Ya todos estamos de acuerdo en que se ha iniciado la transición! No sabemos exactamente qué es ni cuándo arrancó ni hacia dónde va ni qué características tiene ni cuándo o adónde va a parar.

El término transición estuvo proscrito de la retórica oficial durante los primeros años de este sexenio, pero ahora ya es moneda de uso corriente aun entre los priístas.

No hay duda que estamos en un proceso de transformación política, pero no necesariamente en una transición, al menos no es lo que se entiende así en el lenguaje de la política contemporánea. ƑY qué le falta a nuestra transición para serlo?

Casi todo. No ha sido rápida ni radical, ni incluye un acuerdo fundamental entre los protagonistas importantes y mucho menos se ha expresado en una gran reforma jurídica del Estado.

Sugiero que pasemos a nuestra "transición" por una prueba de ácido: hagamos un recuento de las reformas logradas hasta ahora.

Para ello nos pudiéramos servir de un catálogo: los 20 Compromisos por la Democracia, aceptados por todos los candidatos a la presidencia a principios de 1994.

A iniciativa de un grupo que animó Demetrio Sodi, firmaron el documento Luis Donaldo Colosio con entusiasmo y (después de la muerte de éste) Ernesto Zedillo.

A) Respeto al voto. Es aquí donde ha habido el avance más significativo. Se obtuvo una reforma de la Ley Electoral y la autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE), pero la reforma quedó muy lejos de ser "definitiva". La propuesta opositora de una nueva revisión del estatuto ha sido rechazada hasta ahora por el Partido Revolucionario Institucional.

B) Fortalecimiento del Poder Legislativo. Han sido postergadas todas las medidas aceptadas como consultas públicas sobre modificaciones a la Constitución, participación en los proyectos en las leyes de ingreso y presupuesto, reorganización de la Contraloría, obligación del Ejecutivo de proporcionar información oportuna, nombramiento del procurador general de Justicia por la Cámara de Diputados.

C) Fortalecimiento del Poder Judicial. Si bien se logró a principios de sexenio una importante reestructuración de la Suprema Corte de Justicia, ha quedado pendiente la reforma integral del Poder Judicial, de los tribunales administrativos y de lo social. No se han hecho efectivos los compromisos sobre los efectos de la jurisprudencia, el nombramiento de los ministros de la Corte y la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de respetar el presupuesto de egresos del Poder Judicial.

D) Fortalecimiento del desarrollo estatal y municipal. No hay una nueva legislación tributaria nacional que redistribuya las atribuciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno. Las asignaciones de gasto federal para combatir la pobreza extrema, no tienen estructura definitiva. No se ha iniciado la descentralización de las funciones administrativas del gobierno federal. La propuesta de que los ayuntamientos gocen del derecho de amparo contra actos del gobierno estatal y federal no ha prosperado.

E) Fortalecimiento de los derechos ciudadanos. No se han incluido en la Constitución figuras como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. No se ha otorgado autonomía plena a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). No se han hecho públicas las declaraciones patrimoniales del Presidente de la República y de los miembros de su gabinete. No se ha convertido en organismo autónomo encargado de elaborar las estadísticas nacionales. No se ha impuesto a los medios la obligación de señalar en forma expresa las informaciones pagadas que publiquen o difundan. No se ha reglamentado el derecho ciudadano a la información.

F) Cambios en la estructura del Estado. La afirmación de Jorge Castañeda de que el Presidente seguía gozando de sus poderes monárquicos absolutos es básicamente cierta. La Cámara de Diputados "controlada" por la oposición no ha podido retarlo. El Presidente de la República y sus operadores políticos han hecho lo imposible por dañar los cambios que él mismo había propiciado. Se orquestó una campaña contra el Instituto Federal Electoral (IFE); otra, permanente y brutal, contra la Cámara de Diputados; y una más contra el primer gobierno del Distrito Federal electo democráticamente.