Como parte de sus trabajos en esta nueva etapa, la Asamblea Legislativa del D.F. (ALDF) tiene el compromiso de elaborar y aprobar un nuevo Código Penal que rija a los capitalinos, quienes han estado sujetos a un Código Federal que data de 1931. A partir de esos trabajos, más de 40 organizaciones feministas han redactado un conjunto de propuestas con la intención de incluir la perspectiva de género en el nuevo Código Penal. Estas propuestas forman parte de la campaña "Acceso a la Justicia para las Mujeres". Las propuestas presentadas por los grupos de mujeres giran alrededor de cinco ejes: los derechos de las víctimas, la violencia (particularmente la intrafamiliar y la sexual), los derechos de la infancia y de la juventud, el aborto y el derecho a la salud, y por último, el derecho a la no discriminación.
Sin embargo, de los cinco puntos mencionados, el aborto es el que más polémica y atención ha generado y al cual los medios de comunicación le han dado mayor espacio por la magnitud del problema (más de 850 mil abortos al año --tercera causa de muerte materna en México-- según estimaciones del Grupo de Información sobre Reproducción Elegida, GIRE).
Hay que señalar que la propuesta feminista en torno de este tema se ha alejado de las posturas radicales, pues en una muestra de inteligencia y madurez política, sólo se pide para el Distrito Federal homologar lo que ya se permite en otros estados de la república, es decir, que se agreguen a la legislación del D.F. tres causales de no punibilidad: cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación de su salud; cuando exista probabilidad o se tenga la certeza de que el producto presenta malformaciones genéticas o congénitas, punto que adquiere relevancia y actualidad con el problema creciente de mujeres embarazadas con VIH, que temen transmitir este virus al recién nacido (se calcula que, en ausencia de tratamientos antivirales, 33 por ciento de los hijos de madres embarazadas con VIH nace con el virus); cuando el aborto obedezca a causas económicas graves y justificadas. Por otra parte, se propone eliminar la figura conocida como aborto honoris causa, el cual disminuye la sanción a las mujeres que abortan si no tienen mala fama, si ocultaron su embarazo o si el producto es ilegítimo, ya que establece una valoración discriminatoria en relación con la conducta sexual de las mujeres y porque hace muchos años se suprimió en el país el carácter de los llamados "hijos naturales".
En contraste, los grupos conservadores no han cedido un ápice en su postura pronatalista a ultranza, apoyados por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y se oponen a toda resolución (e incluso a la simple discusión del tema) que tienda a disminuir el número de muertes femeninas ocasionadas por este grave problema de salud.
Por su lado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en otros estados ha aprobado enmiendas para aumentar las causas por las que no se castiga el aborto, ha sostenido en el D.F. una postura absolutamente incongruente y evasiva; de hecho, el diputado priísta Octavio West declaró ante los medios: "Hay un gran temor en el conjunto de los partidos, ya no se diga a modificar la actual legislación en materia de aborto, que no decimos que esté bien o mal, sino simple y llanamente para discutirla. Mientras tanto, la realidad en materia de salud de este problema sigue presente con sus implicaciones y el PRI la ha reconocido."
Por su parte el Partido de la Revolución Democrática (PRD), más preocupado por hacer cálculos electorales que por cumplir sus compromisos, declara en voz del presidente de su fracción parlamentaria en la ALDF, Martí Batres que "no están dadas las condiciones para abordar el tema".
Debido a la coyuntura política que atravesamos, lo más probable es que este año no se haga ninguna modificación a las leyes en lo concerniente al aborto.
Miles de muertes de mujeres que podrían ser evitadas con una legislación más razonable seguirán ocurriendo, mientras esperamos a que nuestros representantes se decidan a aprobar lo que, según encuesta realizada por GIRE, más de 80 por ciento de la población piensa que debe ser una decisión de la mujer o de la pareja.
Ante la posibilidad de que ningún partido político asuma o defienda sus propuestas, las organizaciones feministas integrantes de la campaña "Acceso a la Justicia para las Mujeres" están recabando las firmas necesarias para incluir la enmienda en la agenda legislativa.
Si deseas sumarte a la campaña llama al teléfono 5674-9417 de 10:00 a 14:00 hrs.