La democracia llegó. Incrédula, la oposición asegura que en el PRI hay una terna: ``Son tres candidatos y sus nombres son Francisco, Labastida y Ochoa'', resumió el ex gobernador veracruzano Dante Delgado. Con todo, el PRI se anotó puntos ante la opinión pública en la disputa por el 2000. Más adelante se verá si libra limpiamente su elección primaria. Es la duda que no resuelven reflectores, declinaciones ni cargadas.
Francisco Labastida contra Ernesto Zedillo.
Con la venia de Carlos Salinas de Gortari -según relató el ex presidente-, Luis Donaldo Colosio escribió y pronunció su discurso del 6 de marzo, entre otras cosas, para tomar distancia respecto de su gobierno.
¿Tomará distancia Francisco Labastida del gobierno de Zedillo, sin dejar de ser el ``hombre del Presidente''? Puede demorar algún tiempo. En tanto, Manuel Bartlett podrá seguir haciendo profesión de fe antineoliberal y Roberto Madrazo presumiendo sus logros de gobierno.
Antes, el secretario de Gobernación deberá mirar la elección primaria del pri, por ejemplo, en el espejo guerrerense, donde -guardadas todas las proporciones- si se hubiera usado el método aprobado para la elección nacional, René Juárez Cisneros -el primer gobernador negro, según el presidente Zedillo- tal vez ni siquiera habría sido candidato.
En la consulta a la base, Manuel Añorve, precandidato con el apoyo de Francisco Labastida Ochoa, se impuso a Juárez Cisneros en los cinco municipios más grandes de la entidad, los cuales concentran 25% del electorado.
Si se contaran los triunfos en los distritos electorales federales y no la votación global, como sucederá para la candidatura presidencial, el resultado hubiera sido otro. Los datos:
- Manuel Añorve triunfó en cinco distritos (las cabeceras: dos en Acapulco, Iguala, Chilapa y Coyuca).
- En otros dos (Taxco e Ixtapa) se registró un ``empate técnico''.
- Juárez Cisneros sólo triunfó en tres de los diez distritos (Tlapa, Chilpancingo, Ometepec).
Los votos del actual gobernador -quien ganó sin problemas en las zonas de difícil acceso de La Montaña, la sierra de Atoyac y las costas-, parecen dar la razón a José Antonio González Fernández: el pri quiere un candidato a la Presidencia de la República ``con verdadera presencia nacional'', que salga ``sin privilegiar las zonas de mayor concentración humana''.
El esquema es simple: la consulta será abierta, pero el cómputo de los votos será por medio de los 300 distritos federales electorales. Así, quien obtenga el mayor número de votos en cada distrito será el triunfador en éste. Y será postulado candidato quien gane el mayor número de distritos.
¿Problemas a la vista?
En Guerrero, donde la participación promedio es de 40% de los electores, votaron en la interna priísta nueve de cada diez ciudadanos previstos, y en 50 de los 76 municipios las boletas fueron insuficientes.
La aspiración priísta, comentan en la sede nacional tricolor, es de otro tamaño para su interna presidencial: 70% de los 11 millones 445 mil 852 votantes que tuvo el pri en 1997. Es decir, ocho millones de votos, una cifra nunca recibida por partido político alguno en una elección interna.
Para manejar tal universo de electores, el pri apostó todo a un profesional: Felipe Solís Acero, ex director ejecutivo del Instituto Federal Electoral, quien dejó su puesto el año pasado, en medio de acusaciones de los consejeros electorales de favorecer al priísmo.
¿Suficiente para afrontar los riesgos?
``Debemos alejarnos de las tentaciones de la acera de enfrente. Si por desviaciones y distorsiones nuestros opositores políticos no fueron capaces de completar un proceso de selección interna, nosotros debemos evitar caer en lo mismo'', alertó Fidel Herrera Beltrán, vicecoordinador de los diputados priístas en la sesión del Consejo Político Nacional del lunes.
Según los dirigentes del pri, la presencia de Solís Acero -en mancuerna con el ex jefe de la policía política, Fernando Gutiérrez Barrios- es la garantía de que no se cumplirán los augurios
Todavía no se asimilaban las nuevas reglas cuando ya sucedía la inagotable cascada de consecuencias. Francisco Labastida anunció su renuncia a la Secretaría de Gobernación y desató la tradicional cargada, inevitable según José Antonio González Fernández. Esteban Moctezuma y Miguel Alemán se descartaron con rapidez. El primero -críptico, por las nuevas reglas- se sumó a quien fue su jefe hace 12 años en el gobierno de Sinaloa. Alemán anunció que no contendería por medio de 20 estaciones de radio de la entidad.
