OMBUDSMAN: AVANCE CONSTITUCIONAL
La Cámara de Diputados aprobó ayer, finalmente, las reformas constitucionales necesarias para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la del Distrito Federal y las de las otras entidades de la República tengan autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios. Tal medida es un avance importante en la construcción de la figura del ombudsman en nuestro país y, en consecuencia, puede traducirse en un fortalecimiento de la lucha por la vigencia plena de los derechos humanos.
Cabe felicitarse por ello, pero ha de lamentarse, también, que los derechos laborales y electorales hayan quedado, debido al empecinamiento de los diputados priístas, fuera de la jurisdicción de las comisiones de derechos humanos. La inclusión de los asuntos laborales en las atribuciones del ombudsman se topó con la férrea oposición de las cúpulas obreras del partido gubernamental, las cuales vieron en ello un peligro a su control sobre diversas organizaciones sindicales. En lo que respecta a los temas electorales, el PRI en pleno se opuso a que pudieran ser atendidos por las comisiones referidas. Ambas negativas expresan claramente los temores del aparato oficialista a perder lo que le queda de sus vetustos y vergonzosos mecanismos de control político. De esta forma, las legislaturas venideras tendrán que ocuparse de restituir a los derechos laborales y electorales su condición de derechos humanos, y es de esperar que ello ocurra más temprano que tarde.
En otro sentido, por lo que hace al fortalecimiento de las comisiones de derechos humanos, es pertinente subrayar que éstas, tras casi una década de existencia, enfrentan una situación de perceptible desgaste. En varias entidades de la República, tales instituciones se perciben, incluso, como una dependencia más del Ejecutivo local, como una oficina a las órdenes del gobernador en turno. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por su parte, ha experimentado una perceptible erosión en su credibilidad moral. Episodios centrales de este declive son sus deficientes actuaciones ante las masacres de Acteal y San Juan del Bosque, Chiapas, y ante los sucesos de El Charco, Guerrero, así como su falta de voluntad para turnar recomendaciones inequívocas ante violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de las fuerzas armadas.
El marco constitucional aprobado ayer abre perspectivas propicias para una renovación de las comisiones referidas, las cuales, si buscan ser eficaces, deberán fortalecer su credibilidad y su autoridad ante la sociedad, una tarea por demás urgente si se considera el deterioro y la crisis ųdocumentados en innumerables ocasiones por organismos independientes nacionales e internacionalesų por la que atraviesan los derechos humanos en nuestro país.