n Pretende imponer decisiones, señala
Viola Mayolo Medina la Constitución: PGJDF
n Su propuesta es antagónica al Programa de Seguridad 1995-2000
José Galán, Bertha Teresa Ramírez, Elia Baltazar y Raúl Llanos n La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal responsabilizó ayer a Mayolo Medina Linares, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de "violentar" la Constitución Política y el Programa de Seguridad Pública 1995-2000 del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, al buscar imponer decisiones sobre el destino de los recursos asignados por dicho programa a la ciudad de México, y de tratar de lograr un acuerdo comercial en materia de telecomunicaciones con una empresa trasnacional, sin que hubiera licitación de por medio, por un monto cercano a los 24 millones de dólares.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano subrayó, por su parte, que los requisitos impuestos por la Secretaría de Gobernación han impedido que su gobierno pueda hacer uso de más de 228 millones de pesos, a pesar de que se ha enviado la documentación técnica necesaria a dicha dependencia, e incluso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Las autoridades del gobierno capitalino respondieron así a las declaraciones vertidas por Medina Linares durante un foro sobre seguridad pública organizado el pasado martes por la fracción del PAN en la ALDF, donde aseguró que el gobierno cardenista no ha ejercido 228 millones de pesos destinados a seguridad pública, y acusarlo de que no participa en la red de telecomunicaciones del programa de seguridad pública, en contra de los acuerdos de coordinación suscritos entre las partes.
Propuesta sin sustento
La Procuraduría capitalina señaló, en un comunicado oficial, que la propuesta de Medina Linares para adquirir equipo de telecomunicación a la empresa francesa Matra antagoniza el programa presidencial de Seguridad Pública y los artículos 21, 22 y 23 de la Ley de Planeación --"que le da sustento, y con base en el cual esta Procuraduría invirtió, en 1996, 26.8 millones de dólares para desarrollar un sistema de telecomunicación en materia de seguridad pública"--, por la adquisición sin licitación de por medio de equipo de radiocomunicación de la empresa Ericsson, que a la postre resultaría inoperante.
Estos aparatos deberían operar en la banda de 800 megahertz --donde se encuentran los canales reservados a seguridad pública-- con una tecnología incompatible con la propuesta de la empresa Matra, además de que, señala la dependencia, "antagoniza de igual forma con el acuerdo 46/99 del Consejo Nacional de Seguridad Pública", en el que se resolvió, a propuesta del secretario de Gobernación, Francisco Labastida, que la Red Nacional de Telecomunicaciones y el uso de frecuencias del espacio radioeléctrico "debe hacerse con base en la utilización de las inversiones existentes, porque no se trata de desperdiciar inversiones, sino de complementarlas y potencializarlas".
Por su parte, el jefe de Gobierno de la ciudad de México afirmó que el retraso en el uso de los recursos se debe a la falta de respuesta de los requerimientos que se han planteado tanto a la Secretaría de Gobernación como a la de Comunicaciones y Transportes, y precisó que en el caso de los equipos y sistemas de radiocomunicación, las dependencias federales no han determinado las disponibilidades de acceso a la frecuencia de 800 megahertz.
"La revisión de los proyectos por parte de la Secretaría de Gobernación -como en el caso de las ampliaciones y el nuevo reclusorio en construcción en Santa Martha Acatitla-- también ha provocado retraso en el uso del dinero", afirmó Cárdenas.
Indicó que el gobierno de la ciudad de México está a tiempo para hacer uso de esos fondos, "y seguramente serán ejercidos, pues ya existen proyectos a dónde destinarlos, como las obras de reconstrucción en Santa Martha, así como la adquisición de los equipamientos que se requieren en la Secretaría de Seguridad Pública, y para comprar un sistema de equipos de transmisión".
Urge Godoy la entrega de fondos
Por su parte, el subsecretario de Gobierno capitalino, Leonel Godoy, consideró urgente la entrega de recursos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aseguró que el proyecto de edificación del nuevo penal de Santa Martha Acatitla ya se concluyó, y sólo se está a la espera de la entrega de los recursos.
"Nos urge ese dinero, dado el problema de sobrepoblación que se padece en los reclusorios capitalinos", dijo el funcionario, quien agregó que si bien la edificación del nuevo penal de Santa Martha Acatitla no solucionará de fondo el problema de hacinamiento que padecen las cárceles capitalinas, sí puede tomarse como un paliativo.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, José Alfonso Rivera Domínguez, consideró que el gobierno de esta ciudad incurre en una "actitud sumamente irresponsable" al no aplicar los 228 millones de pesos de que dispone para acciones en materia de seguridad pública, ni integrarse a la red de telecomunicaciones con miras a coordinarse mejor con la federación frente a ese fenómeno social.
En entrevista, el legislador priísta comentó que ante esa situación propondrá que se llame al procurador Samuel del Villar, y al secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, a una reunión de trabajo con los diputados locales para conocer a qué obedece dicha situación.
"Hoy la ciudadanía está enfrentando un severo problema de inseguridad. Es ahorita la principal prioridad en esta capital; sin embargo, la administración cardenista muestra escasa disposición para trabajar de manera institucional para utilizar recursos que atenuarían el problema más grave en este momento. Estamos ante un ejemplo de una actitud sectaria y primitiva", manifestó.
Rivera Domínguez precisó que en este caso no se trata de voluntad, sino de la obligación del gobierno capitalino de participar en el SNSP, como lo establece en su artículo noveno.