El titular del Poder Ejecutivo renovó hace unos días su llamado al Congreso para que dictamine sobre la iniciativa que permitiría la apertura total de la industria eléctrica a la inversión privada y culminaría con la privatización de las centrales de la Compañía Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC). Enfatizó que, sin esa reforma, ``en muy pocos años empezaremos a tener severos problemas para generar la electricidad que demanda el nuevo crecimiento económico''. Advirtió que el Estado difícilmente contará con los recursos necesarios para el crecimiento de esta industria, y sería más conveniente y ético utilizarlos para fortalecer la política social.

Es claro que la fuerte oposición que ha suscitado la iniciativa presidencial en todos los ámbitos de la sociedad, por su escasa oferta económica, política y social, no ha hecho mella en el ánimo del Presidente. Está decidido a sostener su incompleta e inconsistente propuesta a cualquier costo. Aparentemente, en la balanza pesan más de las motivaciones ideológicas, los compromisos con las instituciones financieras multilaterales y la voluntad de favorecer al capital privado, principalmente al transnacional. El desmantelamiento de la industria eléctrica nacional es considerado elemento clave para dar certidumbre al capital foráneo sobre la política económica, al dejar amarrada una privatización importante, no sólo por los montos involucrados, sino por su significado al desnacionalizar una industria estratégica, liquidar a la segunda empresa pública más grande del país, y reducir a su mínima expresión el concepto de servicio público.

Se sigue sosteniendo que esa es la mejor y única solución para elevar la oferta de electricidad. Se ignoran simple y llanamente todas aquellas opciones que, a lo largo de casi cuatro meses de debate, han sido presentadas para modernizar y resolver la situación, delicada pero manejable, que enfrenta la industria eléctrica nacional. ¿Para qué llamar a la sociedad a debatir la propuesta del equipo gobernante si no existe la intención de tomar en cuenta el punto de vista de partidos, sindicatos, asociaciones, organismos, académicos, profesionistas y personalidad política? Al igual que en el sexenio pasado, ni se ve ni se oye a los que tiene una visión diferente.

Pero no sólo eso. Se sigue afirmando que el gobierno no tiene recursos financieros para invertir en electricidad, lo que equivale a considerar que es, a final de cuentas, el contribuyente y no el usuario el que debe soportar el peso de la expansión de los sistemas eléctricos. Con esa afirmación se desinforma, confunde y manipula a la opinión pública, porque de acuerdo con uno de los principios fundamentales de la economía de la electricidad, dicha expansión debe ser financiada por los propios usuarios, independientemente de que la empresa eléctrica sea pública o privada; para eso se cobra una tarifa que debe abarcar tanto los costos marginales de corto plazo (costos operativos), como los de largo plazo (costos de capital).

Entonces, es erróneo y tendencioso confundir, revolver o fusionar los aspectos fiscales con los financieros. También es incorrecto y pernicioso reducir las diferentes fuentes de financiamiento exclusivamente a la presupuestal. Los que afirman que el Estado ya no puede seguir soportando solo el peso del financiamiento de la industria eléctrica y que es mejor destinar esos recursos a otros sectores más importantes, se equivocan por ignorancia o por interés porque una industria eléctrica sana, es decir, con tarifas adecuadas, no necesita un céntimo de recaudación tributaria, antes al contrario puede ser un contribuyente importante, como ocurre en muchos países.

Cambiar el modo de organización y regulación de la industria eléctrica por uno completamente diferente y ajeno a la realidad del país, es una solución a todas luces desmesurada frente al problema central que se quiere resolver, y cuya naturaleza es esencialmente financiera. La solución más rápida y menos costosa para el conjunto de la sociedad es eliminar los subsidios cruzados entre usuarios y elevar algunas tarifas para cubrir sus costos de producción. Ello permitirá aumentar la capacidad de autofinanciamiento de la CFE y LFC. Esa solución se puede tomar de inmediato. ¿Por qué el gobierno no actúa? Simplemente porque no le interesa salvar el modelo de empresa pública verticalmente integrada, ni tampoco asumir el costo político del alza de tarifas, sobre todo ante la proximidad de unas agitadas elecciones presidenciales, como las que se avisoran. Por el contrario, desde 1995 ha propiciado la subinversión para forzar la apertura. ¿Negligencia? ¿Inercia administrativa? ¿Desatinada visión maquiavélica?

* Responsable del Posgrado de Energía de la Facultad de Ingeniería, UNAM.