A la opinión pública:

A la comunidad universitaria:

Al pueblo de México:

La educación es un derecho del pueblo mexicano y las modalidades que adquiera deben corresponder al proyecto de nación que el pueblo se dé; consecuentemente, las instituciones, leyes y procedimientos respectivos deben someterse a ese mandato. Por lo mismo, las universidades públicas son patrimonio de la nación mexicana y su vida constituye un asunto de interés nacional.

El Reglamento General de Pagos, aprobado de manera clandestina, ilegítima e ilegal, es parte de una serie de medidas (como la disminución de los cupos en las instituciones educativas) que en conjunto atentan en contra de la dignidad y el derecho a la educación del pueblo mexicano, a la vez que impulsan un proyecto de nación que privilegia la acumulación de riqueza en unas cuantas manos, a costa del desempleo, la pobreza, la ignorancia, la marginación y el deterioro de la vida de millones de mexicanos.

Expresión de ello es que en lugar de destinar una mayor cantidad de recursos a la educación, los dineros del pueblo se utilizan para premiar a especuladores, rescatar a empresarios (banqueros, carreteros, etc.) corruptos e ineficientes, sostener a gobernantes ineptos, y para financiar un aparato militar y paramilitar utilizado en contra de comunidades indígenas en diversas regiones del país.

En consecuencia, los pueblos de la montaña:

1. Reconocemos la condición legítima y justa del movimiento de huelga emprendido por los estudiantes de la unam. Rechazamos los calificativos fáciles y las campañas de linchamiento que han emprendido las autoridades universitarias, el gobierno federal y los medios de comunicación.

2. Reconocemos también al movimiento de huelga haber puesto en el primer plano del debate nacional el delicado e importante tema de la educación, pues no sólo está en juego el carácter y las modalidades de las instituciones universitarias, sino que se han colocado en la reflexión y en el diálogo cotidiano de la sociedad, el carácter y el sentido de la educación entera. Hoy, la lucha por una nueva educación convoca a todo el pueblo de México.

3. Asimismo recogemos y hacemos nuestra la exigencia de que sólo a través de un verdadero ejercicio democrático podrán encontrarse soluciones de interés colectivo y mayoritario. Rechazamos las estructuras tradicionales del poder y el autoritarismo cuyo único fin ha sido el de imponerle a la mayoría los intereses de grupos minoritarios.

4. Reivindicamos en su totalidad el derecho a una educación libre, digna, justa y democrática, y demandamos la abrogación de toda disposición que atente en contra de esos principios en las instituciones públicas de educación del país. Hoy reconocemos en el movimiento de huelga esas banderas y en los universitarios un bastión de la lucha popular.

5. Declaramos, en ejercicio de la soberanía nacional, que el Estado debe de ser la expresión del pueblo organizado, y emplazamos al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tres poderes de los estados de la Federación, a las autoridades municipales, y a las autoridades de todas las instituciones públicas de educación, a que cumplan con el mandato popular y garanticen la gratuidad de la educación pública en todos los niveles.

6. Sostenemos que el derecho a una educación coherente con un proyecto nacional popular requiere una amplia discusión, e implica una transformación radical de la educación en todos sus niveles, así como una dinámica social, económica y cultural armónica con dicho proyecto, por lo que invitamos a todos los sectores de la sociedad a participar organizadamente en este debate.

San Miguel Xicalco, San Miguel y Santo Tomás Ajusco son pueblos originarios del Distrito Federal que aún conservan su tradición comunitaria, luchan por revitalizarla y resisten los megaproyectos que podrían borrar la memoria de su existencia.