La huelga estudiantil en la UNAM se inscribe en la prolongada resistencia de distintos sectores sociales que se oponen a las políticas del Estado mexicano, y que defienden sus derechos con la convicción de que es posible vivir en una sociedad justa.

Dos antecedentes permiten explicar el origen del Reglamento General de Pagos propuesto por el rector, como parte de una misma lógica gubernamental: la reforma de 1993 al artículo 3¡ de la Constitución, y la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 1999.

El texto actual del artículo 3¡ que ha motivado encontradas interpretaciones respecto a la gratuidad de la educación es resultado de una iniciativa presidencial, que formó parte de un conjunto que se conoció como ``reformas constitucionales para la modernización'' y entre las cuales también estaban las de los artículos 28 y 123 que permitieron la reprivatización de la banca, y las del artículo 27 con las que se puso fin al reparto agrario y se dejó a disposición del capital privado las tierras ejidales. No obstante que las modificaciones al artículo 3¡ fueron concebidas en la lógica privatizadora del gobierno salinista y que ésa pueda haber sido su intención, el texto que establece que ``toda la educación que el Estado imparta será gratuita'', permanece intacto hasta hoy.

En ese mismo artículo 3¡ constitucional se concibe a la educativa como una función social del Estado, no como una actividad comercial ni como un negocio lucrativo, y se señala al Congreso de la Unión el deber de fijar las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público.

En su mensaje titulado Universidad responsable, sociedad solidaria, Barnés de Castro recoge el argumento que antes se había usado en la Cámara de Diputados para justificar la ``austeridad'' del presupuesto: la reducción del gasto neto total se estimó como ``una medida responsable, necesaria y congruente con la caída de los ingresos derivados de los bajos precios internacionales del petróleo''.

Los ingresos federales calculados a fines de 1998 se redujeron en 10 mil 670.40 millones de pesos cuando el precio internacional del petróleo bajó a 9.25 dólares por barril. En días recientes este precio ha alcanzado14.32 dólares por barril. Por esta y otras razones, en 1999 el gobierno federal ha obtenido ingresos extraordinarios por 20 mil millones de pesos. Sin embargo nada parece indicar que el gobierno se apreste a revisar su presupuesto de egresos. Tampoco se ha tenido noticia de que el rector de la UNAM esté preparando alguna petición al Congreso para que el presupuesto se aumente según las necesidades de la institución.

El precio del petróleo fue un pretexto coyuntural que encontraron funcionarios, y legisladores del PRI y del PAN, pues, mientras se redujo el gasto en renglones como la reserva del régimen de jubilados y pensionados del IMSS en 1.6 millones de pesos, se aprobaron más de 22 mil millones de pesos para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, recursos que correspondían en su mayoría al Fobaproa.

Es evidente que la insuficiencia financiera de la UNAM no se debe a la falta de recursos económicos, sino a una política distributiva, dominante en quienes desde los poderes federales han estado decidiendo el destino de los recursos públicos, y los han canalizado preferentemente a la atención de unas cuantas personas, las más ricas del país, desatendiendo las necesidades de la mayoría de la sociedad.

La educación gratuita, como otros servicios públicos y prestaciones sociales que el gobierno solía administrar y que han ido desapareciendo al mismo ritmo que la globalización y el neoliberalismo avanzan, era uno de los mecanismos existentes en México para distribuir mínimamente la riqueza nacional y contener, o paliar, la pobreza.

Si de veras se estuviera pensando en una política justa, responsable y solidaria, los gobernantes, los legisladores, las autoridades universitarias, y quienes han apoyado el reglamento de pagos de la UNAM deberían buscar las fuentes de financiamiento ahí donde el dinero se ha estado acumulando en demasía. Por qué no pensar en una contribución destinada a financiar la educación pública, contribución que podría proceder de, digamos, las ganancias en la bolsa de valores, o de un impuesto relacionado con el consumo de artículos de lujo, o la compra de automóviles blindados. De esta forma las familias de quienes tienen ingresos de sobra estarían contribuyendo con la sociedad en su conjunto para que nadie deje de recibir la educación gratuita a la que todo individuo tiene derecho en México.