n El sindicato del SAT demanda se le otorgue de inmediato su registro
FSTSE y STPS buscan cancelar la libre sindicación
Elizabeth Velasco C. n Mientras que el líder de la burocracia nacional, Joel Ayala, y el secretario del Trabajo, Mariano Palacios, sostuvieron ayer una reunión privada para "diseñar una estrategia que contrarreste" el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite la libre sindicación de ese gremio, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Administración Tributaria, uno de los promotores de la jurisprudencia, demandó al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Pedro Ojeda Paullada, que otorgue, "de inmediato", el registro a su organización.
Trascendió en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado que "desde Los Pinos se dio línea para que Palacios se retracte de sus declaraciones a favor de la libre sindicación -hechas después de emitido el fallo- y dé todo su respaldo al líder de la FSTSE, mediante el diseño de una estrategia que contrarreste el fallo de la SCJN".
Empero, Sebastián Vázquez, líder del SNTSAT, refirió que ya no hay reversa. "Cumplidos todos los requisitos legales, como establece el laudo de la SCJN del 11 de mayo pasado, nos hemos convertido en el sindicato mayoritario de los trabajadores de Hacienda. Agrupamos a más de 20 mil trabajadores y el (sindicato) oficialista tiene sólo tres mil, por lo cual estamos listos para reconquistar lo perdido en las condiciones generales de trabajo y a incorporar a los trabajadores que así lo deseen".
Con "el afán de mantener la unidad" entre las bases de la burocracia nacional, indicó, "hemos solicitado por escrito nuestra incorporación a la FSTSE que dirige Joel Ayala, pero en caso de que traten de que no nos escuchen, buscaremos otras alternativas con organizaciones independientes".
En tanto, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Juan Moisés Calleja, reveló que Ayala Almeida prepara una iniciativa de ley para reformar el apartado B del artículo 123 constitucional, que rige las relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado. En su momento, dijo, dicha iniciativa será presentada a la bancada obrera del PRI en la Cámara de Diputados, para su análisis y probable discusión en el periodo ordinario de sesiones de septiembre próximo.
Sin embargo, los ánimos de independencia de las organizaciones burocráticas se han reactivado a partir del fallo de la SCJN, y sus líderes advierten que no permitirán un retroceso. Por lo pronto, dirigentes del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS), que dicen agrupar a más de seis mil disidentes, sostendrán este día una reunión preparatoria para diseñar el plan de acción con miras a conformar una confederación alterna a la FSTSE y sindicatos independientes por entidades.
Antonio Sánchez y Eduardo Marín, líderes del FNTS, anticiparon que demandarán la incautación de los bienes muebles e inmuebles de la FSTSE y una auditoría a la gestión de su líder, Ayala Almeida, a quien acusan de presunto enriquecimiento ilícito mediante el uso de las cuotas de 1.7 millones de trabajadores.
Entre los bienes en disputa están la sede de esa federación, en la calle Gómez Farías; las instalaciones deportivas y oficinas del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud (SNTS); un predio en las calles de Mérida que "Joel Ayala utiliza como estacionamiento particular", y otros. Asimismo, se disputarán cerca de 18 millones de pesos anuales de cuotas de los trabajadores del sector salud, hasta la fecha administradas por el SNTS.
Sánchez manifestó que denunciarían también a Ayala Almeida por "haber vendido el predio sede del Instituto Federal Electoral (IFE) sin consentimiento de los trabajadores", y el cual formaba parte del deportivo del SNTS. En esas instalaciones, Ayala "construyó unas oficinas de lujo para Cecilia Ponce de León, hermana del Presidente de la República, y unas caballerizas donde (el líder de la FSTSE) tiene ejemplares pura sangre", denunciaron.
Ante la amenaza de un desmembramiento de la FSTSE, los dirigentes sindicales de los trabajadores de Gobernación, Mauricio Castañón, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Sergio Chico, cerraron filas en torno a Joel Ayala y advirtieron que la resolución de la Corte pone "en riesgo planes y programas sociales de las autoridades en el país". El fallo, dijeron, podría generar "actitudes de resentimiento que surgen entre la base trabajadora durante los procesos democráticos de renovación de las directivas".
Al mismo tiempo, Joel Ayala se reunió en privado con Palacios Alcocer, en la STPS. Sobre la reunión, Ayala se negó a hacer declaraciones, en tanto que Manuel Betancourt, uno los encargados del área de comunicación social de la STPS, refirió que "para ellos -los voceros- no hubo reunión, pues no estuvimos presentes" y, por tanto, desconocen el contenido de las conversaciones.