A partir de 1982 se han estado entregando los recursos y bienes tangibles del país al nuevo dios de la tecnocracia: el mercado o, lo que es lo mismo, al selectísimo grupo de súper ricos que se ha constituido desde entonces.

En vías de cerrar el ciclo de esta entrega con la energía eléctrica, ahora se perfila un proyecto neoliberal para la educación y la cultura. Si la UNAM es hoy la evidencia más visible, detrás vienen el INAH, el INBA, el IPN, la UPN, las universidades de provincia y toda institución relacionada con la vida cultural del país.

No satisfechos con el saqueo de nuestra riqueza material, ahora se trata de robarnos la memoria, por el procedimiento de convertir el patrimonio cultural de México en un simple valor de cambio. Mercantilizar la cultura, como se ha impuesto a los demás ámbitos de la vida nacional.

La iniciativa de ley presentada el pasado 29 de abril por el senador panista, empresario turístico y coleccionista de bienes históricos Mauricio González Garza, constituye el instrumento legal adecuado para ello. Por lo visto, vamos modernizándonos igual que en Estados Unidos, donde los grandes grupos económicos tienen sus representantes en el Senado, para que defiendan sus intereses.

Con el título de ``Ley General para el Patrimonio Cultural de la Nación'', el referido senador pergeña, en una propuesta confusa y pésimamente redactada, un proyecto para desfigurar nuestra cultura y ponerla al servicio directo del gran capital. Sólo alguien que ignora y desprecia nuestra riquísima tradición cultural podría atentar de esa manera contra ella.

El objetivo principal -reiterado hasta el cansancio- reside en ``aprovechar'' el patrimonio para el desarrollo. Mide el valor de la cultura principalmente a partir de su rentabilidad, de la posibilidad de producir capital. Llega a proponer (artículo 39) que se considere ``al patrimonio cultural de la nación, como uno de los ejes fundamentales en la promoción del desarrollo nacional''. Se ignora así que la cultura tiene sus ritmos y exigencias propias, que la mayoría de sus manifestaciones no sirven (afortunadamente) en esos términos, e incluso resultan contrarias a tales concepciones utilitaristas y pragmáticas.

Precisamente porque se parte de semejante perspectiva, es que la propuesta traiciona su propia exposición de motivos, que se convierte en una declaración de buenas intenciones (el barniz de los espejitos y cuentas de vidrio), que la ley niega definitivamente.

Así, mientras en los motivos se manifiestan propósitos anticentralistas, el resultado de la aplicación de la iniciativa sería la dispersión, confusión de funciones y parálisis; la declaración de participación social desembocaría en la privatización, explotación por unos cuantos en su beneficio y exclusión de la mayoría del acceso al patrimonio; y la defensa de éste, acabaría en la legalización del saqueo. Y es que donde este tipo de tecnoempresarios con curul escriben sociedad civil debe leerse grandes capitalistas; donde ponen defensa del patrimonio, debe comprenderse, obviamente, del suyo propio.

Se deja tan indefinido el campo de acción del INAH, se dispersan y atomizan sus funciones actuales en tantas instituciones, entre estados y municipios y se constituyen una serie de consejos para su administración, de carácter tan autoritario, que su operación se haría tremendamente burocrática y tortuosa (artículos 39 a 59), pero eso sí, ampliamente discrecional para las concesiones, al diluirse las responsabilidades.

El artículo 29 abre la puerta a la privatización, pues el INAH ``podrá conceder la utilización, aprovechamiento, disposición, custodia y resguardo de los monumentos arqueológicos y aquellos otros históricos o artísticos de propiedad federal, muebles e inmuebles, a las dependencias y organismos de carácter público de los tres niveles de gobierno, así como a las

instituciones y personas físicas o morales que así lo soliciten (...)''. En lenguaje llano, que los empresarios lucren con el patrimonio, y que el pueblo pague por acceder a él.

Después de fijar las sanciones contra los que se apoderen de bienes del patrimonio, el artículo 68 establece, con un lenguaje que asombra, pues podría haber sido redactado por funcionarios de la Corona durante la etapa colonial, que ``si la persona tiene en su poder monumentos muebles arqueológicos exclusivamente para su apreciación y goce en forma privada, tomando en cuenta la educación, las costumbres y la conducta del sujeto, no le será aplicable la sanción prevista en el presente artículo (...)'' ¿El regreso al sistema de castas en una ley que se ostenta tan moderna?

Si hubiera que nombrar esa iniciativa de ley, habría que llamarle ``ley del saqueo'', pues apunta a despojarnos precisamente de aquello que nos ha permitido resistir a la gran andanada neoliberal, nuestra riqueza y fortaleza cultural.

Tras la voracidad de esta ley se halla también el afán de desmantelar a una de las más importantes comunidades científicas del país, eliminar sus tareas de investigación. Por ello se le menosprecia y reduce a su mínima expresión, coartando además su libertad al supeditarla a normas técnicas.

Nos hallamos en México ante la más fuerte embestida contra nuestra cultura en la época contemporánea. Es la hora de conformar un frente nacional para defenderla y fortalecerla, ante el proyecto neoliberal que aspira a extenderse en ese terreno.