Del lado de las oposiciones, precandidatos y dirigentes coincidieron en que la elección del PRI será un dedazo disfrazado.
Conocedor de las profundidades del sistema, el gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, no dudó: ``Las reglas están hechas para quien ya está seleccionado. Es un procedimiento similar a los que ya se han vivido antes, disfrazado, maquillado. Pero la decisión está tomada. La ortodoxia política está con Labastida. Y el proceso servirá para legitimar al candidato oficial''.
Pero no fueron los opositores los más rudos. El precandidato Roberto Madrazo advirtió que se avecina una ``elección de Estado''. Y mientras González Fernández insistía en que Labastida no es el ``hombre del Presidente'', Manuel Bartlett juzgaba el destape del sinaloense: el lanzamiento ``se hizo con los instrumentos de Gobernación: estuvo en cadena nacional, en un despliegue que sólo puede un secretario de Gobernación en funciones, con su subsecretario Emilio Gamboa de jefe de campaña... Usó los recursos públicos para promover su candidatura''.
Los retos de la geografía distrital
¿Qué sucederá si un candidato se impone en la mayoría de los distritos (la meta ``creíble'', dicen en el pri, sería de 120), pero otro gana las principales ciudades?
No es el único obstáculo. A marchas forzadas, los precandidatos tendrán doce semanas para hacer campaña en los 300 distritos electorales del país, de los cuales el PRI perdió 135 en los comicios federales de 1997.
La meta de lograr un candidato con ``verdadera presencia nacional'' deberá atender problemas de ingeniería electoral que sugieren los siguientes datos de los distritos:
- Las campañas en los cuatro gigantes electorales, donde se concentra un tercio de los distritos: estado de México (36 distritos y siete millones 300 mil votantes), Distrito Federal (30 distritos y casi 5 millones de votantes), Veracruz (23 distritos y 4 millones 650 mil electores) y Jalisco (19 distritos y 2 millones 500 mil votantes).
- En estos cuatro grandes la mayor parte de los diputados federales son del prd y del pan (el pri sólo tiene 40). La oposición también tiene dos gobiernos estatales y los ayuntamientos de los centros de población más importantes.
- En el Distrito Federal ninguno de los 30 distritos federales lo ganó el pri.
- El pri obtuvo el segundo lugar en la votación en Baja California, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León Distrito Federal y Morelos.
- Los estados con las gubernaturas en manos de la oposición concentran 114 distritos electorales. En ellos, el pri apenas tiene 26 diputados.
- Después viene una franja de siete estados -Puebla, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Chiapas, Guerrero y Oaxaca- donde se ubican 87 distritos. En ellos, el pri tiene 56 diputados. Empero, como en el caso de los cuatro grandes, los distritos ubicados en los centros urbanos tienen representantes de la oposición.
- Hay un tercer bloque, de 21 estados, donde se concentran el resto de los 105 distritos federales. El pri domina 69 de ellos. En la lista están los estados ``eminententemente priístas'', como Tamaulipas, Tabasco, Hidalgo, Coahuila, Quintana Roo, Colima, Zacatecas y Sinaloa, donde 95% de los distritos son controlados por el PRI.
- Las excepciones son Sonora, Baja California y San Luis, donde la presencia del pri es menor incluso a la proporción nacional.
- El matiz necesario: en 1997, en los cuatro grandes estuvieron las mayores votaciones priístas: el estado de México (un millón 336 mil 705); el Distrito Federal (900 mil 326); Veracruz (896 mil 941) y Jalisco (743 mil 985) concentraron casi 30% de los votos priístas.
- En otras entidades -como Yucatán, Zacatecas, Nayarit, Hidalgo, Chiapas y Baja California Sur, Oaxaca y Puebla- los candidatos del pri ganaron uno de cada dos votos registrados. Pero la suma global -poco más de 2 millones de votos- no sobrepasa 15% de la votación priísta.
- Hay otras entidades -Zacatecas, Baja California Sur, Puebla, Oaxaca, Campeche, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala- en las que todos los diputados electos por mayoría son del pri. Pero en ellas, apenas hay 46 distritos federales.
Tiene miedo
En el último año y medio, el pri postuló a 16 candidatos a gobernador que salieron de consultas directas a las bases, cuyos conteos de los votos fueron globales.
