Algunos senadores del PRI, según el reportaje de La Jornada a cargo de Andrea Becerril, dijeron en declaraciones relativas a las reformas aprobadas por los diputados al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe), que "no pasarán", e hicieran énfasis en que no aprobarían las candidaturas comunes, el voto de nuestros connacionales que se encuentran en el extranjero y la fiscalización de las campañas y precampañas de los partidos y candidatos.

En ese tenor, el senador Eduardo Andrade llegó al extremo de decir que no votarán a favor de modificaciones electorales que "llevan el solo propósito de perjudicar al PRI".

Esta expresión evidentemente es indicativa de una deformación de los criterios que debieran prevalecer en los debates para la modificación de las leyes. No me refiero, por supuesto, sólo al senador Andrade, sino a una forma de ver las cosas en el Poder Legislativo que cada vez se enfoca más al beneficio o perjuicio a los partidos y menos en lo que pueda servir a la nación: es oportuno, por tanto, recordar el precepto constitucional (artículo 51), el cual dispone que la Cámara de Diputados se integra con representantes de la nación, y el que determina (artículo 56) que los senadores son representantes de los estados y del Distrito Federal.

Los diputados y senadores no son, por tanto, representantes de sus partidos ni de sus sectores, como establecía esa costumbre ya en desuso; no lo son tampoco ni siquiera de las entidades geográficas en las que obtuvieron sus votos; son representantes de la nación y de la federación, que son dos nombres de la misma entidad, que es el Estado mexicano en su totalidad, y deben velar por el bien de esta entidad colectiva y no preocuparse mucho ni poco si las reformas legales a discusión, perjudican o no a un partido. Los partidos son pasajeros, la patria permanece; los partidos con frecuencia buscan intereses parciales; a la nación y a una política nacional le interesa el bien de toda la colectividad.

Además, no es aceptable de ninguna manera pensar que los avances en materia democrática, necesariamente perjudican al PRI; más bien tenemos que pensar que buscan fórmulas en favor de procesos electorales equitativos y apegados a la ley; a larga, serán benéficos aun para el partido que sigue aferrándose a la "oficialidad" de que nació.

Un PRI sin las muletas del apoyo financiero y político de la administración pública será, en un futuro posible, uno de varios partidos que, en igualdad de circunstancias, competirá con otros por los cargos públicos.

No se trata de perjudicar a un partido en particular; así creerlo es aceptar que hoy lo beneficia el actual sistema. Se trata de dar un paso más hacia la nueva estructura de un país plenamente democrático. Por lo que se ve, el PRI se empeña en autoexcluirse de esa nueva estructura política.