n Lo acusan diputados de violar las constituciones de Morelos y federal

Aprobaría hoy la oposición iniciar juicio político contra Carrillo Olea

n El dictamen se remitirá a la mesa directiva del Congreso local y se someterá al pleno legislativo

Francisco Guerrero Garro, corresponsal, Cuernavaca, Mor., 25 de mayo n Diputados perredistas, panistas y del Partido Civilista Morelense que integran la comisión instructora del juicio político contra el gobernador con licencia Jorge Carrillo Olea, firmarán este miércoles, con el rechazo del PRI, el dictamen de conclusiones, que lo encuentra responsable de omisión de funciones, desvío de recursos y violaciones a las constituciones federal y local.

El dictamen final del juicio político debió firmarse este martes, sin embargo el secretario técnico no entregó a tiempo un documento y se retrasó un día el proceso, explicó el diputado panista Marco Antonio Xicoténcatl.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, el perredista Hugo Carvajal, indicó que el dictamen se remitirá a la mesa directiva para que en un plazo de 48 horas convoque a una sesión especial para someter el documento al pleno legislativo, aunque es virtual su aprobación.

Confió en que la sesión extraordinaria no pase de esta semana, para remitir la "sentencia declarativa" al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en donde se le dará curso legal y en un plazo breve emitiría una sentencia de exoneración o culpabilidad, que le puede llevar a la inhabilitación para ocupar cargos públicos, e incluso podría enfrentar un proceso penal.

Los detalles de las responsabilidades encontradas en el juicio político serán dados a conocer después de las 14 horas de este miércoles, tras haberse firmado el dictamen y girado la notificación oficial al gobernador con licencia y a su representación legal para los efectos del proceso.

Sin embargo, trascendió que la falta más grave de las imputadas a Carrillo Olea corresponde a no haber atendido las denuncias de organismos no gubernamentales que advertían del involucramiento de los entonces procurador de Justicia, Carlos Peredo Merlo; director de la Policía Judicial, Jesús Miyazawa, y jefe del grupo antisecuestros, Armando Martínez, en la comisión de ilícitos como secuestro, tortura y ejecuciones.

Respecto a las violaciones a las constituciones federal y local, se habrían debido a la designación de Peredo Merlo como procurador cuando no cumplía el requisito de más de cinco años de residencia en el estado.

En cuanto al desvío de recursos, según los legisladores consultados, se refiere a un fideicomiso creado para la construcción de una central camionera y cuyo capital se utilizó en el proyecto de la central de abasto en Emiliano Zapata.

Por su parte, la diputada priísta Rufina Pacheco Villanueva, integrante de la comisión instructora, expresó que su partido mantendrá su postura a favor de Carrillo Olea y su voto de rechazo al dictamen, ya que la oposición instrumentó el juicio sustentado en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, que es complementaria, secundaria, y no puede anteponerse a la Constitución política, que no prevé la figura del gobernador como sujeto a dicho proceso. Dijo que confían en este argumento legal para que el TSJ exonere de cualquier responsabilidad administrativa o penal a Carrillo Olea.

Por otra parte, para el jueves, en segunda lectura, las fracciones parlamentarias de PRD, PRI y PCM, con el voto en contra del PAN, se preparan para declarar procedente el dictamen que somete a juicio político al presidente municipal panista de Cuernavaca, Sergio Estrada Cajigal, por sobrepasar las atribuciones que le otorga la ley.

En tanto, la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local, solicitó al TSJ separar de su cargo al alcalde de Tepalcingo, Dagoberto Reyes Aguilar, y proceder penalmente en su contra, turnando el expediente a la Procuraduría de Justicia, acusado por desvío de recursos públicos.

Eduardo Talavera Anzures, contador mayor de Hacienda, fundamenta la petición del Poder Legislativo en el hecho de que tras las auditorías practicadas a diversos ejercicios fiscales, el edil no pudo comprobar la aplicación de recursos por un millón 216 mil pesos.

Mientras, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Juan Ignacio Suárez Huape, ratificó y amplió su recurso de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por actos violatorios y constitutivos de delitos en contra del procurador de Justicia, José Castillo Pombo.

Asimismo, en contra del coordinador operativo de la Policía Judicial, el director de la corporación en la zona metropolitana y el director de Averiguaciones Previas, acusados por agentes judiciales en activo de estar involucrados en la ejecución de un secuestrador y haberse quedado con el rescate cobrado.