La Jornada jueves 13 de mayo de 1999

Sergio Zermeño
La disputa por la UNAM

Con el presente conflicto de la UNAM nos hemos dado cuenta a qué extremo la autonomía universitaria ha desaparecido y de qué manera el proyecto de la universidad futura está siendo dictado desde los puntos estratégicos de la globalidad y de las finanzas. Que en Argentina el conflicto universitario sea idéntico al de México demuestra lo anterior, y aunque todos nos resistamos a explicar el conflicto social a partir de fuerzas extra-sociales, no nos va quedando de otra ante las evidencias de nuestro tiempo.

Poco a poco hemos venido cobrando conciencia de la magnitud de las reformas que están en puerta. Los investigadores y los profesores preocupados por la prolongación de la huelga comenzamos a juntarnos en asambleas, primero por dependencias y luego por subsistemas completos, con la idea de tender puentes entre las partes en conflicto (básicamente los estudiantes y la rectoría). El rechazo a nuestra entrada en escena fue doble: los estudiantes consideraron a la comisión de 14 investigadores que se nombró para este efecto como unos levantahuelgas y rechazaron tajantemente la mediación de terceros. Poco a poco hemos logrado explicarnos, argumentando en esencia que los académicos somos el sector más estable y permanente de la universidad, que tenemos mucho que opinar en los temas contenidos en las demandas estudiantiles y en los reglamentos aprobados atropelladamente por el Consejo Universitario, y hemos logrado incluso sugerir un formato de diálogo que pueda ser aceptable para las partes. No exentos de chiflidos, hemos sido escuchados por el sector estudiantil y hemos podido leer nuestras propuestas en el inmenso auditorio de Filosofía y Letras, en donde ha sesionado, pletórico, los últimos dos lunes, el Consejo General de Huelga.

Del lado de las autoridades no hemos tenido tanta suerte: diez días después de conformado el Grupo Plural de Investigadores (GPI), el rector no nos ha podido agendar y los coordinadores de ciencias y humanidades nos recibieron con la poco esperanzadora frase de: ``¡Qué bueno que podemos recibir a uno más de los innumerables grupos académicos!, ¿qué se les ofrece?''. Parecía que correríamos la misma suerte del grupo de mediación propuesto por René Drucker y descalificado por Barnés de inmediato. En paralelo, autoridades centrales y algunos directores de institutos hacían saber a la prensa que el GPI no representaba a los académicos y había algunos perredistas entre sus integrantes.

Este martes otra autoridad universitaria, Pérez Pascual, declaraba a la prensa que se estaba conformando otro grupo académico y entre sus miembros mencionaba, asombrosamente, a Pablo González Casanova y a Manuel Peimbert, quienes habían hecho declaraciones y escritos que muy difícilmente empataban con la idea que acompañaba a este anuncio, en torno a un esfuerzo por perfeccionar el Reglamento de Pagos. 24 horas después el rector finalmente daba a conocer su ``grupo de enlace'' conformado por diez miembros, casi todos directores o ex directores.

Un malestar apareció en la asamblea de académicos de este martes en el Instituto de Astronomía: ¿por qué tanta reticencia a que los profesores e investigadores tengamos personalidad propia y organicemos colectivamente nuestra voz? En tres horas de discusión el asunto quedó más claro: el Reglamento de Cuotas por el que arrancó esta huelga parece cosa de niños frente a las reformas implicadas en el Reglamento General de Licenciaturas, cuyo anteproyecto ha comenzado a circular y cuyos alcances nos fueron explicados. En efecto, los cambios ahí propuestos son importantes: carreras cortas en lugar de especialización temprana, de manera de pasar a un segundo ciclo con los mejores alumnos de todas las instituciones; disminución de carreras en ese primer ciclo y desaparición de la tesis de grado; reordenamiento de las tareas del personal de carrera; licenciaturas disciplinarias y multidisciplinarias relacionando facultades e institutos, etcétera. Hubo voces sensatas aclarando que el cambio debe ser bienvenido, pero el consenso fue que un cuerpo académico bien organizado en colegios y en federaciones de colegios debe estar en el origen de las grandes reformas universitarias, y fue rechazado todo este tutelaje institucional orientado a dividir y a atomizar al personal académico en particular. Las tareas quedaron fijadas: un primer esfuerzo para generar el diálogo que nos permita salir de la crisis presente, y un segundo esfuerzo, en el mediano plazo, que nos permita emprender la reforma de la universidad con un personal académico y un estudiantado conscientes, críticos y organizados.