n Pedirían ONG la intervención de la CIDH

Se ampara el general Gallardo contra su traslado a penal civil

Ciro Pérez Silva, Jesús Aranda, Gustavo Castillo y René Alvarado, corresponsal n En tanto la defensa del general José Francisco Gallardo interpuso un amparo en contra de su transferencia, de la cárcel militar a un penal civil, organizaciones no gubernamentales informaron que no se descarta solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención en el caso, y exigieron a la Secretaría de la Defensa Nacional exponer "públicamente sus razones para cambiarlo de prisión".

Al respecto, el general retirado Luis Garfias Magaña consideró que aun cuando el traslado se fundamenta en la ley, se debe cuestionar lo "inédito" de la decisión de las autoridades castrenses, porque, dijo, se ve que tiene el propósito de afectar a Gallardo, dejándolo en una prisión en la que no se garantiza su seguridad personal.

Sin embargo, el gobernador del estado de México, César Camacho Quiroz, afirmó que Gallardo Rodríguez sólo es "uno más de los cientos de reos del fuero federal" en cárceles de esa entidad, y que el reclusorio localizado en el llamado Bordo de Xochiaca "cuenta con todas las medidas de seguridad para tener al general y a otros más en condiciones de reclusión seguras para la población", y calificó dicho centro penitenciario como de "máxima seguridad".

La defensa de Gallardo responsabilizó al titular de la Sedena, general Enrique Cervantes, de la seguridad del militar preso y de la de su familia.

"Con el traslado a una prisión civil el Ejército Mexicano no se hace responsable de la integridad física de mi padre, y tememos por su seguridad en el interior de ese penal y la nuestra, ya que hemos sido víctimas de continuas amenazas", afirmaron José Francisco, Marco Vinicio y Alejandro Enrique Gallardo Enríquez, hijos del general brigadier, antes de entregar el texto al juez de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal.

En la exposición de motivos establecen que las órdenes que las autoridades responsables han girado para que desde el pasado sábado Gallardo haya sido trasladado al centro de readaptación social, ubicado en el estado de México, "no se ajustan a derecho" ni existen causas, razones o motivos legales que las justifiquen.

"El quejoso tiene el carácter de militar de carrera, en el activo de las fuerzas armadas nacionales y está, hasta esta fecha, sujeto a las leyes y reglamentos de carácter castrense", por lo que las dos sentencias dictadas en su contra, derivadas de sendos procesos penales, y emitidas por dos consejos de guerra, se estaban cumpliendo en el Campo Militar número uno, por lo que resulta "un acto de autoridad arbitrario" la sustracción del inculpado de esa prisión para compurgar dichas penas en una prisión no militar.

Sostienen en su alegato que la orden de traslado "no está debidamente fundada ni motivada", y reiteran que la misma tampoco fue girada por autoridad competente y viola las garantías individuales que le concede el precepto 13 constitucional y el Código de Justicia Federal.

La orden de traslado, insiste en su texto el general Gallardo, causa molestias a su persona y posesión de derechos que como militar tiene, ya que hasta ahora no ha perdido esta calidad, como se advierte en los fallos emitidos por el Supremo Tribunal Militar.

En este sentido, el director del centro de readaptación social Neza-Bordo "conculca" en agravio de Gallardo diversas garantías, por retenerlo en el penal sin que exista un auto de formal prisión que así lo demande, tampoco existe disposición jurídica que ordene que este centro sea una prisión de compurgación de penas.

Los hijos de Gallardo Rodríguez reiteraron su temor por la seguridad de su padre, y anunciaron que el próximo miércoles, acompañados por diputados federales de todos los partidos, a excepción del PRI, entregarán una carta al presidente Ernesto Zedillo, solicitando su intervención.

En torno al tema, Luis Garfias Magaña, quien fue incluso presidente de consejos de guerra durante su servicio en las fuerzas armadas, explicó que de acuerdo con la legislación castrense, Gallardo "ya no es general", porque su sentencia ųde 28 años de prisiónų implica la destitución de su empleo; además, al ser ratificadas sus penas, por el tribunal militar, éste quedó en calidad de civil.

Garfias aceptó que el procedimiento de la Dirección de Justicia Militar de trasladar a Gallardo a un penal civil es inusitado, porque incluso hay a quienes se les destituye del empleo (como militar) y terminan su pena corporal en una prisión castrense.

"Realmente las autoridades lo hicieron para crearle una situación difícil", apuntó Garfias, aunque comentó que queda abierta la puerta para que la justicia federal rectifique en amparo la sentencia en contra de Gallardo lo cual, de ocurrir, le permitiría recuperar sueldos caídos y su grado de militar.

Por lo pronto y al ser ratificada su pena por el Supremo Tribunal Militar, su caso está cerrado para la justicia castrense. Se trata de un asunto "inédito" y no necesariamente positivo bajo las circunstancias en que ocurrió.

En tanto, Edgar Cortez, presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dijo que con el cambio de prisión "las autoridades castrenses quedarían exoneradas de cualquier atentado o ataque físico que pudiera sufrir el general Gallardo, por lo que se estudia solicitar que se le otorguen medidas cautelares para que se le brinde protección".

Coincidió, en entrevista por separado, con el coordinador jurídico de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Salvador Tinajero, en que su caso será nuevamente expuesto ante la CIDH.

Tinajero incluso dijo que se podría demandar el cumplimiento de los acuerdos internacionales signados por México para que se le otorgue su libertad absoluta al general Gallardo.

El representante de la CMDPDH indicó también que "si la justicia castrense es tan privativa a la hora de juzgar, debería serlo también en cuanto a las sentencias, por lo que debe exigirse su retorno a una prisión militar".

Visita a militares inconformes

Por otra parte, el diputado perredista Gilberto López y Rivas responsabilizó a la Secretaría de la Defensa Nacional de la vida e integridad de todos los miembros del Comando Patriótico, presos en cárceles militares de Jalisco y Sinaloa, y exigió al Presidente de la República que en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas autorice la visita de una comisión humanitaria a los detenidos.

Cuestionó además el traslado que se hizo de los integrantes del comando a penales de las los estados mencionados, "con el único fin de alejarlos lo más posible de sus familiares, a quienes ųdijoų se les niega toda información sobre el estado de salud y condiciones de los militares presos, violándose con ello los derechos humanos más elementales".