n Festejan disidentes la jurisprudencia de la Corte

Cuestionan centrales obreras el fallo sobre libre sindicalización

Elizabeth Velasco C. y Fabiola Martínez n En tanto que el secretario del Trabajo, Mariano Palacios Alcocer, sostuvo que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para permitir la libre sindicalización, representa una "ampliación" de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, líderes de las organizaciones más representantivas del país coincidieron en que se trata de una regresión, pues esa ley podría provocar "el divisionismo y la pulverización" de los sindicatos, la intromisión de los patrones en las decisiones gremiales y el debilitamiento político del movimiento obrero.

El líder de la FSTSE, Joel Ayala, advirtió que no permitirá la vulneración de los derechos de sus representados ni que estén a "merced de cualquier autoridad que podría trastocar la estabilidad laboral". Agregó que detrás de la jurisprudencia se encuentran intereses de grupos "ultraconservadores", entre ellos los dueños del capital, para debilitar al sindicalismo.

En apoyo a esa federación, el presidente del Congreso del Trabajo, Leonardo Rodríguez Alcaine, afirmó que utilizarán el recurso de las movilizaciones y, si es necesario, harían un paro nacional en protesta contra "esa embestida para acabar a los sindicatos y los trabajadores".

Francisco Hernández Juárez, líder colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), alertó que la jurisprudencia puede ampliarse de manera arbitraria hacia los trabajadores del apartado A (con derecho a contratación colectiva), y ser utilizada como pretexto para que las empresas cancelen acuerdos básicos, como la bilateralidad en la admisión de empleados. "Lo que les interesa (a la SCJN) es pegarle a los sindicatos ampliamente constituidos; definitivamente los jueces están sirviendo a intereses que son contrarios a los de la clase trabajadora".

En lo anterior coincidió Juan Moisés Calleja García, asesor jurídico de la CTM, quien agregó que en plena sucesión presidencial se avecina una "lucha de fuerzas sindicales, con el propósito político de debilitar al movimiento obrero para que no sea factor de decisión en asuntos importantes para la nación".

En tanto que los líderes de los trabajadores del ISSSTE, José Luis Acosta, y de Salud, Gildardo Bueno, afirmaron que el fallo de la SCJN viola la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece que sólo puede existir un sindicato por dependencia gubernamental, por lo que "carece de sustento legal".

Héctor Barba, asesor jurídico-laboral de la UNT, y Arturo Alcalde, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), advirtieron que puede traer riesgos de "disolución sindical", pues los patrones podrían usar esa ley para promover la desafiliación sindical y arrebatar el derecho de la bilateralidad.

Para Néstor de Buen, abogado laboral y autor de la iniciativa de reforma a la LFT del PAN, el fallo es un avance importante dentro del sindicalismo burocrático, porque permite la existencia de dos organizaciones en una misma dependencia, y la posible constitución de federaciones alternas. Sin embargo, dijo, no resuelve el problema de la representatividad de los sindicatos minoritarios, como en el caso de los trabajadores de la extinta Secretaría de Pesca, pues a pesar del reconocimiento oficial no gozan de las mismas prerrogativas que el sindicato de la Semarnap, ni son considerados para negociar condiciones generales de trabajo.

Sin embargo, el fallo fue festejado por grupos disidentes. Francisco Farina, representante de mil 600 trabajadores del sindicato del INEGI, agrupados en la Coa-lición Heberto Castillo, anunció que en breve se acogerían a esa jurisprudencia para legalizar a su organización independiente. En igual sentido se expresó Raúl Campilla Gómez, líder de los controladores aéreos (uno de los gremios amparados por la Corte), al señalar que ahora podrán constituirse como gremio independiente del sindicato de la SCT.

Graciela Bensusan, investigadora de la UAM Xochimilco, y el diputado panista Javier Paz Zarza, coincidieron en que aun cuando la jurisprudencia es positiva para los trabajadores del sector público, queda pendiente reformar la Ley Federal del Trabajo, para eliminar la cláusula de exclusión, una de las facultades de los sindicatos para despedir al empleado que ellos determinen, con lo que se afecta la libertad sindical y el convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).