Ante la información de haber sido declarado persona no grata en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por el alcalde local priísta, Mariano Alberto Díaz Ochoa, dirigente del grupo de ``auténticos coletos'', quisiera manifestar que, viniendo de quien viene, me siento profundamente honrado por la distinción.

Qué bueno que los ``auténticos coletos'', y quienes piensan como ellos en la casa de gobierno de Tuxtla, admiten que no les resulta grata la lucha contra la existencia de paramilitares en la entidad. Así será más fácil distinguir dónde empiezan y terminan los grados tenues de diferencia que hay entre la ``jitomatología de la violencia coleta'', el linchamiento vía los medios de comunicación y el terrorismo de la violencia paramilitar.

Es una distinción también que una minoría tan aislada y desprestigiada como la que representa el Frente Cívico Sancristobalense considere que mi presencia como diputado federal en la ciudad real sólo les provoca inestabilidad. Ojalá y que nunca llegue a ser ``estable'' ese ejercicio de la violencia capaz de ir desde la acumulación de un arsenal de huevos y jitomates podridos, símbolos probables de la gobernabilidad interina, hasta la acumulación de armas de alto poder que ahora parecen regresar a las manos de las autoridades del estado en la supuesta entrega de armamento de los paramilitares, disfrazados de zapatistas, al gobernador Albores.

Afortunadamente, las inquietudes de los ``auténticos'' no son compartidas por la mayoría de los habitantes de San Cristóbal de las Casas, ciudad que día con día se ha abierto a la tolerancia y a la pluralidad, y que ha sido anfitriona en varias ocasiones de las negociaciones de paz para resolver el conflicto armado que vive el estado.

Si haber asistido a un foro legislativo y plural sobre la Iniciativa Albores de Derechos Indígenas, resulta ``perjudicial'' para estos representantes de la ``coletidad pura'', ojalá existan más y más foros como el que se celebró el pasado sábado con miembros de todas las fracciones legislativas de oposición del Congreso local, más de 20 organizaciones indígenas y autoridades de 35 municipios, en el que se rechazó tajantemente dicha iniciativa.

El grupo de ``auténticos coletos'' decidió ese sábado dar un paso adelante en su larga historia de repudiar, lanzando cuanto proyectil encuentra, todo acto cívico o legislativo que se realice sobre los asuntos relacionados con la paz en Chiapas. Ahora, pretenden arrogarse el derecho de recibir con la violencia a todo aquel que difiera de sus puntos de vista.

Esta intolerancia tiene el límite que le da el carácter minoritario de los coletos y de sus aliados en la presidencia de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados local, pero expresa algo muchísimo más preocupante: la posibilidad de que el paramilitarismo en el estado cuente con una vanguardia ideológica basada en el pensamiento racista e inquisidor propio de la colonia que fundamentó el exterminio de indígenas como forma común de la vida cotidiana.

Esta nueva inquisición tiene ahora carácter de presidencia constitucional y se legaliza en las instituciones oficiales del gobierno de San Cristóbal de las Casas. La intolerancia se agudiza, aún más, con la impunidad y el nepotismo de la represión: entre las cabezas del grupo que agredió a los legisladores locales y federales estaba Ricardo Díaz Martínez, el padre del alcalde sancristobalense.

No cabe duda que el tema de la protección oficial y el auspiciamiento de las élites privadas hacia la violencia, cualquiera que sea la forma que adopte, es el síntoma más preocupante del clima de ingobernabilidad en el estado. Todo podría caber en ese esquema: la solución militar de la rebelión indígena; uno, varios, muchos Acteal; una ley de amnistía para los paramilitares; una ley indígena contrainsurgente, un grupo experto en acumular lo más pernicioso de la sociedad neocolonial: el odio racista, la intolerancia como forma de vida y las acciones tumultuarias de la cobardía política.