1Las recientes declaraciones del Ejecutivo federal, en el sentido que ``más pronto que tarde'' tendrá que privatizarse el sector eléctrico, además de falta de tacto político y respeto a la autonomía del Congreso de la Unión, muestran la escasa sensibilidad oficial frente a la sociedad civil y a una opinión pública que, en diversos tonos, se ha pronunciado por una discusión sin apresuramientos, al tiempo que ha expresado un abierto rechazo ante la pretendida privatización de la industria eléctrica nacionalizada.

Por un lado, el secretario de Energía, Luis Téllez Kuenzler, proclama que ``se han formado consensos'' y asegura que con el PAN ``hay una muy buena posibilidad de llegar a un consenso''. Al día siguiente, el presidente Zedillo manifiesta ante la Cámara Internacional de Comercio que ``más pronto que tarde'' se lograrán los consensos políticos para aprobar la privatización eléctrica.

2. ¿A qué obedece esta obcecación? Es preocupante que esos pronunciamientos se dieran a escasos días de la celebración del primero de mayo. En ese combativo y unitario acto proletario --que aglutinó a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (Fesebes), Frente Sindical Mexicano (FSM), Frente Nacional de Resistencia en Contra de la Privatización de la Industria Eléctrica (FNRCPIE), Intersindical Primero de Mayo y al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)-- más de 500 mil trabajadores, estudiantes, y una delegación del EZLN se manifestaron en apoyo a las demandas del movimiento estudiantil universitario, en rechazo al modelo económico neoliberal y en contra de la privatización de la industria eléctrica nacionalizada. Actos similares se realizaron en diversos estados de la República, mostrando que si de ``consenso'' se habla, éste es en contra de la privatización eléctrica.

Por su parte el PAN, al día siguiente de la declaración de Téllez, a través de su presidente Luis Felipe Bravo Mena refutó: ``No sé en qué base su optimismo, pues Acción Nacional no se ha manifestado ni a favor ni en contra de las reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución. Estamos en estudio de la misma; en cuanto tengamos una opinión fundada sobre la propuesta presidencial, manifestaremos nuestra disposición a favorecerla o a resistirla'', y agregó que no puede establecerse un plazo perentorio para el estudio ``si quiere ser serio y profundo''.

3. El supuesto consenso no existe ni siquiera al interior del PRI. Basta recordar las expresiones en contra de sus corrientes internas: la de los ex presidentes Echeverría Alvarez y López Portillo, y recientemente la contrapropuesta de un grupo de senadores del PRI, encabezados por Amador Rodríguez, que en algunos puntos modifican sustancialmente la Iniciativa de Zedillo. Más aún, la Iniciativa de Reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, ha sido modificada por el propio secretario de Energía: en el caso de la red nacional de transmisión, mientras la iniciativa zedillista habla de concesionarla a particulares, la propuesta de Ley de la Industria Eléctrica, presentada por Téllez, asigna esta función a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). ¿A qué consenso se refiere el Ejecutivo?

4. El 15 de abril se anunció la integración de una Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados encargada de ``obtener la información confiable que sirva de base para definir con transparencia los requerimientos financieros'' de CFE y Luz y Fuerza (LyF). Integrada por ocho diputados del PRI, cuatro del PRD, cuatro del PAN, uno del PT y otro del PVEM, dispondrán de un plazo de hasta seis meses para concluir su investigación.

Sin duda, los trabajos de esta comisión arrojarán mucha luz sobre el tipo de administración estatal a que han estado sujetas las empresas públicas eléctricas en México; por ejemplo la tortuosa historia de la liquidación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro de 1974 a 1994. En este aspecto, hablar de consensos y urgencias para aprobar la contrarreforma a los artículos 27 y 28 constitucionales constituye, en tono suave, una descortesía a una Comisión de Diputados que apenas comienza su ardua labor de investigación.

5. Tal vez la urgencia y acuerdo a que aluden las declaraciones del Ejecutivo para aprobar la privatización eléctrica, tenga que ver con las recientes presiones del Fondo Monetario Internacional, que en la nueva carta de intención exigirá a México acelerar el proceso de privatización de la industria eléctrica, y del Banco de México que declara: ``ahora es el momento de empujar la reforma de los sectores eléctricos y financieros'' (La Jornada, 22 y 30 de abril). Por lo pronto, el SME ha anunciado que profundizará la lucha que encabeza a través del FNRCPIE.