DERROTA Y DESCREDITO DE LA PGR

Dos determinaciones judiciales han puesto nuevamente en entredicho la eficacia y la confiabilidad de las instituciones de procuración de justicia del país: el otorgamiento de la libertad con reservas a Adán Amezcua, considerado el rey del tráfico de metanfetaminas y acusado por la Procuraduría General de la República de lavado de dinero, y el amparo contra la petición de extradición a Estados Unidos concedido por una juez a José de Jesús Amezcua, hermano y presunto cómplice del primero.

Las resoluciones de los tribunales en el caso de los hermanos Amezcua se suman, por un lado, a la larga lista de pifias, averiguaciones irregulares y derrotas que la PGR ha protagonizado, de manera vergonzosa y exasperante, en los años recientes y, por el otro, son un nuevo motivo de suspicacias en torno a la manera como se conducen las pesquisas y los procesos judiciales en el país. En primer lugar, habría que preguntarse por qué la PGR y, en su ámbito de competencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, no fueron capaces de aportar elementos suficientes para probar ante los tribunales la culpabilidad de Adán Amezcua y la pertinencia de extraditar a su hermano José de Jesús a Estados Unidos. Resulta inquietante que las autoridades no hayan acreditado a cabalidad sus acusaciones contra los Amezcua, sobre todo por el hecho de que esos individuos han sido reiteradamente señalados por las instancias de combate al narcotráfico de México y Estados Unidos como dos de los principales productores y traficantes de drogas sintéticas del mundo.

Ya en ocasiones anteriores ųsea por negligencia, por improvisación de expedientes, por abierta complicidad con los indiciados o por defender intereses oscuros y ajenos al imperio de la justiciaų la PGR ha resultado incapaz de sustentar las acusaciones formuladas contra diversos individuos o ha incurrido en abiertas irregularidades: basta recordar el caso de Angel Isidoro Rodríguez, El Divino, quien actualmente goza de total libertad, y la siembra de pruebas (la osamenta de la finca El Encanto) organizada por el entonces subprocurador Pablo Chapa Bezanilla.

Para la opinión pública no resultan verosímiles las afirmaciones en el sentido de que los Amezcua sólo serían simples agricultores y ganaderos acusados infundadamente de ser los cabecillas de un poderoso cártel y, por lo mismo, la liberación de uno y el amparo concedido al otro sólo se traducen en el agravamiento del descrédito de la PGR ante la sociedad y en una nueva ųy deplorableų constatación de la carencia de un efectivo estado de derecho en el país.

Por ello, las autoridades ųtanto de la PGR como de los tribunales competentesų deberían explicar de cara a la ciudadanía los motivos por los cuales los Amezcua recibieron fallos judiciales favorables y, al mismo tiempo, corregir a la brevedad las causas que hacen posible que individuos plenamente identificados por numerosas instancias como presuntos responsables de actos delictivos puedan retorcer o evadir la justicia y gozar, para agravio de la sociedad, de tolerancia o impunidad.