n El MP y un juez de Ometepec los habrían encubierto

Acusan a soldados de homicidio y y violación en Tlacoachistlahuaca

n La ocupación, el 19 de abril; el 20 desaparecieron los campesinos

La Jornada/El Sur, Ometepec, Gro., 10 de mayo n Soldados del Ejército Mexicano que incursionaron en la región mixteca del municipio de Tlacoachistlahuaca mataron al niño Antonio Mendoza Olivero, de 12 años, y al campesino Evaristo Albino Téllez, de 27, y violaron a dos mujeres, de 50 y 33 años de edad, en la comunidad de Barrio Nuevo San José, que forma parte del municipio indígena autónomo de Rancho Nuevo Democracia, denunciaron las autoridades del lugar.

La ocupación militar de las comunidades mixtecas de esa zona comenzó el 19 de abril, y el 20 desaparecieron los dos campesinos cuando fueron a recoger maíz a una parcela que después estuvo varios días bajo vigilancia militar. El 21, dos mujeres, abuela y cuñada de los desaparecidos, acudieron a la milpa a buscarlos, y ahí fueron violadas por tres soldados.

Desde ese día, los hechos fueron conocidos por el agente del Ministerio Público de Ometepec y por el juez de primera instancia de esta ciudad, Víctor Manuel Suárez Navarrete. Sin embargo, dichas autoridades encubrieron a los militares, ocultando ante los familiares el homicidio de los dos campesinos durante 18 días.

Familiares, autoridades y vecinos del pueblo los dieron por desaparecidos y los buscaron todo ese tiempo, con intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero.

Finalmente el 7 de mayo, en las oficinas regionales de este organismo en Ometepec, se les notificó que los dos campesinos reclamados como desaparecidos estaban muertos, y que debían recoger los cuerpos en el Servicio Médico Forense de Acapulco.

Fue hasta el 8 de mayo, 19 días después de la incursión militar a la región mixteca y de los crímenes cometidos, cuando los familiares, apoyados por las autoridades del municipio autónomo de Rancho Nuevo Democracia, dieron a conocer públicamente los hechos, y con ayuda de la CNDH trasladaron los cuerpos a su comunidad de origen, en La Montaña.

La versión proporcionada por los militares sobre los hechos fue que los campesinos los atacaron con armas de fuego y que los soldados los mataron al repeler la agresión. Sin embargo, no mencionaron las violaciones, denunciadas en la agencia del Ministerio Público de Ometepec.

El mismo 8 de mayo, los agraviados enviaron a la Procuraduría General de la República una denuncia por los asesinatos y violaciones firmada por Francisca Santos Pablo, Victoriana Vázquez Sánchez, Sebastiana Téllez García y Feliciano Albino Victorino.

Ese día se observó desde Ometepec un intenso movimiento de tropas hacia La Montaña. Por la carretera que va a Tlacoachistlahuaca subieron cientos de soldados, por lo menos 400, y los vecinos de Barrio Nuevo San José, Santa Cruz Yucucani, de la que es anexo, de Rancho Nuevo Democracia, cabecera del municipio autónomo indígena y sede del ayuntamiento popular en rebeldía, y de otras comunidades que forman parte de este movimiento por la autonomía indígena, temían nuevas incursones del Ejército y nuevas agresiones a la población indígena.

La desaparición de dos campesinos

En las instalaciones del Instituto Nacional Indigenista de Ometepec, donde se refugiaron mientras bajaron a pedir ayuda para denunciar los hechos, las familias de los campesinos muertos, las mujeres violadas y las autoridades de Barrio Nuevo San José informaron que el lunes 19 de abril, llegaron cientos de soldados, a bordo de por lo menos once vehículos, a la comunidad de San Miguel Tejalpa.

Ahí acamparon y pasaron la noche, junto al Río Verde, y el martes 20 de abril comenzaron a desplazarse caminando entre los cerros. Las tropas llegaron hasta Barrio Nuevo San José.

El mismo martes por la tarde el campesino Evaristo Alvino Téllez pasó a recoger al niño Antonio Mendoza Olivero para que lo acompañara a su parcela de riego a llevar mazorca para nixtamal, porque su familia no tenía maíz para comer al otro día.

Pasaron las horas y los dos campesinos no regresaron. Sus familiares se preocuparon. El miércoles 21 de abril, la abuelita de Antonio fue a la casa de la familia de Evaristo y pidió a una familiar de él que fueran a la parcela a buscarlos.

Las dos mujeres emprendieron el camino en esa dirección y llegaron a un lugar cercano a la milpa. Vieron que muchos militares bajaban de los cerros, y otros soldados estaban en el lugar donde se encuentra la milpa, junto a un arroyito. Ahí, las mujeres vieron que había mucha sangre regada.

Dos mujeres violadas

Las mujeres se asustaron al ver que los soldados caminaban hacia ellas. Corrieron para alejarse de ellos, pero los militares las alcanzaron. Las condujeron a un lugar donde se localizan dos casas viejas y desocupadas y de ahí las llevaron a lugares distintos.

