En las últimas semanas, los habitantes de la ciudad de México, y seguramente de otras regiones del país, hemos tenido que sufrir una serie de apagones o cortes de la energía eléctrica, cuyo origen se antoja de carácter político, o más correctamente delictivo, fácilmente tipificable como sabotaje.

En esta semana que termina, varias zonas de negocios y oficinas llegaron a tener hasta diez cortes eléctricos en su jornada de trabajo, con duraciones que oscilaron entre 30 segundos y dos minutos, generando enormes problemas técnicos y administrativos en sucursales bancarias, radiodifusoras, consultorios médicos y empresas diversas. Estos patrones de fallas se repiten cada vez con mayor frecuencia (cada ocho a diez días en una zona determinada) y parece ir variando en el transcurso de las semanas.

El propósito de todo esto pareciera ser el convencimiento de la sociedad de que nada bueno debe esperar de la Compañía de Luz, ni de la Comisión Federal de Electricidad, mientras estas empresas no se privaticen. El argumento es contundente y muestra la creatividad y el convencimiento de quienes son responsables del sector eléctrico, principiando por el secretario de Energía.

Claro que la estrategia nos deja ver la facilidad con la que el equipo de gobierno podría ``demostrarnos'' las conveniencias de privatizar la salud, la educación, y prácticamente cualquier otra de las funciones que las leyes le asignan.

El problema que enfrenta la sociedad mexicana es serio: ¿cómo aceptar que podamos seguir manteniendo y soportando a un grupo de funcionarios capaces de utilizar el chantaje y el sabotaje como formas de gobierno?

La conducta desde luego no es nueva; cada vez que se toma una decisión gubernamental que afecta los intereses de la sociedad, los ciudadanos somos víctimas de todo tipo de amenazas y vaticinios de catástrofe para el caso de que se genere resistencia a la decisión. Así ha sido en el caso del Fobaproa, lo fue con la creación de las Afores, igual con el incremento del IVA y con la privatización de Telmex.

Lo que aquí es nuevo, es que de las amenazas se esté hoy pasando a los hechos, sin que la sociedad pueda articularse para oponer resistencia a estas conductas criminales.

En una encuesta reciente realizada por la Fundación Arturo Rosenblueth en todo el país, encontramos que la inmensa mayoría de los mexicanos (70 por ciento) se opone a que el sector eléctrico sea vendido a extranjeros. Sin embargo, gracias al prestigio de que goza el gobierno y la confianza que se ha ganado entre la población, también la mayoría opina que es conveniente quitarle la administración de los energéticos; las alternativas que quedan son muy reducidas.

Una de ellas sería la conformación de un organismo autónomo que rinda cuentas al Congreso y cuyos excedentes de operación sean dedicados a ampliar la capacidad de operación y a mejorar la calidad del servicio (en este sentido se orienta la posición de los trabajadores del sector eléctrico).

La otra opción es la venta exclusiva del sector a empresarios nacionales, y ello limitada a las nuevas inversiones, lo cual no es posible gracia al TLC con los Estados Unidos y Canadá, que obliga al gobierno de México a licitar internacionalmente los recursos que se privaticen. Este hecho saca a relucir aspectos del TLC desconocidos hasta ahora, y que constituyen verdaderos actos de depredación de nuestro patrimonio nacional.

Lo más desafortunado del caso es que la privatización promovida por el Poder Ejecutivo, lejos de responder a una necesidad como se plantea, es el resultado de órdenes o presiones extranjeras. Así, la administración de Zedillo manifiesta una vez más su naturaleza de gobierno de ocupación ajeno y contrario a los intereses de México.