El 21 de mayo el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) iniciará sus actividades, al tiempo que el Congreso tiene propuesto discutir la reforma del sistema financiero, en el próximo periodo extraordinario de sesiones. Los ámbitos de esta discusión se centran en la Ley del Banco de México, en la de Instituciones de Crédito y en la de la Comisión Nacional Bancaria, a las que se agrega la de las Garantías del Crédito.

Obviamente, las propuestas que se discutirán tienen que ubicarse en la profunda crisis del sistema de intermediación financiera, particularmente del bancario, expresado en la fragilidad de las instituciones y, sobre todo, en una contracción del crédito, caracterizada como la más grave en la historia del país. Asimismo, tendrá que considerarse la controversia desatada por el tipo de salvamento que llevaron a cabo las autoridades, y cuyos costos serán convertidos en deuda pública por el IPAB en sus primeras acciones.

A sólo ocho años de prácticamente haber concluido el proceso de desregulación, ha quedado claro que el objetivo de contribuir al desarrollo de una economía más competitiva y eficiente no se ha conseguido, ni en relación con el ahorro, ni en cuanto a la mejor asignación de los recursos crediticios. La liberalización financiera, al igual que otras promesas como el ''bienestar para tu familia'', han fallado; peor aún es el resultado de la privatización que combinó errores en la decisión del criterio de asignación con mecanismos de pago por los bancos que permitieron utilizar los propios recursos de los ahorradores para liquidar las operaciones de compra, a los que se agregaron prácticas bancarias, no sólo alejadas de la competencia y la eficacia, sino ilegales y corporativas.

Resultó fatalmente cierto lo que se señaló en la Exposición de Motivos para vender los bancos: ''la banca se abre a la sociedad para que comparta plenamente su destino''; la sociedad deberá pagar por este destino compartido un pasivo que si el IPAB aprueba, el saneamiento de Bancrecer, Promex y Atlántico ųcomo seguramente ocurriráų llegará a 900 mil millones de pesos.

En este contexto se inscribe la propuesta de reforma que tendrá que discutir el Legislativo; antes de que formalmente se inicien los trabajos. Acción Nacional ha propuesto un paquete en el que se hace explícita la manera en que entiende la situación y, por supuesto, lo que debe modificarse para propiciar un desempeño eficiente, al tiempo de que se eviten comportamientos indeseables. Las propuestas panistas se orientan a la modificación del mecanismo para elegir a las cabezas del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ahora requerirán contar con el apoyo de las dos terceras partes de los senadores y no con la sola mayoría. Proponen también convertir a la comisión bancaria en un órgano descentralizado que ya no dependería de Hacienda, lo que resulta sensato.

Otras dos propuestas fundamentales son: la eliminación del secreto bancario y la obligación legal del régimen de flotación cambiaria, junto con la facultad del Banco de México de decidir sobre la política del tipo de cambio, eliminando la intervención de la Secretaría de Hacienda. El tema del secreto bancario tiene, como se sabe, dos caras: la de los depósitos y la del crédito; en el crédito no hay secreto (ver mi artículo en La Jornada, 15/VIII/98), pero fue utilizado por las autoridades para no entregar la información que demanda el Legislativo para conocer las operaciones Fobaproa. De aprobarse la propuesta, que cuenta ya con el apoyo de los banqueros, la autoridad ya no podría ocultar créditos irregulares.

La política cambiaria, de acuerdo con los panistas, debiera fijarse para evitar la discrecionalidad del Banco de México. Ciertamente, en relación con el tipo de cambio y con la política monetaria, el banco central no debe decidir solo; se requiere que criterios objetivos compartidos sean los que normen la política. El tema, por ello, debiera centrarse en el control de la discrecionalidad, que es ciertamente el fondo de la cuestión, y no en la flotación.

Mientras tanto, el PRD, el PRI y los otros partidos no han hecho ningún planteamiento. Del PRI no cabe esperar nada, ya que su posición será la que el Ejecutivo le instruya. Del PRD, en cambio, es de esperarse un pronunciamiento de fondo; la crítica al Fobaproa le permitió desarrollar una visión de lo que requiere el sistema financiero y que hoy debe replantearse, poniendo en el centro la reactivación del crédito ya que, como señalan Amartya Sen y Wolfenson (Reforma, ''Enfoque'', página 17, 16/V/1999), el desarrollo debe entenderse como un proceso que expande las libertades, entre ellas ''la de participar en la economía, lo que implica acceso el crédito''.