Con jaloneos, y apuntándoles con sus armas, bajo amenaza de disparar, tres militares sometieron a las mujeres.

Uno de ellos arrancó el huipil a la mayor de las mujeres, de 50 años de edad, le tapó la cara y la llevó adonde había zacate. Los soldados le amarraron las manos hacia atrás, la tiraron al suelo, le quitaron la falda y la violaron varias veces. Ahí se quedó tirada y atada de manos hasta que llegó la segunda mujer a desamarrarla.

La segunda mujer, de 33 años y madre de tres niños, también fue alcanzada por los militares que las corretearon. En el lugar donde se localizan dos casas viejas, gritándole palabras que ella no entendía porque sólo habla mixteco, unos militares la empujaron con sus armas hasta una barranca. A jalones la tiraron al suelo, y al caer se desmayó. Cuando despertó se dio cuenta de que ya no tenía falda y de que había sido violada.

Se puso la falda y buscó a la otra mujer. La encontró tirada y amarrada.

Se fueron llorando hacia Barrio Nuevo San José a pedir ayuda. Ante la gravedad de los hechos, el temor por la ocupación militar, la desaparición de los dos jóvenes y la violación de las mujeres, las autoridades de Barrio Nuevo San José pidieron ayuda a otros pueblos como Rancho Nuevo Democracia y Santa Cruz Yucucani.

Sólo 18 días después les informaron que los desaparecidos estaban muertos

Las autoridades se reunieron y esperaron a que los militares se retiraran para ir a buscar a los desaparecidos. El mismo día llegó la denuncia del señor Rufino Ramírez Santos, de Santa Cruz Yucucani, a quien los militares golpearon, lo mismo que a una niña de 10 años que lo acompañaba, y después le quitaron las tortillas que llevaba y lo desnudaron. El señor llegó así a la comisaría a presentar la queja.

Los militares estuvieron varios días en el lugar. Cuando se retiraron, las autoridades de los pueblos, vecinos y familiares de los jóvenes desaparecidos comenzaron a buscar a éstos.

En la parcela de Evaristo vieron que había mucha sangre salpicada en los árboles, en las piedras y en un caminito que lleva a un cerro. En la tierra encontraron rastros de sangre espesa y los huaraches del niño, muchos casquillos de bala percutidos, unos guantes de látex manchados de sangre y un cubreboca.

El 27 de abril, las autoridades y vecinos de los pueblos solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la presencia de organismos no gubernamentales para localizar a los desaparecidos. Presentaron ante el juez de primera instancia de Ometepec un recurso extraordinario de presentación de persona, pero el juez Víctor Manuel Suárez Navarrete se negó a recibir la queja, y dos días después atendió la demanda.

Fue hasta el 7 de mayo que en la oficina regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero se les informó que los dos jóvenes estaban muertos, y que sus cuerpos se encontraban en el Semefo de Acapulco. El domingo 9 de mayo, los muertos fueron sepultados en Santa Cruz Yucucani, en La Montaña, a más de 12 horas de camino de Acapulco.

En la denuncia enviada el 8 de mayo a la PGR, los agraviados expresan: "Es injusto que los militares suban a las comunidades y no tengan respeto por las personas indígenas que sólo somos sujetos de violencia, agresión y olvido. No podemos permitir que esta situación se repita. No es la primera vez que los militares nos agreden; el año pasado, a finales de julio, fueron balaceadas y detenidas dos personas más en la comunidad de Barrio Nuevo San José".

Piden a la PGR que se investiguen los hechos, se castigue a los responsables y se repare el daño causado a las víctimas, las mujeres violadas y las familias de los dos jóvenes asesinados.

Desde 1995, cuando surgió el movimiento por la autonomía de los mixtecos de esta región, 20 indígenas activistas de esa causa han sido asesinados por motivos políticos, y como parte de la represión el presidente del municipio autónomo en rebeldía de Rancho Nuevo Democracia, Mar- celino Isidro de los Santos, se encuentra encarcelado en Ometepec, lo mismo que la dirigente Juana Méndez Añorve.

Las incursiones militares con agresiones a los pueblos se hicieron más frecuentes a partir de 1996, so pretexto de la búsqueda de presuntos grupos guerrilleros. En ese año los mixtecos denunciaron que tropas del Ejército quemaron cinco casas en Santa Cruz Yucucani y robaron maíz y animales. En febrero de 1997 fueron denunciados ataques del Ejército, la Policía Judicial Federal y la del estado a las comunidades de Guadalupe Mano de León y La Soledad, donde hubo tres desaparecidos y cuatro presos, de los cuales Alfredo Rojas todavía está en la cárcel de Ometepec. Un año después fue denunciado un nuevo ataque militar a Barrio Nuevo San José, donde hubo dos campesinos desaparecidos.