¿Por qué no se repitió el esquema en la selección del candidato presidencial?
Porque el pri está dominado por ``caciques'' y grupos de interés locales que podrían manipular los resultados y perjudicar a uno de los interesados, como explicaron varios oradores en la ``sesión histórica'' del Consejo Político Nacional del lunes 17. En la reunión hubo de todo:
Un enfrentamiento de dirigentes contra bases, que la cúpula ganó ``a planchazos'', por la definición del sistema de cómputo; un reclamo de los servidores públicos porque se les ``amarraron las manos''; el reconocimiento -por sus propios líderes- de la existencia de cacicazgos que podrían inclinar la balanza en la elección interna. El PRI contra el PRI. A continuación la bitácora de algunos momentos culminantes:
En el debate sobre el Acuerdo General para la Postulación del Candidato, Humberto Roque Villanueva critica la ``intencionalidad'' evidente que implicaba un cómputo distrital y se queja por la falta de financiamiento: ``Quedan dos disyuntivas: hacer campañas verdaderamente austeras o establecer topes suficientemente austeros para no correr el riesgo de que sea el dinero el que resuelva''.
Rafael Rodríguez Barrera, también ex presidente nacional del pri, le da una respuesta de trámite.
En el debate quedaron ``reservados'' 15 artículos del acuerdo -relativos al proceso de consulta, al registro de precandidatos, a las campañas y a los órganos encargados de la consulta-, por impugnaciones de los consejeros.
El primer artículo a discusión fue el séptimo, que define el número y los criterios para la ubicación de las mesas receptoras del voto.
El senador Salvador Rocha advirtió sobre los riesgos de una baja participación en el proceso si no se habilitaban suficientes centros de votación, y cuestionó los criterios que para instalar mesas podría aplicar la Comisión Nacional para el Desarrollo del Proceso Interno: ``Si salimos con una votación muy baja, en pocas mesas receptoras de votos, estaremos practicando el haraquiri'', resumió.
La redacción de ese postulado no varió, pero el CEN debió aceptar un añadido: ``Se instalarán el mayor número posible de mesas receptoras del voto, con objeto de facilitar el acceso de los votantes''.
Los caciques del PRI contra el PRI
La polémica se encendió con el artículo noveno. La propuesta del cen definía el sistema de cómputo de los votos y detallaba que sería postulado candidato que gane el mayor número de distritos.
Los oradores en contra -diez- coincidieron en las objeciones técnicas: la pertinencia de que hubiera un conteo global y la posibilidad de que un candidato obtuviera mayoría en los distritos, pero que no la mayoría de los votos totales.
``Nuestro candidato no sería quien tuviera mayor presencia nacional y el triunfo constitucional no estaría garantizado'', dijo la potosina Yolanda González.
``Se trata de que los votos cuenten uno a uno. El espíritu de la consulta no consiste en saber quién tiene más distritos, sino en saber quién tiene más bases'', criticó Rodolfo Echeverría.
``¿Qué queremos? ¿Votos o adjudicar presencia nacional? Queremos votos para ganar la Presidencia. Queremos resolver esta candidatura con la suma de cientos de miles de votos individuales, intransferibles, no con 300 votos electorales. Los votos se cuentan, no se pesan'', dijo José Encarnación Alfaro.
El primer bloque de defensores de la propuesta del cen -Carlos Sobrino, Enrique Jackson, Rafael Oceguera y Samuel Palma- no se movió un milímetro de la versión oficial: que el pri necesita un candidato ``con verdadera presencia nacional'' y se debe evitar que los precandidatos limiten su proselitismo a una región.
El sistema es tan ventajoso, llegaron a decir, que si sale bien, el pri podría recuperar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en el 2000.
Pero no fueron convincentes.
Y vinieron los escenarios catastróficos. Las confesiones de parte. El encueramiento, pues.
El gobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, se sinceró: ``Sabemos cómo opera esto, que es muy fácil caer en las manipulaciones. ¿Queremos una elección así?, ¿vamos a permitir el voto inducido?''
La senadora Beatriz Paredes ponderó el sistema propuesto: ``Es menor la posibilidad de que los jefes políticos y los caciques locales intervengan, (porque) los caciques funcionan en los centros urbanos''.
Dulce María Sauri, secretaria general del cen, consideró las nuevas reglas el mejor antídoto para combatir los cacicazgos ``que distorsionan -con prácticas condenadas por todos- la voluntad política''.
