Un IFE de la
ciencia
Hugo
Aboites
La actual propuesta de
Ley para el Fomento de la Investigación Científica y
Tecnológica descansa en una serie de puntos discutibles sobre
la conducción y prioridades del quehacer científico y
educativo superior del país. Por ejemplo,
1. Legaliza el apoyo
a centros de investigación privados con fondos
públicos. De hecho la ley se fundamenta en este supuesto
desde el mismo artículo primero: "...el gobierno federal
apoyará las actividades de investigación
científica y tecnológica que realicen personas o
instituciones de los sectores público, social y
privado." Más aún, la vaga referencia de que su
objeto es la investigación que se realiza "en el país"
no excluye que empresas trasnacionales con centros de
investigación y desarrollo en México también
reciban estos apoyos.
2. Establece la
competencia por los fondos públicos, entre las instituciones y
personas privadas y las públicas. Artículo cuarto:
"La selección de instituciones, programas, proyectos y personas
destinatarios de los apoyos se realizará mediante
procedimientos competitivos..." Sin embargo, los objetivos de
la investigación pública y privada son muy diferentes y
requieren también de un trato y prioridades distintas de
financiamiento.
3. Reorienta la
investigación pública al apoyo a las
empresas. Artículo 25: "Para la creación y la
operación de los instrumentos de fomento a que se refiere esta
ley, se concederá prioridad a los proyectos cuyo
propósito sea promover la modernización, la
innovación y el desarrollo tecnológico que
estén vinculados con empresas o entidades usuarias de la
tecnología." Al colocarse como fundamental este criterio se
deja sin cobertura clara a las ciencias sociales y a la
investigación básica en las restantes que por
razón de su propio carácter no están vinculadas
con empresas. Para compensar esta prioridad no basta, como hace la
propuesta, el bien intencionado señalamiento de que la ley
contempla "inclusive a las ciencias sociales" (artículo 2), ni
asegurar que se busca "favorecer el interés general"
(artículo 4, IX, XIII). Crear una industria nacional
competitiva es una política considerada de interés
general por el gobierno federal.
4. Plantea que
corresponde al sector empresarial orientar a los académicos
para la definición de las prioridades de la
investigación. Como se señala en la
exposición de motivos: "Otro aspecto relevante es la necesidad
de que las comunidades científica y tecnológica, las
instituciones de educación superior y el sector empresarial
participen... Las fronteras del conocimiento científico y del
desarrollo tecnológico no solamente son dinámicas, sino
que cada vez son más especializadas y diversas, al punto de que
es crecientemente complejo para la comunidad académica
identificar el estado y las tendencias del quehacer
científico y la innovación." Esta concepción
permea el articulado de la ley: sobre todo cuando la
participación del sector empresarial aparece como la
única contraparte a la representación de los
científicos en las instancias de coordinación
(artículos 1o. y 22). Las definiciones sobre los
propósitos de la investigación en el país, sobre
todo la que se apoya con fondos públicos, debería, en su
caso, surgir de un diálogo amplio entre los académicos y
las universidades, y una representación mucho más amplia
y plural de la sociedad y de sus necesidades. Un diálogo
respetuoso de las autonomías, de las visiones de las distintas
ciencias y de la profesión científica.
5. Centraliza en
demasía en el gobierno federal la toma de
decisiones. Artículo 1o.: "La presente ley regula los
apoyos que el gobierno federal debe otorgar para impulsar la
investigación científica y tecnológica en el
país a que se refiere la fracción V del artículo
tercero de la Constitución..."; "el gobierno federal
apoyará las actividades de investigación..." , y
así sucesivamente. En seguimiento a la idea arriba expuesta, de
una conducción social y amplia de la ciencia y la
tecnología en México, debería retomarse la idea
del foro representativo (que la iniciativa describe en el
artículo 22), pero darle competencias que le permitan conducir
y supervisar con carácter vinculante y obligatorio la labor del
gobierno federal o, como alternativa, hacer de este foro plural y
representativo una especie de IFE de la ciencia y la tecnología
en el que la conducción de este importante quehacer se
convierta en una cuestión de Estado, no esté
centralizado en el gobierno federal y no dependa de los vaivenes
sexenales.
6. Coloca en un
dilema o excluye a las instituciones de educación
superior. Para recibir apoyos por esta vía, las
instituciones de educación superior que no son autónomas
podrán optar por convertirse en los "centros públicos"
que define la propuesta de ley e integrarse así en los hechos a
los centros de investigación de la administración
pública. Pero con eso se verán obligadas a sujetarse a
las condiciones y prioridades que plantea la misma ley, las que
establezca el gobierno federal a partir de la facultad que la ley le
da para conducir la ciencia y la tecnología y, en su caso, las
que se definan en las instancias de coordinación que la ley
prevé entre instituciones, científicos y
empresarios. Las universidades autónomas, por su parte, quedan
fuera de la posibilidad de obtener recursos por esta
vía.
En lugar de la
orientación única y privatizante del quehacer
científico público que contiene la actual propuesta de
ley, se debería: 1) fomentar de manera prioritaria la
investigación básica y la que mire por el interés
general de la sociedad (cuyo lugar natural deben ser todas las
instituciones de educación superior); 2) dar autonomía y
apoyo a la investigación en los centros públicos de
investigación que dependen de la administración federal
y estatal, y, 3) incentivar que el sector privado empresarial retome
la responsabilidad de crear su propia infraestructura de
investigación e innovación.
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