fueron derogadas en noviembre de 1996, concluyó.