n Indispensable, la salida de militares de comunidades indígenas: Centro Pro Juárez
Más violaciones y homicidios si el Ejército sigue en La Montaña
Triunfo Elizalde n Si el Ejército Mexicano no se retira de la región de La Montaña continuarán los homicidios, la violación de mujeres y el atropello de los derechos fundamentales de los indígenas mixtecos, dijo ayer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al repudiar los hechos registrados en el municipio de Rancho Nuevo, Guerrero, donde un grupo de soldados dio muerte a dos campesinos, de 12 y 27 años de edad, y violó masivamente a dos mujeres, familiares de los ahora occisos.
Para esta ONG es indispensable la salida del Ejército de las comunidades indígenas y el retorno de la civilidad en la región; de lo contrario, se ponen en riesgo la vida y otros derechos fundamentales de los indígenas mixtecos que habitan en la región de La Montaña, dijo luego de precisar que las dos mujeres mixtecas violadas por soldados son Victoriana Vázquez Sánchez, abuela del niño Antonio Mendoza Olivero, y Francisca Santos Pablo, cuñada de Evaristo Albino Téllez.
"Como centro de derechos humanos --dicen Jorge Fernández y Rafael Alvarez, coordinador de estudios jurídicos y primer visitador del Pro Juárez, respectivamente-- en repetidas ocasiones hemos alertado a las autoridades civiles del peligro que representa para la población indígena la presencia de militares. En este caso se muestra el grave riesgo para la seguridad de las personas y las perniciosas consecuencias de la militarización".
En su opinión, la presencia militar ha alterado la vida cotidiana de los indígenas de amplias regiones del país: "los hombres son detenidos cuando salen a trabajar a su milpa, sometidos a registros e interrogatorios arbitrarios, a maltratos y vejaciones; les roban sus alimentos, son obligados a cargar las mochilas de los soldados; en ocasiones son detenidos y golpeados, además de que los militares se comen las gallinas y otros animales que encuentran a su paso, además de que destruyen milpas y saquean las comunidades", detallan los citados defensores de derechos humanos.
Los atropellos antes mencionados, dicen, denotan la ausencia de un estado de derecho y la violación sistemática e impune de los artículos 13 y 129 de la Constitución, al permitir a los militares realizar acciones fuera de su competencia legal.
Por su parte, Balbina Flores, del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, señala que para que todo se aclare y castigue a los autores de los atropellos citados, debe garantizarse la integridad física de los familiares de las víctimas a fin de que la investigación avance. Solicita de la Comisión Nacional de Derechos Humanos su intervención a favor de los afectados, y no de los soldados mediante propuestas de "amigable composición", como pretendió resolver, en diciembre de 1997, la violación de dos mujeres indígenas de la comunidad de Zopilotepec, municipio de Aplixpac, Guerrero, en la misma región que ahora es nuevamente escenario de atropellos de soldados.