CLAROSCUROS DEL DISCURSO PRESIDENCIAL
Durante su encuentro con legisladores españoles, organizado en el marco de la décima Reunión Interparlamentaria México-España, el presidente Zedillo realizó diversos señalamientos relacionados con la situación prevaleciente en Chiapas y con la actitud y posición del gobierno federal frente al levantamiento zapatista, a las demandas de los pueblos indígenas y a las circunstancias polí- ticas, sociales y económicas por las que atraviesa ese estado de la República.
En primer término, el Presidente realizó una serie de declaraciones auspiciosas en el sentido de que el conflicto chiapaneco debe resolverse por la vía política, mediante el diálogo y el acuerdo, y afirmó que atender las causas sociales que dieron origen al conflicto es una obligación del Estado mexicano. Además, el mandatario señaló que la respuesta del Estado ante el levantamiento zapatista no ha sido de índole violenta, represiva o bélica y reiteró que su gobierno no usará "la fuerza de las instituciones" para solucionar los graves problemas existentes en Chiapas.
Ciertamente, resulta positivo que el jefe del Ejecutivo se manifieste en favor de una salida pacífica y negociada -y no militar- al conflicto chiapaneco y reconozca que fueron las graves injusticias sociales que agobian a los pueblos indígenas de Chiapas las causas que motivaron la insurrección zapatista de 1994.
Sin embargo, en aras de colocar en su justa dimensión la participación y la responsabilidad de las autoridades (tanto federales como locales) en estos sucesos, no debe olvidarse que, en primer término, el proceso de paz en Chiapas se encuentra estancado precisamente por el incumplimiento oficial de los acuerdos de San Andrés y por la negativa del gobierno federal a aceptar la iniciativa de ley de la Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas.
Del mismo modo, las graves tensiones y enfrentamientos sociales que se registran todos los días en Chiapas han tenido su origen, en buena medida, en acciones u omisiones gubernamentales. Basta recordar las agresiones en contra de los municipios autónomos acontecidas durante los meses pasados, la campaña desatada en contra de la presencia en Chiapas de organizaciones y activistas extranjeros defensores de los derechos humanos y las fuertes presiones a las que fue sometida la Conai por parte de instancias vinculadas al poder público.
La matanza de Acteal, por otra parte, no habría tenido lugar si los gobiernos federal y estatal hubiesen cumplido con su obligación de desarticular a los grupos paramilitares que operan en Chiapas, muchos de los cuales -según lo señalan numerosas denuncias y testimonios- fueron incluso pertrechados y tolerados por las propias autoridades.
Así, el gobierno del presidente Zedillo haría bien en traducir en hechos su disposición al diálogo y su actitud en favor de la paz puestas de manifiesto ante los legisladores españoles. Para ello, resultaría pertinente reducir la presencia militar en Chiapas, castigar conforme a derecho a los integrantes de los grupos paramilitares y a sus instigadores -pues la gran mayoría de ellos permanecen impunes-, y avalar de una vez por todas los acuerdos de San Andrés con la aceptación de la iniciativa de ley redactada por la Cocopa.
Prolongar el estancamiento en el que se encuentra el proceso de paz en Chiapas, máxime cuando se aproxima un proceso electoral que resultará crucial para el futuro del país, resulta riesgoso tanto en el ámbito humano y social como en el político y económico. Si el gobierno federal se encuentra realmente decidido a alcanzar mediante el diálogo una paz justa en Chiapas, le corresponde dar el primer paso.