Luego de tres horas de discusión, la asamblea aprobó el artículo sólo con una adición: en caso de empate, ``el Consejo Político Nacional decidirá tomando en consideración la votación que éstos hubiesen obtenido''.
Los candados
En las dos horas siguientes se definieron conceptos sobre el registro de los precandidatos y el desarrollo de las campañas.
Curiosamente, el tema del financiamiento no entró a discusión.
En la revisión del artículo 13, la jalisciense María Esther Sherman destacó la dicotomía del reglamento entre lo permitido a los servidores públicos y a los consejeros políticos.
En la propuesta del cen originalmente se establecía que los aspirantes debían acudir con los sectores y con las organizaciones para buscar su apoyo, aun antes de ser formalmente precandidatos. Pero hasta allí.
En el extremo del puritanismo, José Antonio González Fernández dijo que los dirigentes priístas no debían tener precandidato ni apoyar a alguien ``de manera especial''.
Y se abrió el debate sobre lo que pueden hacer los servidores públicos, los dirigentes del partido y los ``cuadros distinguidos''.
``Los tiempos no son de neutralidad ni de agazaparnos. Los sectores no tenemos ni estructura administrativa ni recursos. Nadie puede conculcarnos nuestro derecho a comparar propuestas'', reclamó Elba Esther Gordillo.
Pero la postura de las bases era que los órganos directivos fueran imposibilitados de otorgar apoyos para ``no contaminar al proceso'', como definió Rafael Cañedo Benítez.
Cuando se discutió el artículo 31 (originalmente decía: ``los gobernadores y demás servidores públicos se abstendrán de manifestar públicamente sus preferencias''), el gobernador mexiquense, César Camacho Quiroz, salió al paso: los mandatarios estatales, dijo, ``debemos ser cautos, omisos'', en correspondencia al ejemplo dado por el presidente Zedillo. Pero, agregó, ``no tenemos por qué caer en la autolimitación o de plano en el atentado contra derechos legales y partidarios. Eso nos hace daño. Entonces, ¿quiénes serán quienes den nuestros apoyos?''
Los gobernadores sí, pero los demás servidores públicos no, clamó.
El diputado Enrique Jackson se sumó cuando dijo que el pri ``se estaría cercenando miles de brazos políticos'' si prohibía a sus funcionarios manifestarse.
También el ex secretario y ex presidenciable Miguel González Avelar: ``Es una equivocación que en el partido aceptemos la censura que nos quieren imponer los partidos de oposición''.
El texto quedó así: ``Los gobernadores y los mandos superiores priístas de la administración pública federal, estatal y municipal se abstendrán''.
El asunto se retomó cuando se debatió sobre el artículo 41, que expresamente prohibía a los miembros del cen y a los funcionarios de los órganos encargados de la consulta hace cualquier tipo de manifiesto.
Sherman Leaño resumió a los opositores: ``Si hay expresiones de los dirigentes, estará en duda la imparcialidad, la legalidad y la certeza del proceso. Sabemos cómo le hacen las directivas tienen que mantener la imparcialidad''.
``Que renuncien los dirigentes partidistas que quieran involucrarse en la campaña de algún precandidato'', sugirió Canedo.
Tan mal iba la cosa, que Elba Esther Gordillo tuvo que regresar a la tribuna:
``No dejemos que nos inunden los complejos de culpa. No acepto que se nos quiera amarrar las manos. Lamento muchísimo que haya falta de confianza entre nosotros mismos.
Es cierto, vivimos en medio de una cultura del silencio y la sumisión. Pero estamos intentando otros caminos. Nos pueden pedir que nos abstengamos de declarar, pero no nos pueden pedir que nos abstengamos de operar''.
Aunque el debate estaba perdido, el líder cetemista Leonardo Rodríguez Alcaine se dio tiempo para rematar: ``Tenemos disposición de aceptar estos candados. Pero vamos a hacer política, pero mucha política a favor de nuestro partido''.
El pri perdió cinco millones de votos en las elecciones federales de 1997. Quedó como primera minoría en la Cámara de Diputados y se quedó sin las gubernaturas del Distrito Federal, Querétaro y Nuevo León.
La crisis electoral, analizaron sus dirigentes, se debió a la falta de democracia interna.
El presidente Ernesto Zedillo anunció que ``se cortaba el dedo''. Y su partido incursionó en las ``consultas a la base'' para nominar a su candidato.
