En la escalera del Paraninfo Universitario ha estado durante muchos años un retablo que dice: ``La Universidad se hizo autónoma por la revolución de nuestra palabra, nuestra huelga y nuestra sangre''.

Es pertinente reflexionar sobre aquel movimiento que desembocó en la autonomía y en aquella huelga que le sirvió de instrumento, justo cuando la Universidad de México requiere una autonomía democrática como respuesta a sus retos actuales. Quizá la huelga de 1929 no se hizo para alcanzar exactamente el estatuto autonómico que resultó, como en la huelga actual no se ha hecho tan evidente el deseo de conquistar una versión democrática de esa misma autonomía, pero lo cierto es que entonces como ahora la Universidad requería modificar su manera de existir.

La Ley Orgánica de la UNAM tiene más de 50 años sin que se le haya hecho la menor reforma. Es como si la institución no hubiera cambiado en lo mínimo. Además, la ley de 1945 es de carácter orgánico, es decir, define el sistema de gobierno universitario aunque la Constitución reformada en 1981 confiere a las universidades dotadas de autonomía la capacidad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas.

En el fondo del actual conflicto se encuentra la forma en que se adoptan las decisiones generales. Es la tercera vez que se intenta aumentar las cuotas mediante acuerdos entre unos cuantos y es la tercera huelga sobre lo mismo. Por ello, los estudiantes huelguistas, así como muchos académicos, exigen la apertura de un proceso de reforma universitaria democrática.

La Junta de Gobierno de la UNAM es parecida al Supremo Poder Conservador del siglo XIX, cuando se inventó un instrumento para resolver las controversias entre los poderes, poner y quitar gobernantes y lograr una estabilidad impuesta, a través de una estructura vertical dominada por unos cuantos notables. Las instituciones republicanas son enteramente diferentes aunque, como en la Universidad, estén marcadas las diferencias entre estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.

El Congreso de la Unión debería emprender una acción legislativa tendente a dotar a la UNAM de una nueva ley, en la que se conceda la autonomía y se reconozca a la propia Universidad su capacidad de definir las bases orgánicas que deben regirla. Deben ser los universitarios quienes definan la forma de su propio gobierno, de acuerdo con lo prescrito en el artículo tercero de la Constitución.

Sin embargo, las autoridades de la UNAM consideran que el marco jurídico vigente es adecuado y evidencian, de esa forma, su conservadurismo.

Existe suficiente evidencia para demostrar que los conflictos universitarios han sido promovidos por las fuerzas conservadoras. Cuando Jorge Carpizo se propuso realizar una serie de modificaciones generales, en las que se incluía el tema de las colegiaturas, consultó con varios universitarios, entre ellos conmigo. Le expuse entonces que el inicio de todo cambio debería ser la reforma institucional, la cual había sido requerida por varias generaciones. El conflicto desatado por la negativa a tales cambios y el aumento de las colegiaturas afectó gravemente a la UNAM, como está ocurriendo una vez más ahora.

Las actuales autoridades han entrado en el juego del desgaste de la huelga, tal vez sin darse cuenta que ellas mismas se desgastan más y la institución sufre innecesariamente. La tesis de que el conflicto es producto de fuerzas externas -repetida a diario por muchos medios de información- desprestigia a la UNAM, ofende a la juventud estudiantil y promueve odios e intolerancias.

Cuando se produce un conflicto, el diálogo es negociación o no es nada. Y para negociar no es indispensable que se sienten a la mesa las partes. Se puede responder por escrito o sencillamente atender las demandas; por último, si no se quiere reconocer la imprudencia de haber elevado las cuotas, entonces se puede admitir el plebiscito como instrumento civilizado para dirimir una diferencia insalvable mediante otros medios.

Lo importante es que la Universidad abra un proceso de búsqueda de una reforma institucional y se supere de inmediato el estado de suspensión de actividades docentes. Las semanas de huelga ya fueron muchas, la revolución de la palabra de los jóvenes ya tuvo lugar y esperamos que esta vez no haya sangre, para que sin esta última se pueda algún día cercano escribir en un retablo cómo se logró la autonomía en la democracia.