n Se refiere al origen de los gastos de campaña del PRI en 1994
Divide al IFE el dictamen sobre la queja del PRD
José Gil Olmos n Los consejeros del IFE se encuentran nuevamente divididos ante el dictamen de la Comisión de Fiscalización del propio instituto, que calificó como ''parcialmente improcedente'' e ''infundada'' la queja administrativa del PRD en contra del PRI por el origen de los recursos utilizados en su campaña de 1994. Sin embargo, de acuerdo con el expediente existe la procedencia de irregularidades en algunos casos, como en las aportaciones del banquero prófugo, Carlos Cabal Peniche, quien otorgó al partido tricolor 30 millones de dólares a través de fideicomisos de Banca Unión y Banca Cremi.
Después de seis meses de análisis de la queja que presentó el PRD en septiembre del año pasado -por presuntas irregularidades del PRI en la pasada campaña presidencial, para diputados y senadores-, la comisión a cargo del consejero Alonso Lujambio concluyó que no se aportaron nuevos elementos y que los presentados no están debidamente fundados. No obstante, el caso no se cierra y podría pasar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Considerado en su momento como el caso más difícil para el IFE, los miembros de la Comisión de Fiscalización se dividieron en el voto en la aprobación del dictamen. Los consejeros Mauricio Merino, Jacqueline Peschard y Alonso Lujambio votaron a favor de considerar ''parcialmente improcedente'' e ''infundada'' la queja perredista , en tanto que el consejero Jaime Cárdenas votó en contra, al considerar que es ''parcialmente procedente'', y José Barragán también en contra, pero con la posición de que se declare totalmente improcedente dicho dictamen, como lo ha pedido el diputado del PRI, Enrique Ibarra.
Este último, representante del PRI en el Consejo General del IFE, anunció que si el dictamen se aprueba en la sesión del próximo martes, su partido podría llevar el caso ante el Tribunal Federal Electoral. Bajo estas condiciones llegará a discutirse este asunto que, según un funcionario del IFE, muestra el ''temor'' que existe de seguir el enfrentamiento con el PRI, que tiene pendiente presentar juicio político en contra de cuatro consejeros electorales.
La historia
El 10 de septiembre del año pasado, la representante del PRD en el IFE, Lorena Villavicencio, presentó una queja administrativa en contra del PRI por hechos que consideraba infracciones al Cofipe. En un legajo acompañado de copias fotostáticas de oficios de la Comisión Nacional Bancaria, de la Cámara de Diputados, de la Procuraduría General de la República y de notas periodísticas en que se mostraba que el tricolor no documentó aportaciones por más de 2 mil 500 millones de pesos hechas por empresarios y banqueros de manera directa y mediante fideicomisos y asociaciones mercantiles.
Se documentaba que en una reunión encabezada por el entonces presidente Carlos Salinas, en febrero de 1993, el PRI recibió de los 30 empresarios más poderosos de México 2 millones 387 mil pesos; de Gerardo de Prevoisin, 8 millones de dólares; de Angel Isidoro Rodríguez, El Divino, un millón de dólares, y de Carlos Cabal Peniche, 30 millones de dólares a través de fideicomisos en Banca Unión y Banca Cremi.
El alegato perredista era que los priístas omitieron reportar ante el IFE estas cantidades, ''ocultando información'', y que por ello la Comisión de Fiscalización del órgano electoral había determinado aprobar la comprobación de gastos en las elecciones del 94.
La petición del PRD fue que se investigaran las pruebas ''supervinientes'' o nuevas que se presentaban, que se solicitara a la PGR y a la Comisión Nacional Bancaria más información y que se sancionara al PRI con el retiro de su registro.
El representante del tricolor, Enrique Ibarra, respondió señalando que la queja era ''completamente ambigua'', imprecisa y que no se podía abrir a la investigación un caso ya juzgado por las autoridades judiciales y electorales. Por ello, pidió a la Comisión de Fiscalización declarar improcedente y no convertirse en un tribunal. Acto seguido, el priísta anunció que su partido abandonaba el IFE, lo cual se cumplió por cuatro meses.
La comisión fiscalizadora tomó el asunto en sus manos desde el pasado mes de febrero, y el martes pasado presentó su dictamen con dos conclusiones: resulta ''parcialmente improcedente'' e ''infundada'' la queja del PRD sobre el financiamiento del PRI en 1993 y 1994. Su argumentación se centra en varios puntos. En primer lugar, afirma que no puede pronunciarse porque las pruebas del PRD no acreditan fehacientemente las irregularidades denunciadas. En segundo lugar, señala que legalmente tiene facultad para conocer de las quejas que se presenten en materia de finaciamiento de los partidos políticos, pero que está imposibilitado de determinar por hechos que le competen a las autoridades locales, como son los fideicomisos creados en Tabasco y Chiapas por Cabal. Esto es, que ''dentro de las atribuciones fiscalizadoras de la autoridad electoral federal, no es posible pronunciarse respecto de actos correspondientes al financiamiento obtenido al amparo de las legislaciones locales, pues el control y la vigilancia de estos recursos corresponde a las autoridades electorales competentes'', asegura el dictamen.
Agrega: ''La autoridad electoral federal solamente podría tener conocimiento de algún aspecto relacionado con el financiamiento de un partido político en el ámbito estatal, cuando esa información fuera indispensable para dilucidar una situación concreta referida a la presentación de un informe o la realización de un acto de revisión dentro del ámbito federal; hipótesis que, por lo demás, no se actualiza en el presente acto''.
En resumen, basándose en los artículos 270 y 271 del Cofipe, señala que la comisión ''no tiene facultades para requerir sino la información o documentación que se encuentre en poder de instancias del propio IFE'', dando por concluido el análisis de la queja administrativa del PRD contra el PRI, y cerrando la posibilidad de investigar más a fondo este caso.