En los últimos 18 meses, el pri postuló una docena de candidatos a gobernador mediante consultas, en una suerte de ensayo de la elección del aspirante presidencial.
Entre los saldos de esos experimentos están la recuperación de Chihuahua y las derrotas en Zacatecas, Tlaxcala y Baja California Sur; innumerables pleitos entre gobernadores y el centro; la fragmentación en las clases políticas estatales; las broncas de mapaches contra tejonesÉ y los nunca explicados gastos de las precampañas.
Algunos botones de muestra.
Enero de 1998. En la agenda del año, las elecciones para gobernador en 10 estados del país.
Una marabunta de aspirantes se movía para conseguir la bendición presidencial. Pocos se consideraban seguros candidatos. Era el caso de Ricardo Monreal.
Pero el 17 de diciembre del año de 1997, Monreal había sido llamado aparte por Zedillo, en una cena realizada en el Campo Marte: ``Ya está tu asunto, ponte de acuerdo con Mariano'', le dijo.
Monreal comenzó a prepararse.
Se cruzó la masacre de Acteal, seguida de la renuncia de Emilio Chuayffet y la llega de Francisco Labastida a la Secretaría de Gobernación. La candidatura prometida comenzó a tambalearse. Genaro Borrego y el entonces gobernador Arturo Romo hicieron frente común contra Monreal.
La guerra. Se filtraron a la prensa datos de un expediente negro que involucraba a Monreal con el narcotráfico. La información, se supo entonces, había salido del mismo pri.
Monreal encaró a Palacios Alcocer. ``Son órdenes superiores'', fue la respuesta.
Luego le ofrecieron cargos en el gabinete (subsecretarías) y un consulado.
Monreal se rebeló. Sus bases tomaron la sede estatal del pri
El 2 de febrero de 1998, Monreal se vio con Labastida.
``Reconsidera'', le pidió el entonces secretario de Gobernación. ``Sabes como es el sistema, se acaba tu carrera''.
Monreal le pidió que hubiera consulta a las bases. Y prometió que si perdía, se disciplinaba. ``Es imposible'', respondió Labastida.
El diputado propuso entonces una convención de delegados.
``Tampoco''. Según Labastida, no había la seguridad de que el candidato del gobernador saliera adelante.
``Entonces llamen al Consejo Político y abran la decisión, que allí se tome''.
Labastida le pidió dos horas para consultar. Mientras, Monreal regresó a Zacatecas y desmontó la toma de las oficinas partidistas.
La llamada del secretario de Gobernación llegó: ``No se puede''.
Unas horas después, Monreal anunciaba su salida del PRI y se reunía con Andrés Manuel López Obrador.
Así fue el último dedazo en Zacatecas.
En febrero de 1998, el pri decidió ``abrir'' la selección de sus candidatos. Los experimentos arrancaron en Chihuahua. Un éxito: hubo más de 128 mil votantes, que escogieron entre el ex alcalde de Ciudad Juárez, Patricio Martínez, el senador Artemio Iglesias Miramontes, experto en ingeniería electoral y eterno aspirante al cargo.
En los meses siguientes, modelos similares fueron aplicados en Tlaxcala, Puebla, Sinaloa, Coahuila y Tamaulipas.
En septiembre de 1998, el pri seleccionó -de entre ocho precandidatos- a su abanderado en Guerrero.
En el estado de México la pelea se dio entre dos ex gobernadores: Ignacio Pichardo Pagaza y Emilio Chuayffet.
Pichardo alentó las aspiraciones del que fue su secretario general de Gobierno, Humberto Lira Mora, mientras que Chuayffet -con quien jaló el actual gobernador, César Camacho Quiroz-, jugó con cuatro cartas, entre ellas la de Arturo Montiel Rojas.
Ganó Montiel. Lira Mora se quejó hasta el cansancio de las desigualdades del proceso. Pero el enojo no le duró: Ahora es subsecretario de Asuntos Religiosos en Gobernación.
En Nayarit, celsistas y emilistas hicieron que fracasara el experimento democratizador.
El cen del pri convocó a los priístas de Nayarit a consultar a las bases. Se registraron nueve precandidatos. Hubo golpes bajos en contra del senador Alvaro Vallarta, el protegido del gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza.
La guerra minó su fuerza y en venganza el gobernador empezó a operar en contra de su partido.
