Una vez más el PRI se opone a la reforma política del Distrito Federal.

Se trata, en este caso, de un cambio necesario y posible que beneficiaría enormemente a la ciudad, y estaría orientado a mejorar el funcionamiento de las instituciones, a legitimar más la toma de decisiones públicas y, de hecho, ingresar a un sistema de cogobierno ciudadano.

De hecho, sólo es preciso cambiar una palabra en el artículo 122 constitucional, referente al párrafo de la fracción II de la Base Tercera del Apartado C. En lugar de decir ``El titular de las demarcaciones...'', diría: ``Los órganos políticos-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley''.

Es evidente que la modificación que tenía y tiene que hacerse es mínima, en términos de redacción, pero es de gran importancia. Ahora tiene que hacerse, aún con mayor urgencia, porque se desaprovechó el periodo ordinario de la Cámara de Diputados, apenas concluido la semana pasada.

De impulsarse esta reforma constitucional, la conveniencia y los efectos benéficos serían sustanciales para la ciudad de México, pero también para los partidos políticos que asegurarían así que, gane quien gane en el 2000, habría contrapesos y equilibrios a partir de una representación plural en estas instancias, a manera de cabildos, donde las decisiones sobre programas y acciones públicas tendrían que consensarse y votarse antes de ponerlas en práctica.

De no hacerse así, los titulares de las demarcaciones políticas acumularán todas las facultades y se mantendría un centralismo absurdo, anacrónico e ineficiente que podría oscilar entre el capricho y el partidismo.

Además, los plazos que se tienen para emprender tales modificaciones se enmarcan en un estrecho calendario electoral relacionado con el 2000.

Hay que hacer esta reforma ya, pues el plazo último es el 30 de septiembre, y es preciso aprobarla previamente en el pleno de la Cámara de Diputados, luego en el Senado y, finalmente, dar tiempo (julio y agosto) a que la Asamblea Legislativa capitalina elabore la legislación pertinente. De entrada, una vez que entren en vigor la reforma constitucional y del Estatuto de Gobierno, la Asamblea adicionaría el Código Electoral local para establecer el ordenamiento que regirá el proceso electoral de las demarcaciones territoriales.

Ya en el seno de la Comisión del DF, de la Cámara de Diputados, en su más reciente sesión de junta directiva se discutió, se aprobó y se firmó el acuerdo de presentar dicha iniciativa dentro de este último periodo, avalado por PRI, PAN y PRD.

Sin embargo, 24 horas después, a ritmo de fast track, el PRI se retractó y no fue posible darle curso a este asunto de tanta trascendencia, siendo octubre del presente año la última oportunidad que tenemos.

No nos queda más que exigir de nueva cuenta la inclusión de este asunto como un punto en sí mismo o, si se prefiere, dentro de la agenda que debe discutirse en el marco de las reformas electorales, dentro del periodo extraordinario, que se estima podría realizarse en junio próximo.

¿Hasta cuándo y en dónde se detendrá la irresponsabilidad social y negligencia legislativa del PRI?