El informe de la comisión intersecretarial que investiga el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, cometido hace ya seis años, desató un oscuro debate entre el cardenal Juan Cardenal Sandoval Iñiguez y la Procuraduría General de la República, involucrando al Episcopado y, señaladamente, al ex procurador Jorge Carpizo.

La opinión pública ya conoce los hechos recientes: casi al mismo tiempo que se daban a conocer, el cardenal rechazó sin contemplaciones, con la rudeza que le es característica, las conclusiones contenidas en el informe de la comisión, no obstante que él mismo fue uno de sus protagonistas principales y a pesar de que en el texto se mantienen las reservas expresadas por el prelado en torno al caso. Luego siguió la arremetida contra Carpizo, a quien acusó de hacer ``perdedizos'' unos videos que, asegura, darían las claves sobre el asesinato. Según Sandoval, la comisión fue inútil porque no resolvió el caso al persistir en una versión que corrige pero no descarta la tesis inicial de la confusión. Dice que el cardenal Posadas fue abatido deliberadamente en el aeropuerto de Guadalajara, aunque se cuida muy bien de darnos a conocer una hipótesis mínimamente creíble sobre los móviles que tendrían los homicidas para cometer el crimen.

Las últimas declaraciones del cardenal no son nuevas ni circunstanciales, pues al parecer forman parte de una posición asumida con plena conciencia para crear confusión, aprovechando la escasa credibilidad que tiene la procuraduría de justicia a los ojos de la ciudadanía dados los constantes yerros registrados en tiempos recientes.

El cardenal, quién puede dudarlo, tiene todo el derecho de expresar sus desacuerdos en este punto, aun si forma parte de la comisión interinstitucional, pero nada autoriza, en cambio, que se erija en juez, aprovechando impunemente, como señaló Carpizo, su condición de sacerdote. La Procuraduría no debe cerrar el caso hasta agotar todas las líneas de investigación, incluso aquéllas aparentemente descabelladas, pero la insatisfacción por los resultados no le da derecho a nadie a calumniar a los demás sin comparecer ante la autoridad correspondiente.

La pretensión de que hay una ``verdad'' por encima de las pruebas aportadas a la comisión tal vez coincida con las creencias de muchos católicos de buena fe, pero no tiene valor jurídico alguno, como tuvo a bien decírselo el propio obispo de Mexicali al pedirle ``diferenciar su certeza moral de la certeza jurídica'', que es lo mismo que argumentó Jorge Carpizo al denunciar el carácter inquisitorial de las pesquisas del prelado jalisciense.

No sabemos cuáles son las intenciones del cardenal, pero es evidente que hay en sus palabras la intención deliberada de provocar una reacción airada por parte de los católicos, de crear un clima generalizado de sospecha que en nada ayuda a la búsqueda de la verdad y a la aplicación del derecho, de la que tanto se habla.

Le asiste completa razón a Jorge Carpizo al señalar que los argumentos del cardenal reviven la época de Torquemada para quien bastaba la convicción moral para darle leña verde al que no creyera a pie juntillas en su verdad. La Inquisición ya no existe, pero el método de someter la verdad a la prueba de la moral y los sentimientos sin consideración alguna por los hechos es una lamentable herencia que contamina este fin de siglo.