Finalmente, el cen canceló la consulta y sacó una ``candidatura de consenso'' que recayó en Lucas Vallarta Ceceña, un ex colaborador de Celso Humberto Delgado.
Pero en el camino, Antonio Echevarría Domínguez renunció al pri y fue postulado por una alianza del pan y prd.
El año pasado, el pri también movió sus aguas internas en Baja California Sur, Hidalgo, y Quintana Roo, y vinieron las coaliciones.
El pri contra el mismo pri, en distintas versiones de una misma lucha: la de los gobernadores contra las bases, envalentonadas por el arropamiento de cacicazgos marginados.
Así, en Hidalgo a José Guadarrama de nada le sirvió su experiencia como alquimista electoral en su intento por derrotar al gobernador Jesús Murillo Karam, quien privilegió a Manuel Angel Núñez.
En Quintana Roo, a Addy Joaquín Codwell y a Jorge Polanco les fue insuficiente contar con apoyos en amplias franjas del priísmo local. Ni siquiera importó la fuerza del entonces gobernador Mario Villanueva. Joaquín Hendricks fue el candidato.
En Baja California Sur, la alianza entre el gobernador Guillermo Mercado y el empresario Antonio Manríquez se impuso a las bases, quienes se opusieron a Leonel Cota Montaño.
Pero el abuso de las manipulaciones internas dejó un saldo: grupos lastimados por las derrotas, serias acusaciones por ``la ilegalidad'' de los procesos, nuevas renuncias, la promesa de depurar los métodos instaurados y el resurgimiento de los gobernadores como pacificadores de los ánimos caldeados.
Según consta en el Acuerdo General para la Postulación del Candidato a la Presidencia, la consulta será abierta a militantes, simpatizantes y electores (con credencial de elector) que deseen intervenir.
Pero el sistema de cómputo no: quien obtenga el mayor número de votos en cada distrito, ganará un voto nominal.
Así, será candidato ``el que gane más mayorías''.
En caso de empate, el Consejo Político Nacional decidirá quién es el candidato ``considerando'' la votación total que hayan obtenido.
El partido estará a cargo de la difusión de la consulta, pero no financiará las campañas.
En cambio, fijará un tope máximo de gastos de campaña a los precandidatos, quienes deberán informar del monto y la procedencia de los recursos que recauden.
La promoción podrá iniciar sólo hasta el 15 de junio, cuando sea publicada la convocatoria. (Por eso, quienes ya tenían campañas en los medios electrónicos debieron suspenderlas, so pena de no poder registrarse).
Queda estrictamente prohibido el uso de recursos públicos para apoyar las campañas de los precandidatos.
Además, se prohibe a los gobernadores, mandos superiores priístas de la administración pública federal, estatal y municipal, integrantes del cen o de los órganos directivos y sectoriales del partido manifestar públicamente sus preferencias o realizar cualquier acto que pueda afectar la consulta. Tampoco podrán hacer referencia a sondeos, encuestas o cualquier otro tipo de estudios de opinión en sus declaraciones y comunicaciones oficiales.
Una vez registrados, los precandidatos no podrán renunciar ni hacer alianzas.
Los aspirantes que ocupen un cargo público o de elección popular deberán dejar su cargo antes del 15 de junio. La campaña durará tres meses y la consulta se realizará, sin fase previa, el 7 de noviembre.
El candidato del pri protestará el 20 de noviembre.
El lunes pasado, en la sesión del Consejo Político Nacional, el líder priísta ubicó las nuevas reglas en el proceso de transición democrática de su partido. Antes, informó de los resultados de la consulta: 13 % se manifestó por la convención de delegados; 17 % por la convención de consejeros políticos; y 70% por la consulta directa.
``No tenemos más opción: o vamos unidos y democratizados, o los votos de la gente serán para otros'', sentenció.
¿Honestidad o cinismo? González Fernández reconoció -como nunca antes había ocurrido-, que en el pasado la voluntad presidencial definía la sucesión. Y también que por la voluntad presidencial su partido se abría a la democracia.
``Si el Presidente de la República no decide, entonces ¿quién debe decidir? ¿Un pequeño grupo? Entre uno y unos pocos, la decisión debe ser de todos'', justificó.
En el colmo, sostuvo que el pri iría a la consulta sólo porque le interesa ganar respeto, credibilidad y confianza entre el electorado.
Y se declaró dispuesto a asumir los riesgos del cambio, ``porque queremos todas las virtudes y las bondades de la democracia''.