Es posible que detrás de los lamentables hechos de violencia que sucedieron el miércoles pasado en el Reclusorio Preventivo Norte, y sobre todo en el paro laboral que tuvo lugar al día siguiente, haya motivaciones que rebasan el ámbito carcelario. No lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que las ancestrales condiciones inhumanas de incapacidad, corrupción y deficiencia de nuestros reclusorios, que comienzan a preocupar a la ciudadanía, tanto como la seguridad pública, y a la que ésta ve incluso relacionada de algún modo con aquellas, propician objetivamente este tipo de acontecimientos, que ya son presagios de males mayores.

Con mayor razón entonces las actuales autoridades harían muy bien en poner en práctica con urgencia la propuesta para la mejoría de los reclu- sorios y los centros de readaptación social del Distrito Federal, que con tanta imparcialidad, objetividad, claridad y serenidad dio a conocer la Comisión de Derechos Humanos del DF ocho días antes.

En ella se reconoce que no se cuenta todavía con una política integral y coherente, orientada al objetivo de la readaptación social del delincuente, por medio del trabajo, la capacitación para éste y la educación, tal como lo ordena el artículo 18 de la Constitución. Y con profesionalismo se señala una docena de problemas detectados: ausencia de formación y capacitación adecuadas en todos y cada uno de los puestos del sistema penitenciario; salarios bajos del personal de apoyo, especialmente custodios y técnicos, en relación con los del personal de confianza; falta de rotación de aquéllos en los diferentes centros de detención; falta de motivación al personal de base para el desempeño de sus funciones, y excesivos privilegios sindicales; sobrepoblación; condiciones deplorables de hacinamiento y promiscuidad; ausencia de una adecuada clasificación de los internos, con base en su situación jurídica (procesados y sentenciados) y al grado de su peligrosidad; deficiente mantenimiento y limpieza de las instalaciones; alimentación insuficiente y distribuida inequitativamente; proliferación de tiendas de diversos giros, que no cumplen con los requisitos previstos en el reglamento; número insuficiente de médicos y medicamentos, y, por fin, ausencia de un plan de readaptación social que presente a aquellos que han purgado penas, alternativas reales de inserción, útil a la sociedad.

Para mejorar estas condiciones, y teniendo en cuenta el Proyecto de Ley de Ejecución de Sanciones para el Distrito Federal, presentado por el Gobierno de la ciudad a la Asamblea Legislativa en febrero de este año, la CDHDF propone con precisión una serie de acciones en siete rubros: personal, sobrepoblación, clasificación, instalaciones, tiendas, servicios médicos y tratamiento para la readaptación social.

A la luz de los hechos del miércoles, es imprescindible que se organice cuanto antes un plan integral de detección y abatimiento de la corrupción, que abarque, entre otras cosas, mecanismos rigurosos de control, que impidan el tráfico de drogas, alcohol u objetos prohibidos, mediante el uso de medios modernos electrónicos de detección, tal como lo sugiere la propuesta.

Y teniendo en cuenta lo que sucedió el jueves, es también imprescindible que se incrementen los salarios del personal de base y del personal técnico, y que se mejoren las condiciones laborales del personal penitenciario, particularmente aquel que trabaja turnos de 24 y 48 horas, destinando áreas adecuadas para los lapsos de descanso.

Al mismo tiempo, es importante que se tomen ya medidas para construir por lo menos un nuevo centro penitenciario, pues no se pueden seguir ampliando al infinito los ya existentes, y que se levante un censo que muestre con exactitud la situación jurídica de cada preso, determinando en qué casos procede el otorgamiento de beneficios o fianzas de interés social, y cuál es la fecha precisa en que debe ser puesto en libertad. Sería igualmente aconsejable que para la remisión parcial de la pena se estudiara la posibilidad de considerar las actividades educativas, aun si el sujeto no ha trabajado, y que desde luego se conciba un plan integral de readaptación, que abarque cuatro áreas fundamentales: educación, trabajo, cultura y relaciones con el exterior.